Propiedad en Jinotega es “tierra de nadie”

Jinotega

Grupos de campesinos que dicen ser miembros de la Comunidad Indígena de Jinotega (CIJ) han invadido varias fincas privadas en este municipio, argumentando que forman parte del patrimonio de esa organización.

Las tomas han sido promovidas por el presidente de esa organización Andrés Granados Picado, quien asegura que “se han visto obligados a tomar esta medida” debido a que los productores, además de atribuirse el dominio de las propiedades, las tienen ociosas y no pagan el canon de arriendo.

Sin embargo, los afectados aseguran que cuentan con los documentos que demuestran que las propiedades sí les pertenecen y que pagar arriendo sería reconocer que no es así.

Los dueños de las fincas que han sido invadidas en diferentes ocasiones por los indígenas han recurrido ante las autoridades policiales para que los desalojen.

Pero el jefe departamental de la Policía en Jinotega, comisionado Luis Alberto Pérez Olivas, aseguró que “el problema es que la población indígena que se toma estas propiedades, una vez que es desalojada permanentemente reincide, entonces se vuelve en un constante meterse y sacar que desgasta nuestros recursos”.

Precisamente el 13 de marzo las autoridades policiales desalojaron a los “invasores” de las fincas El Porvenir, en la comarca Cuyalí, y de Las Lomas, ubicada sobre la carretera a la Planta Centroamérica, pero en el caso de la primera finca se quedaron en los alrededores, y en la segunda propiedad se la volvieron a tomar.

“Hemos estado interesados, junto con el delegado de Gobernación (Germán Zeledón), en tratar de convencer a los indígenas para que se usen las vías establecidas por la ley, en este caso utilizar cualquier vía ordinaria en el Juzgado Civil en donde se le va a decir si verdaderamente tienen derecho o no sobre esas tierras”, agregó el jefe policial.

En tanto el presidente de la CIJ, Andrés Granados, considera que quienes les han usurpado los derechos a los indígenas son los productores por no pagarles el canon de arriendo y por ello han invadido algunas fincas.

Los más recientes afectados por las tomas son Aníbal de Jesús Pastora Ortega y Raúl Meneses Cantarero, quienes dijeron que antes habían recibido requerimiento de pago de la CIJ, pero que hacerlo sería reconocer que sus propiedades no les pertenecen.

Los productores jinoteganos temen que el problema se agudice debido a que la Comunidad Indígena ha promovido desde el año 2004 hasta la fecha 17 demandas en el Juzgado de Distrito Civil de Jinotega en contra de igual número de productores, según documentos suscritos por directivos de esa organización y de los cuales LA PRENSA tiene copias fotostáticas.

Cancelación de asientos registrales, reposición de mojones, amparo en la posesión, restitución de inmueble, limpieza registral, acciones declarativas de dominio y acciones reivindicatorias son las que promueve la CIJ.

64 PRODUCTORES EN LA MIRA

Además, existe un listado de 64 productores quienes presuntamente se niegan a pagar el canon de arriendo por igual número de propiedades situadas en una docena de comarcas jinoteganas, cuyos dueños temen que estas fincas también sean invadidas por los indígenas.

Esa lista, firmada por Granados y el tesorero de la CIJ, Juan Antonio Rizo Villagra, fue enviada en mayo del año pasado al entonces jefe departamental de la Policía en Jinotega, comisionado César Altamirano Huerta, y en ella figuran, entre otros, el Juez de Distrito Civil de Jinotega, Leoncio Castillo, y el ex presidente de la Asamblea Nacional, Carlos Noguera, entre otros reconocidos productores jinoteganos.

Granados, presidente de la CIJ, manifestó “como ellos (productores) se niegan a cumplir con esa obligación (pagar arriendo) tenemos que actuar nosotros por la vía judicial y hay veces que tenemos que actuar, como se dice a la brava, porque mientras no nos metemos a la propiedad y hacemos una serie de gestiones, las demandas se empolvan en los juzgados y hasta que ya la cosa la miran seria es cuando ya los jueces se comienzan a pronunciar”.

PRODUCTORES: “SOMOS LOS DUEÑOS”

René Gadea Castellón es dueño de tres propiedades, por las cuales dice haber recibido requerimiento de pago por arrendamiento de parte de la CIJ.

Una de ellas denominada San Francisco, de 160 manzanas de extensión y situada en el sector de Mancotal, dice que se la compró al desaparecido Banco Nacional de Desarrollo en 1973.

“El Banco me extendió una escritura que está inscrita en derechos reales”, dice Gadea, añadiendo que las otras dos fincas, una en el sector conocido como Las Lomas y otra cercana al Lago de Apanás, les pertenecieron a sus ascendientes “desde hace unos 150 años”.

SÓLO COLINDANTES

Auxiliado por libros que recopilan la historia de Jinotega, particularmente de la Comunidad Indígena, Gadea está seguro que las propiedades de sus ascendientes “eran colindantes con el territorio indígena, pero no eran parte de ese territorio”.

Indicó que por las tres propiedades los indígenas le han requerido el pago de canon de arrendamiento pero que “la realidad es que nunca he asistido, nunca les he pagado”.

Por su parte, Ulises González, dueño de una finca de 20 manzanas cerca de la pista de aterrizaje próxima al Lago de Apanás, dijo que en su caso el argumento de los indígenas ha sido el mismo.

SÍ QUIEREN COLABORACIÓN

“No puedo pagar un arrendamiento sobre una propiedad que es mía. Es ilógico. Si (la CIJ) necesita una colaboración es diferente, pero un canon de arriendo implica reconocer que uno no es dueño, que es inquilino y eso no lo puedo hacer”, dijo González.

Aquilino López Vásquez, de la comunidad Palo de Piedra, era uno de los más de 20 campesinos que dicen ser indígenas y que mantenían tomada una parte de la finca Las Lomas, nueve kilómetros al norte de Jinotega, sobre la ruta hacia la Planta Centroamérica.

Esta propiedad, apta para la ganadería, es reclamada por Raúl Meneses Cantarero, un productor jinotegano de quien López asegura que “nunca ha pagado el canon de arrendamiento a la Comunidad Indígena”. Pero Meneses, por su parte, asegura que la propiedad le fue heredada por sus padres y que está inscrita en derechos reales.

No obstante, el campesino está seguro que la finca está dentro del territorio indígena y que “como estamos en contacto con la oficina (de la CIJ) sabemos quién paga el canon de arriendo y quién no. Entonces, de esa forma viene una orden de parte de la Junta Directiva de la Comunidad Indígena que se le cobre (al productor) y si no paga el canon de arriendo entonces tiene que entregar la finca”.

Consultado sobre si alguien les había autorizado para “tomarse” esa finca, López respondió que “lo autorizó la Comunidad Indígena (…), el señor Andrés Granados que es el presidente”.