Todo gobierno tiene el deber y el derecho de proteger los intereses de la nación que representa y del pueblo ante quien responde. La reducción de la pobreza debería ser una meta prioritaria de todo estadista latinoamericano. En este sentido y ante el alza indetenible de los precios del petróleo y del gas, la renegociación de los contratos de la explotación y comercialización entre Bolivia y las transnacionales de los hidrocarburos en ese país tiene sentido o al menos una explicación razonable. En realidad, un país con las segundas reservas de gas más grandes de América Latina (sólo por debajo de Venezuela) no debería pasar tantos problemas económicos y sin embargo, el sesenta por ciento de los bolivianos vive en la pobreza y un treinta y cinco por ciento no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
Después de dos nacionalizaciones fracasadas —en 1937 y 1969—, la explotación de hidrocarburos fue privatizada en Bolivia en 1996 y de inmediato hubo un gran flujo de capital extranjero hacia ese país en condiciones sumamente ventajosas. El Estado cedió el derecho de prospectar, explorar, extraer, transportar y comercializar la producción del subsuelo pero la contraprestación de las multinacionales no fue suficiente. Su contribución al fisco boliviano no ha correspondido al crecimiento de sus ingresos. Según el gobierno de Bolivia por cada dólar invertido recuperan 10. Por otro lado, al tener estas empresas el derecho de comercialización del producto, el pueblo boliviano ha tenido que pagar precios internacionales por algo que ellos mismos producen. Así que la gente había estado rumiando su inconformidad por varios años al ver cómo estas empresas hacen fortunas incalculables y se las llevan del país mientras ellos permanecen en la pobreza. Y por tal razón, en el año 2004 la mayoría de la población boliviana se pronunció en un referendo a favor de la medida de nacionalización.
Sin embargo, la renegociación de los contratos debió hacerse de manera democrática, mediante una ley discutida y aprobada por el Congreso de la República, no en la forma dictatorial de un decreto del presidente Morales; y tampoco había necesidad de nacionalizar los hidrocarburos que representa una vuelta al estatismo ineficiente y corrupto que ha mantenido al país en la extrema pobreza, y significa un retroceso frente al modelo de desarrollo en libertad que está vigente en el mundo y que ha demostrado su inmensa superioridad con respecto a la economía burocrática y socializante.
Por otro lado, el discurso demagógico y agresivo con que el presidente Morales y otros altos funcionarios bolivianos acompañaron la nacionalización, ha despertado reacciones defensiva de países amigos de Bolivia, como Brasil, cuyo presidente Lula da Silva se reunió con el director ejecutivo de Petrobras (Petróleos Brasileños, con más de mil millones de dólares invertidos de Bolivia) y con autoridades del Ministerio Brasileño de Minas y Energía para “encontrar formas de proteger los derechos adquiridos por esta compañía en Bolivia”. Y, por otro lado, esta decisión del presidente Evo Morales se produjo unos días después de reunirse con los presidentes Hugo Chávez Venezuela y Fidel Castro de Cuba, además de que la nacionalización fue acompañada con un gran despliegue de fuerza militar, como si fuese una acción de guerra, lo cual dice mucho acerca de cuáles son en realidad las intenciones del mandatario boliviano.
La comunidad internacional cree que Morales, siguiendo el ejemplo de Chávez, simplemente busca medios de aumentar su influencia política en la región. Adriano Pires, director del Centro Brasileño para Estudios de Infraestructura, en Río de Janeiro, lo resume diciendo: “Los políticos de izquierda de la región, siguiendo el ejemplo de Hugo Chávez, han visto en el control de estos recursos la oportunidad para implementar agendas populistas”.
El caso es que el Gobierno boliviano ha dicho que las empresas que se nieguen a renegociar sus contratos en seis meses se tendrán que ir del país. Sin embargo, el presidente Morales sabe que su país tendrá que convivir con empresas transnacionales por muchos años. Si las actuales se van, cosa poco probable, llegarán otras —probablemente de la India y China— pues los bolivianos no sólo carecen del capital de inversión necesario para la exploración y explotación de yacimientos sino también de la tecnología y del personal calificado. Por lo tanto, aunque al Presidente boliviano no le guste, tendrá que seguir “durmiendo con el enemigo ideológico” por largo rato.
