- Procuraduría Ambiental mandó a abrir 15 procesos administrativos por ilegalidades comprobadas
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CORRESPONSAL/RÍO SAN JUAN
La Procuraduría Ambiental abrió los primeros 15 procesos administrativos tras encontrar ilegalidades en varios de los cuatro aserríos industriales y 13 acopios de madera, en la inspección realizada por la comisión técnica interinstitucional en Río San Juan.
Donald Zavala Molina, auxiliar de la Procuraduría Ambiental, explicó que ante las anomalías encontradas han interpuesto las denuncias correspondientes.
Indicó que los regentes, en su mayoría, enfrentarán procesos administrativos, puesto que las medidas que se hicieron in situ, tanto en los patios como en las empresas de transformación de madera, no se corresponden con las medidas hechas por la comisión.
Mucho por hacer aún
Al concluir la comisión el recorrido que en varios lugares les llevó a caminar grandes distancias, Zavala Miranda dijo: “Queda mucho por hacer, el tiempo fue muy corto, pues se necesita una auditoría para determinar a cuánto asciende la evasión fiscal, sentarse a ver permisos, guías, los ingresos y egresos”.
Para el procurador “esto fue como tocar el avispero, debido a que la tala indiscriminada se está dando en los lugares más recónditos del país y se está evadiendo fácilmente a las autoridades debido a que se está lejos y hay muy pocos recursos”.
Tanto el procurador Zavala Miranda como el responsable de la comisión, el ingeniero Miguel Dávila, coincidieron en que el caso de mayor ilegalidad detectado por la comisión fue en el patio de acopio conocido como Oriente Comercial, propiedad del chino Lin Hsu, donde inspeccionaron 358 trozas, correspondiente a 700 metros cúbicos de madera que, en su mayoría, presentaban doble código.
El de mayor problemas
A juicio de Dávila, en el aserrío de Lin Hsu se presentó el mayor problema en esta situación de codificar trozas con números diferentes. “Por ejemplo, nos encontramos con un permiso otorgado en San Carlos que amparaba esa madera que estaba inicialmente; con la entrada del decreto se levantó un inventario, se borró ese número y se asignó un número de permiso de otro municipio”, explicó.
“En ese caso no podemos controlar cuánto volumen salió de ese permiso, porque se le está asignando a la madera cualquier tipo de número. Como parte de la comisión, la Procuraduría Ambiental que nos acompaña ya formuló una serie de escritos que los va a someter a las diferentes instancias, en este caso Marena e Inafor, para que se le de seguimiento a estos casos, se manden a suspender los permisos, mientras no se determine responsabilidad administrativa, tanto del regente forestal como de las industrias beneficiarias y dueños de permiso”, detalló Dávila.
Aserríos inspeccionados
Los cuatro aserríos inspeccionados fueron la Empresa Ecologista de la Costa Atlántica, S.A. (Ecocosta); Las Azucenas, Viframa y Guapango, este último ubicado a dos kilómetros de la frontera con Costa Rica.
Entre los patios inspeccionados hay permisos extendidos a Hilario Velásquez, Sebastián Guardián, Lin Hsu, Nicolás Oporta García (vicealcalde de San Carlos) y Anastasio Brenes.
