Centenares de personalidades intelectuales y políticas de todo el mundo —inclusive 16 nicaragüenses entre los que figuran y destacan Daniel Ortega Saavedra, Tomás Borge Martínez y Rosario Murillo—, suscribieron y difundieron internacionalmente una proclama titulada: “Cese a la hipocresía en tema de derechos humanos”, en la que denuncian y condenan al Gobierno de Estados Unidos por las “violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, promovidas en nombre de la llamada guerra contra el terrorismo”.
Los renombrados intelectuales y políticos del mundo —y de Nicaragua— que suscriben la proclama mencionada, extienden su denuncia a los gobiernos europeos que “han permitido el tránsito de naves aéreas de la CIA que trasladaban prisiones hacia centros ilegales de detención en la propia Europa y otras regiones”; y demandan que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exija “el cierre inmediato de los centros de detención arbitraria, creados por Estados Unidos, y el cese de todas estas flagrantes violaciones de la dignidad humana”.
Es admirable que personajes tan distinguidos defiendan los derechos humanos de los prisioneros de Estados Unidos en la guerra de este país contra el terrorismo internacional. Y parece lógico que se considere como una hipocresía el hecho de emitir anualmente un informe de denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en otros países, mientras el mismo denunciante los viola en los centros de detención de sospechosos de terrorismo como, por ejemplo, la prisión de Guantánamo.
En realidad, todas las personas —incluyendo a las que son culpables o sospechosas de cometer actos de terrorismo— tienen derechos humanos que se deben respetar, entre los cuales está el de ser sometidos a un juicio rápido y justo de conformidad con las leyes del país que los acusa y el derecho internacional.
Pero el pecado de hipocresía del que acusan a Estados Unidos tan prominentes personalidades intelectuales y políticas —a las que nadie les niega su derecho a abogar por los derechos humanos de los sospechosos de terrorismo—, lo cometen ellas mismas al omitir y más bien justificar las violaciones a los derechos humanos que cometen otros gobiernos con los que tienen afinidad política e ideológica, como por ejemplo el de Cuba comunista. ¿O es que para tan distinguidos intelectuales y políticos los terroristas y los sospechosos de haber cometido actos de terrorismo tienen derechos humanos, pero los presos políticos y de conciencia del régimen comunista de Cuba no los tienen igual?
Se conoce muy bien y está ampliamente documentado en los organismos internacionales de derechos humanos, que en Cuba hay ahora más de 330 prisioneros políticos y de conciencia, entre ellos 25 periodistas independientes que fueron condenados a penas de prisión de hasta 25 años; que muchos de ellos han sido recluidos lejos de sus lugares de origen, que se les golpea en las celdas, que en algunos casos han sido agredidos sexualmente, que se les envía a hospitales psiquiátricos, etc., y que sus familias son asediadas constantemente por turbas de fanáticos políticos.
Está claro que no es lo mismo atropellar los derechos humanos como política de Estado —cual es el caso de Cuba—, que violar los derechos humanos al margen de la ley y contrariando órdenes de autoridades superiores, por parte de algunos guardianes de cárceles para terroristas, como la de Guantánamo. Pero el informe que elabora y difunde el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las violaciones a los derechos humanos, debería incluir y documentar también las denuncias que se hacen contra el mismo gobierno estadounidense, el que además debe tomar medidas efectivas para que no se sigan cometiendo esas violaciones así como para castigar a los culpables.
Por su parte los intelectuales y políticos que condenan ardorosamente las violaciones de derechos humanos contra los terroristas y sospechosos de terrorismo que son cometidas por algunas autoridades de Estados Unidos, deberían condenar con la misma indignación los atropellos a los derechos humanos que se cometen en Cuba contra personas cuyo único delito es opinar de manera distinta al criterio oficial del Partido Comunista y del Estado.
Sólo así se podría creer que su defensa de los derechos humanos no es también una hipocresía, como la que condenan en su encendida proclama.
