Algunas personas aseguran que hablar de cultura de la muerte es una contradicción de términos, porque esencialmente cultura significa vida y, por lo tanto, no se le puede relacionar con la muerte. En todo caso, dicen, de lo que se podría y debería hablar es de una anticultura de la muerte.
Sin embargo, otros doctrinarios culturales sostienen que sí hay una cultura de la muerte, la cual se contrapone precisamente a la cultura de la vida. Quienes sostienen este otro punto de vista parten del criterio de que cultura es la conducta aprendida del individuo, cuyos resultados son transmitidos a través de las obras materiales, espirituales e intelectuales. Agregan que el individuo va asimilando la cultura a lo largo de su vida, y de ella depende su comportamiento personal y social, su relación e interacción con las otras personas.
Es en ese sentido que se llama cultura de la muerte, por ejemplo, a la que acepta, justifica, y promueve el aborto en cualquiera de sus formas. Y en cambio es cultura de vida la que sustentan y practican quienes defienden el derecho a vivir, incluso desde que el nuevo ser se encuentra en el vientre materno y a partir del instante de la concepción. Tal es el caso de las personas que se manifestaron recientemente alrededor y dentro de la Catedral de Managua, con motivo del Día Internacional del Niño por Nacer.
Pero también están atrapados por la cultura de la muerte y la promueven, quienes justifican el asesinato por causas políticas o cualquier otra razón que ellos consideran “superior”. Y al respecto cabe señalar el caso de la empresa aguadora del municipio de El Ayote, a la que han puesto el nombre del asesino de la periodista María José Bravo.
En efecto, en la edición de LA PRENSA del sábado 25 de marzo corriente, se informó que a la empresa de agua de la localidad chontaleña de El Ayote, la cual es financiada por el Banco Mundial, la han denominada Eugenio Hernández, como se llama el líder local del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que el 9 de noviembre del 2004 asesinó en Juigalpa a la corresponsal de LA PRENSA y Diario Hoy, María José Bravo, cuando la extinta profesional cubría la denuncia de un fraude cometido por los partidos liberal y sandinista en las votaciones de Santo Tomás y Cuapa, ambos también municipios de Chontales.
También se informó en LA PRENSA del sábado pasado, que el gerente de la Empresa Municipal de Agua de El Ayote dijo que todavía no es oficial el nombre del asesino de María José Bravo como denominación de dicha entidad pública, pero los recibos por consumo de agua tienen inscrito ese nombre tal como lo demostramos con la reproducción fotográfica de una factura.
La justificación que se da a esa monstruosidad política y moral, es que el asesino de la periodista es “un líder que fue alcalde de este municipio y fue el primero que gestionó el servicio de agua potable (para El Ayote)”, según declaró a LA PRENSA el antes mencionado gerente la empresa aguadora. O sea que no importa que ese “líder” asesinara a una mujer indefensa, que condenara a la orfandad a un pequeño niño y a toda una familia al dolor y la desgracia, y que con su acción criminal semejante “líder” ofendiera y ultrajara a toda la sociedad y a toda la humanidad, porque eso es lo que hace todo asesino cuando siega una vida humana.
En este sentido cabe subrayar lo dicho por el actual alcalde liberal de El Ayote, cuando se le pidió una declaración sobre porqué poner el nombre de Eugenio Hernández a la empresa de agua: “No hablo con periodistas, tengo un mal concepto de ellos”, espetó el funcionario edilicio.
Lamentablemente, la cultura de la muerte está ampliamente difundida en Nicaragua, donde se le exalta lo mismo promoviendo el aborto que poniendo a una empresa pública el nombre del asesino de una periodista, o erigiendo en Managua un costoso monumento para glorificar el crimen personal como forma de “resolver” los problemas políticos del país.
A paso que vamos el próximo paso de los cultores de la muerte será bautizar una rotonda capitalina con el nombre del asesino de Carlos Guadamuz .
