- Sobre el Anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública
Distintas omisiones que dejó en su dictamen la Comisión de Justicia del parlamento, en el Anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, mantienen con “preocupación” a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de acuerdo a un comunicado.
Uno de los puntos omitidos es que en el dictamen no se incluyó la obligatoriedad de “poner a disposición de la ciudadanía, la información creada y generada por las entidades sometidas a la ley”, dice un informe de la fundación.
Asimismo, preocupa que no se obligará a las entidades a entregar la información “en forma completa, adecuada y oportuna”.
Otro aspecto alarmante es que el dictamen no establece cuál será la autoridad que asumirá la responsabilidad de implementar la Ley de Acceso a la Información Pública.
Desde 1998 se planteó ante el parlamento un primer proyecto de acceso a la información pública, sin embargo los avances en la Asamblea Nacional no han sido satisfactorios para los distintos sectores, incluyendo a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
En su más reciente informe, la fundación destacó como otro aspecto preocupante, la permanencia del “silencio administrativo negativo”.
“Es decir, que la falta de respuesta a la solicitud del ciudadano debe considerarse como negativa. Por lo tanto, no retoma la propuesta del Grupo Promotor del silencio administrativo positivo; éste se entiende como que, ante la falta de respuesta del funcionario público, el ciudadano debe asumir que su solicitud no presenta inconveniente y que la información le será entregada”, explica el informe.
VACÍOS Y DEBILIDADES
El comunicado también aborda el aspecto de “vacíos y debilidades” que presenta el dictamen de la Comisión de Justicia del parlamento.
Por un lado se refiere al “olvido” del “habeas data”, que garantiza a toda persona conocer la información que las instituciones públicas tienen sobre ella, además que establece el derecho a saber por qué y con qué finalidad.
Asimismo, se elimina la denominada Información Pública Reservada, relacionada con los temas de propiedad intelectual, patentes y marcas en poder de las autoridades correspondientes y los secretos industriales.
Otro vacío del dictamen es que no se menciona cuál será la autoridad facultada para clasificar la información, y también se deroga “todo tipo de recursos administrativos ante la resolución negativa de acceso”.
“El agraviado sólo tiene la opción de recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. No existe la posibilidad de apelar la resolución negativa ante una autoridad diferente de quien la emite y que, a la vez, cumpla con algunos requisitos de idoneidad (elección por concurso, calificaciones especiales, entre otras)”, detalla el informe.
