- Lucha por interpretar Ley Electoral se traslada a tribunales, donde una Sala contradice a la otra
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La Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, cuyos magistrados son de tendencia liberal, aceptó un recurso de amparo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y ordenó que en el parlamento se tramite una iniciativa de interpretación auténtica al artículo seis de la Ley Electoral.
De esa manera, el PLC presionará en la próxima reunión de junta directiva parlamentaria, para que se tramite la iniciativa, dijo la primera secretaria, María Auxiliadora Alemán.
La decisión de la Sala Civil Uno contradice una resolución que anteriormente ordenó la Sala Civil Dos del mismo Tribunal de Apelaciones de Managua, integrada por sandinistas, que aceptó otro recurso de amparo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en contra de la interpretación auténtica de la Ley Electoral.
La iniciativa de ley surgió previo a las elecciones regionales de marzo, cuando el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, junto a tres magistrados sandinistas, obtuvieron un fallo judicial favorable para convocar a los magistrados suplentes a formar quórum en las sesiones, debido a la negativa de los magistrados liberales de sesionar.
El PLC y otros partidos políticos se oponen, basados en el artículo seis de la Ley Electoral, a que los magistrados suplentes asistan a las sesiones del CSE cuando los magistrados propietarios no acudan.
Por eso, solicitaron interpretar la Ley Electoral.
La decisión “revierte la posición de la Sala Dos, y la Sala Uno resuelve que no es legal lo que estaba haciendo la Sala Dos, de mandar a detener el acto, cuando apenas esta ley está en formación. Esto tiene que decidirse en junta directiva”, dijo ayer la primera secretaria del parlamento, María Auxiliadora Alemán.
Sandinistas en contra
Los sandinistas además de oponerse a la interpretación auténtica de la Ley Electoral, aseguran que para aprobarla se requiere del voto calificado de 56 diputados y no de una mayoría simple de 47 legisladores.
El alegato sandinista es que la Ley Electoral es de rango Constitucional y requiere de 56 votos para ser interpretada o reformada.
