Debemos insistir: en Nicaragua no hay actualmente ninguna entidad estatal o gubernamental que pueda hacer una investigación verdaderamente independiente, del caso de los Cenis, sus antecedentes, causas y consecuencias.
La Contraloría y la Fiscalía General de la República no tienen credibilidad para hacer una investigación independiente de ese caso, ni en otros de igual significación, pues como consecuencia del pacto esas instituciones fueron subordinadas a los intereses políticos de los partidos PLC y FSLN, y de hecho a las conveniencias personales de sus caudillos.
Por otro lado, la Procuraduría General de la República, a demás de que carece de competencia legal suficiente para acometer semejante tarea, por ser un organismo subordinado al Poder Ejecutivo tampoco garantiza una investigación imparcialidad en este caso. Inevitablemente, su investigación y conclusiones también serían percibidas como parciales.
Es triste y lamentable reconocerlo, pero es la realidad: Aun cuando en cualquiera de las entidades gubernamentales antes mencionadas hubiese voluntad de hacer una investigación verdadera e independiente del caso de los Cenis, no habría confianza en sus indagaciones ni en sus conclusiones.
Es evidente —y hacen el ridículo quienes lo niegan— el sesgo político que se le ha dado al caso de los Cenis, al parecer con la intención de desacreditar y si fuese posible inhibir al candidato que según las encuestas tiene por ahora más posibilidades de ganar la próxima elección presidencial. De modo que lo más probable es que una “investigación” hecha por organismos estatales controlados por los dos partidos pactistas, sólo conduciría a condenar a ese candidato que perturba a los caudillos. Eso, precisamente, fue lo que ocurrió con en el caso de los delitos electorales, en el que sólo el presidente Bolaños y algunos de sus allegados salieron condenados a pesar de que miembros de la cúpula del PLC estaban involucrados.
En todos los países en los que funciona el Estado de Derecho y la justicia se administra de manera ecuánime, cuando se habla de investigación independiente se piensa inmediatamente en el Parlamento y se confía a éste la responsabilidad de nombrar los comités y las personas investigadoras, de proveerlos con los recursos materiales e institucionales que se requieran y de valorar los resultados de la investigación, para determinar las responsabilidades correspondientes.
Pero aquí el Parlamento es el principal centro del pactismo que ha partidarizado las instituciones del Estado, particularmente las que tienen que ver con la procuración y administración de justicia. Y en consecuencia, ni siquiera en la Asamblea Nacional se puede confiar que haga una investigación independiente, o mejor dicho, mucho menos en ella.
Ahora bien, se ha dicho que la comunidad internacional donante con Nicaragua podría hacerse cargo de la investigación del caso Cenis, y llegar a conclusiones creíbles y confiables para la ciudadanía. Es una buena idea, sin duda. También se podría considerar la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos (OEA), de conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue adoptada en marzo de 1979 en Caracas y de la cual Nicaragua es parte, pudiera responsabilizarse de dicha investigación, sola o en conjunto y coordinación con la comunidad donante.
Y finalmente cabe señalar que los mismos empresarios y personas mencionadas e involucradas en el caso de los Cenis —a todos los cuales se les está criminalizando sin distinción de ninguna clase —, deberían ser los más interesados en una investigación independiente de este caso, a cargo de confiables instituciones internacionales. En realidad, al contrario de lo que aseguran quienes pregonan una decadente ideología de odio a la empresa privada, a la actividad empresarial, al sistema capitalista en fin, éste es el único que ha podido medio sacar al país del extremo atraso en que lo dejó la revolución socializante y el único también que puede resolver los problemas de la sociedad, ante todo de la gente más pobre y necesitada del país, por medio de la creación de empleos, el crecimiento de la economía nacional y la impulsión del desarrollo social.
Lógicamente, la función protagónica y progresista del empresariado —grande, mediano y pequeño— no se ejerce de manera espontánea y descontrolada, debe estar sustentada conscientemente y enmarcada en los principios de la ética empresarial. En todo caso, sin control público ni ética en los negocios del sector privado, la economía de mercado se destruye a sí misma porque la corrupción anula la competencia y termina con la libertad.
