La democracia en América Latina ha perdido prestigio debido a la ineficiencia de los mandatarios para crear políticas de desarrollo social y a la corrupción de un buen número de los mismos demócratas.
A pesar de que en la región ha habido en general un crecimiento económico notorio, sus beneficios no se han extendido a las clases menos privilegiadas a través de programas de educación, salud y desarrollo rural. Por otro lado, un buen número de políticos que han llegado al poder en los últimos años, se olvidaron de sus promesas de candidatos y en vez de trabajar por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el desarrollo económico y social de sus países, usaron el poder para enriquecerse ellos mismos, a sus familiares y a sus allegados. Desde el abusivo régimen del peruano Alberto Fujimori, a quien se acusa de haber robado 600 millones de dólares del erario (y antes de él, la desastrosa gestión de Alan García), hasta la cleptocracia (clepto+cratos: gobierno en que se institucionaliza el robo de fondos públicos) del líder del PLC y ex alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, en Nicaragua, bajo cuya administración se asaltó al Estado en 100 millones de dólares —en una estimación conservadora—, la mayoría de los mandatarios no han respondido a los pueblos que los escogieron para que velaran por sus intereses.
La democracia ha sido desprestigiada, además, porque los gobernantes han institucionalizado el nepotismo, es decir, el empleo de familiares en puestos clave o económicamente privilegiados y han dejado sin oportunidades a muchas personas capaces y dispuestas a servir a su Patria. Hace algunos días, en la sección de Opinión de LA PRENSA se publicó la carta de una joven profesional recién graduada, en la que ella expresaba la angustia que le producía el no poder encontrar un trabajo en su especialización, a pesar de su capacidad y de su esfuerzo, y nadie de parte del Gobierno respondió a su protesta.
En resumen, durante los años de la democracia en América Latina, la magnífica oportunidad que ésta ha brindado para desarrollar nuestras sociedades y sacar a la mayoría de la gente de la pobreza extrema, tristemente se ha malogrado. Esto ha sido habilidosamente aprovechado por caudillos autoritarios como el coronel Hugo Chávez —un militar de carrera que llegó a la Presidencia de Venezuela después de un fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez en 1992—, quien demagógicamente culpa al sistema democrático y a la economía de libre mercado de ser los causantes de la desgracia de los pobres latinoamericanos. Pero el gobierno de Chávez es en realidad una dictadura que levanta como bandera la defensa de los derechos de los pobres sólo como pretexto para perpetuarse en el poder, al estilo de Fidel Castro. En 1999, Chávez llamó a una Asamblea Constituyente que extendió su período presidencial de cinco a seis años, aumentó los poderes al Poder Ejecutivo, incluyendo la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Además, después de las elecciones del 2000, Chávez respaldó una ley que le permitía gobernar por decreto por un año, lo cual aprovechó para hacer y deshacer a su gusto y antojo. Ahora planea reelegirse una vez más y extender su gobierno por treinta años más, ante las infructuosas protestas de gran parte de los venezolanos.
A la sombra de la riqueza petrolera de Venezuela que Chávez utiliza para financiar la expansión de su “revolución bolivariana” y “socialismo del siglo XXI”, han surgido en América Latina otros líderes populistas, como los presidentes Evo Morales, de Bolivia y Néstor Kirchner, de Argentina, así como los candidatos presidenciales Ollanta Humala en Perú y Manuel López Obrador en México, a los que se suma el ex dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, quien aspira a una “segunda oportunidad” esta vez mediante los votos de los nicaragüenses.
Pero la solución a los ingentes problemas de los pueblos latinoamericanos no es el populismo demagógico. Este más bien los agrava, como se ha omprobado en el pasado y en Nicaragua con dramáticas y trágicas consecuencias. La solución está en rescatar los valores de la democracia y las posibilidades que ella ofrece para resolver los problemas de la sociedad, ante todo de los más pobres, en condiciones de libertad y con respeto a los derechos individuales de las personas.
