- Aseguran funcionarios de organismos en Jalapa
-
Son años los que las autoridades de los gobiernos municipales y ambientalistas llevan gritando a los cuatro vientos la urgencia de controlar el uso y explotación de los bosques, porque “legal o ilegal estamos conscientes de que el deterioro es acelerado”, opinó Agenor Zeledón, representante de la Secretaría Ambiental Municipal de Jalapa, refiriéndose al Decreto de Estado de Emergencia Económica.
Zeledón enfatizó la necesidad de que el Ejército de Nicaragua salga de los cuarteles a cuidar los recursos naturales como una de sus tareas prioritarias en tiempo de paz y no sólo mientras dure el Decreto. Además, invitó a una comisión del nivel central “imparcial” a que evalúe la situación forestal del municipio de Jalapa y se definan inmediatamente zonas de veda permanente.
“Jalapa ya no tiene madera. Hay áreas extensas totalmente despobladas de vegetación y donde todavía hace algunos años había bosque de pino, pero autorizadas o no, los camiones y las motosierras no paran de trabajar y se están llevando los “bolillos”, árboles de 25 a 30 centímetros de diámetros que han quedado en nuestros suelos”, indicó.
Por su parte Héctor Ramos, presidente del Consorcio Forestal de Nicaragua y empresario de la madera en Nueva Segovia, manifestó que el Decreto “no encaja con la realidad del departamento y ocasionará serias repercusiones económicas en el sector forestal y la economía local, porque miles de cabezas de familia quedarán en el desempleo”, lo que para él es un mal precedente en el marco de un proceso de elecciones nacionales.
Añadió que no ve en el Decreto ninguna alternativa o medida compensatoria en los 180 días, que contrariamente a lo esperado, fomentará mucho más la ilegalidad. En su opinión, no ve necesario que el Gobierno tenga que irse al otro extremo, frenar totalmente la actividad para hacer una investigación. “Esa es una acción desesperada y expresión de incapacidad del Gobierno de hacer cumplir las leyes”, añadió.
ADVIERTEN ESTALLIDO SOCIAL
En tanto Leonel López Zeledón, presidente departamental de la UNAG, auguró con la aplicación del Decreto de Estado de Emergencia Económica “un estallido social por la gran cantidad de gente que depende económicamente de la actividad forestal en Nueva Segovia que quedará en el desempleo”.
Los neosegovianos coinciden en que es urgente y necesario fortalecer a las instituciones como Inafor, Marena y la Policía Nacional para que ejerzan en el territorio una mayor regulación y control”.
Los registros oficiales indican que existen 30 industrias de la madera con 2,750 empleos directos desde los trabajos silviculturales en el bosque, la protección contra incendios, el corte, la tumba, la carga y descarga, transporte al aserrío, empleados de industria en la primera transformación, transporte de la madera aserrada, ingenieros y regentes forestales, además de los mismos empresarios.
Están fuera de ello las actividades comerciales (comiderías, abarroterías, ropa, transporte, etc.) que dependen de la actividad maderera y además, las personas que aprovechan el bosque con permisos domésticos, que constituyen un grupo minoritario.
