Las imágenes de los actos de vandalismo practicados por grupos estudiantiles producen un doble sentimiento, de indignación y tristeza al mismo tiempo.
De indignación, porque detrás de ese vandalismo estudiantil están los azuzadores del partido de la violencia, el cual, desde 1990 cuando perdió las elecciones nacionales, proclamó por boca de su caudillo que seguiría gobernando “desde abajo”. Y de tristeza, porque eso es lo que motivan esos pobres muchachos que en vez de dedicarse a estudiar ahora para ser mañana personas de bien y tener buenas oportunidades de éxito en la vida, se malogran en la violencia callejera y el vandalismo.
Ante el deplorable espectáculo que ofrecen esos jóvenes, que aunque son una minoría representan sin duda un importante sector de la juventud nicaragüense y causan graves daños a la población, cabe reflexionar acerca de qué es lo que ha fracasado y sigue fracasando con ellos: ¿La sociedad? ¿La generación adulta? ¿El sistema de gobierno? ¿La educación? ¿La familia? ¿La religión o más exactamente las iglesias de distintas denomi naciones?
El Presidente de la República y el Ministro de Educación han negado que sean estudiantes los vándalos que han desatado la violencia callejera en distintos puntos de Managua y atacado a pedradas y morterazos a efectivos de la Policía Nacional que tratan de despejar las vías de circulación, a transeúntes y autobuses cargados de pasajeros. Pero las imágenes de televisión y las fotografías de los periódicos demuestran que los vándalos sí son estudiantes —inclusive muchachas—, que en muchos casos lucen sus uniformes azul y blanco y cargan en sus espaldas las mochilas escolares llenas de piedras en vez de libros y demás útiles escolares.
Negar la realidad no ayuda a resolver ningún problema y menos uno tan delicado como este. Es cierto que los estudiantes revoltosos son instigados por el partido de la violencia y que entre ellos se infiltran pandilleros “profesionales”. Pero el hecho es que ese vandalismo es protagonizado por jóvenes estudiantes, y ahora no sólo universitarios sino también de secundaria.
En vez de negar la realidad y tratar de eludir el fondo del problema, las autoridades superiores del país deberían más bien enfrentarlo con decisión. Al fin y al cabo esa es su obligación. Y deberían, las autoridades, buscar cómo unir sus esfuerzos con los padres de familia, las organizaciones cívicas y las iglesias, a fin de buscar, encontrar y aplicar las soluciones adecuadas.
Se trata, sin duda, de un problema sumamente complejo. La violencia juvenil en general y el vandalismo estudiantil en particular no responden a motivaciones fácilmente identificables y superables. Y por lo tanto no se deben simplificar. No es convincente la explicación de que la ira de los estudiantes se debe al aumento en el precio del pasaje de bus. Más bien parece ser el resultado de un afán gratuito de destrucción, la explosión irreprimible de un estado de ánimo irracional que tiene profundas raíces atávicas y que la educación formal y familiar no han sido capaces de erradicar ni disuadir.
En realidad, las verdaderas causas de la violencia juvenil tal vez habría que buscarlas en el resquebrajamiento de la formación educativa y moral que se imparte o que debe impartirse en las escuelas y sobre todo en los hogares. Se trata a todas luces que mientras el sistema de educación formal está en crisis, en el seno de muchas familias —sin generalizar— no se ejerce la responsabilidad primaria que les corresponde en la formación de los menores y adolescentes.
La pobreza en que vive una gran parte de la población nacional, unida a los “modernos” patrones culturales basados en antivalores que predominan en la sociedad actualmente, juega un factor muy importante y en ciertos casos determinante en la inclinación de muchos jóvenes a la violencia y el vandalismo. De modo que no se debe tratar como un simple problema de orden público, sin perjuicio de que la Policía debe prioritariamente garantizar los derechos de los ciudadanos víctimas del vandalismo.
La violencia juvenil y estudiantil es síntoma de un complicado y profundo problema social que debe ser enfrentado por el Estado, particularmente por sus ramas de educación y orden público, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas, y las familias. Y ante todo hay que reconocer que la violencia es una perversión humana y social que por ningún motivo se debe aceptar.
