El pasado jueves 18 de mayo en el programa Estudio 24 Horas comparecía el candidato a Vicepresidente de la República, Edmundo Jarquín. En esa entrevista, el doctor Jarquín afirmaba que de llegar su fórmula a la Presidencia de la República harían algo que el país ha estado necesitando desde hace mucho tiempo. Enviarían un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para garantizar de una vez por todas la independencia total del Banco Central de Nicaragua (BCN). Según lo afirmaba el doctor Jarquín, la autoridad monetaria debe de estar desligada de la política para su correcto funcionamiento.
A pesar de que la necesidad de tener una autoridad monetaria apolítica es muy evidente, no existe conciencia social de esto en nuestro país. Dentro de nuestra idiosincrasia los nicaragüenses siempre hemos dado lugar a la politización de nuestras instituciones y hemos dejado a los partidos políticos repartirse los entes gubernamentales siempre en busca de más cuotas de poder que puedan servir para fines políticos en el futuro. Sin embargo muy poco se toma en cuenta la viabilidad de estas reparticiones políticas. De hecho, es muy fácil que se creen juegos de poder en las tomas de decisiones de las entidades politizadas. Con mucha seguridad estas decisiones politizadas siempre terminan beneficiando a unos grupos sobre otros.
La viabilidad de la independencia de la autoridad monetaria es algo que se conoce en la ciencia de la economía desde hace ya mucho tiempo. Fue en 1977 cuando Finn Kydland y Edward Prescott publicaron su artículo conjunto Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans (Reglas, algo más que discresión: La inconsistencia de planes óptimos) en el Journal of Political Economy en donde establecieron uno de los principios fundamentales que hoy en día se enseña en los cursos de macroeconomía moderna. Este principio se denomina “Inconsistencia de la política económica”.
Muy recientemente (2004), la academia de la ciencia sueca les otorgó el Premio Nobel en Economía a Kydland y Prescott por “su contribución a la macroeconomía dinámica, la consistencia temporal de la política económica y las fuerzas que conducen los ciclos económicos”.
Sobre esta misma línea son muy conocidos los trabajos de Kenneth Rogoff, actual profesor de la universidad de Harvard. En un artículo titulado The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target (El grado óptimo de la comisión con un objetivo monetario intermedio) publicado en el Quarterly Journal of Economics, Rogoff afirmaba que la sociedad puede mejorar su bienestar al designar a un banco central independiente de los objetivos del Gobierno Central. El argumento es realmente muy simple y puede ser explicado en palabras sencillas.
Cuando un gobierno utiliza los instrumentos de política económica para tratar de influir en la economía lo hace tomando en cuenta que los agentes actuaran racionalmente, es decir que actuaran maximizando su beneficio con respecto a sus fines. Por ejemplo cuando se bajan las tasas de interés para fomentar la inversión, el Gobierno asume que al ser la tasa de interés muy baja, los agentes encontrarán más rentable pedir dinero en préstamo para invertir. El Gobierno espera que la baja tasa de interés efectivamente haga invertir más a los agentes.
No obstante, cuando los agentes no tienen confianza en el Gobierno y sus políticas éstos no correrán a invertir cuando el Gobierno baje la tasa de interés. Principalmente porque no tendrán la fe en que el Gobierno las mantendrá así o si las cambiará a última hora para beneficiar a los banqueros o algún otro sector político con quien tenga deudas morales. A este fenómeno es al que se le conoce como inconsistencia de la política económica. Sin embargo si existe un banco central independiente que fije sus metas claramente y sin ambigüedad, los agentes tendrán más confianza pues saben que el banco no cambiará sus políticas para beneficiar a ningún grupo social o ajustarse a algún objetivo publicitario del Gobierno Central. Aquí justamente radica la importancia de la independencia del banco central del Gobierno Central. Cuando los agentes actúan bajo incertidumbre de los fines del Gobierno hay mayor probabilidad de que ocurra la inconsistencia de la política económica.
A pesar de que esto se sabe desde hace mucho tiempo, en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua que fue publicada en 1999 (relativamente reciente), se establece que la dirección superior del Banco estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por el presidente del Banco, quien a su vez lo presidirá, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, y por cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República en consulta con el sector privado y ratificados por la Asamblea Nacional, de los cuales uno deberá pertenecer al partido o alianza de partidos que haya obtenido el segundo lugar en las últimas elecciones de autoridades supremas de la nación, de conformidad con propuesta de dicho partido o alianza.
El hecho de que el Ministro de Hacienda sea a la vez miembro del gabinete del Ejecutivo y miembro del consejo directivo del Banco Central demuestra que las decisiones de política monetaria no estarán desligadas del Gobierno y la política. Tal vez algo más preocupante sea el hecho de que uno de los miembros del consejo directivo pertenece abiertamente al partido político que hubiera quedado en segundo lugar. Muy seguramente las decisiones del consejo directivo tendrán un alto grado de intereses políticos involucrados.
El problema específicamente radica en que el miembro del consejo directivo que sea nombrado por un partido político tendrá una deuda moral con aquellos que lo nombraron y esto dificultará su juicio en cuestiones que puedan afectar a la economía.
Será muy difícil para un miembro apoyar una decisión que pueda afectar a alguno de aquellos que lo ha nombrado. Así el Ministro de Hacienda no apoyará una decisión que afecte la imagen pública del presidente que lo ha nombrado o que pueda hacer fallar alguna política económica que el gobierno anteriormente hubiese impulsado. De igual manera, el miembro del partido de segundo lugar no apoyará una política que vaya contra los intereses del partido al cual éste le debe su nombramiento.
Si examinamos nuestra coyuntura actual veremos como la politización del Banco Central de Nicaragua ha hecho difícil resolver el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis). Un consejo directivo apolítico y eminentemente preocupado con la estabilidad de la economía nacional hubiera divisado el perjuicio que la enorme deuda interna ocasionaría a la economía. Muchos de los recursos que fueron liberados gracias al ingreso del país a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) no fueron a sufragar gastos para el alivio y reducción de la pobreza como el Gobierno lo aseguraba sino que fueron destinados para el pago de la enorme deuda interna ocasionada por la emisión de los Cenis.
La emisión de los Cenis, según lo afirma el doctor Noel Ramírez, fue autorizada por el Consejo Directivo del Banco Central y no solamente por el presidente del banco. Por tal razón, si el consejo directivo será quien tendrá la última palabra en la toma de decisiones tan delicadas, lo más prudente sería que fueran tomadas por personas que no tuvieran intereses políticos de por medio ni estuviera en deuda con el partido político o el mandatario que lo haya nombrado al cargo. La ley debe de ser reformada y de una forma tal que asegure que ningún mandatario pueda nombrar durante su mandato a más de tres miembros del consejo directivo. Esto puede lograrse intercalando los períodos de los nombramientos de los miembros.
Estoy seguro que el lector pensará que una reforma de este tipo no tendría mucho apoyo en la Asamblea Nacional. Y probablemente tenga toda la razón. Sería difícil convencer a un político que se despoje de sus cuotas de poder, que lo benefician a él y su partido en el corto plazo para conseguir un mejor dinamismo en la economía a largo plazo. Me recuerda eso a la frase que alguna vez dijera Lauchlin Currie, economista de origen colombiano: “…Lamentablemente, en este tipo de economía, lo que es acertado generalmente es impopular; y lo que es popular, generalmente es erróneo”. El mismo Currie escribiría luego en un memorando: “Todo economista merecedor de su paga está acostumbrado a defender puntos de vista que van en contra de la opinión pública”.
* El autor es estudiante de Economía, UNAN-Managua [email protected]
