- Cerco policial, jurídico y financiero
-
Ver Infografia > MADRID/ AFP
El cese el fuego permanente anunciado el miércoles por ETA se produce después de varios años de acoso político-judicial contra la organización separatista armada vasca y su brazo político, Batasuna, excluida del mapa político democrático desde marzo de 2003.
Las incesantes redadas policiales efectuadas en España y Francia debilitaron considerablemente a ETA, último gran movimiento independentista armado activo en Europa, tras los acuerdos del Viernes Santo que en 1998 pusieron fin a 30 años de actos terroristas del Ejército Republicano Irlandés (IRA).
Incapaz de reconstituir rápidamente, como hizo años atrás, sus comandos y su dirección, ETA es la sombra de lo que fue la organización, que en 38 años de actividad terrorista por la independencia del País Vasco mató a más de 800 personas.
En ese contexto influyó también el rechazo masivo a la violencia expresada por vascos y españoles en su conjunto, que alcanzó un punto sin retorno el 11 de marzo de 2004 con los atentados islamistas contra cuatro trenes suburbanos de Madrid que dejaron 191 muertos y 1,900 heridos.
Desde mayo de 2003, ETA no provocó ningún atentado mortal, limitándose a su campaña de ataques de “baja intensidad” y a la extorsión al empresariado vasco, con el llamado “impuesto revolucionario”.
A la presión policial se sumó un ahogo sistemático del movimiento independentista vasco, iniciativa liderada de forma coordinada por jueces españoles y por el ex gobierno conservador de José María Aznar (1996-2004).
El juez Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, fue el instigador clave de ese progresivo estrangulamiento.
Entre 1998 y 2002, Garzón logró desmantelar un conglomerado de organizaciones vascas que actuaban en el terreno político (KAS-EKIN), internacional (XABI), mediático y cultural (el diario Egin) o en el ámbito de la desobediencia civil (Fundación Joxemi Zumalabe), partiendo del principio de que ETA no habría podido sobrevivir y actuar sin esa red de apoyo social.
Garzón también apuntaba a la red financiera de ETA, como las llamadas “herriko tabernas”, y a empresas asentadas en Latinoamérica y vinculadas con la organización armada.
Desde noviembre pasado, 56 militantes vascos pertenecientes a esa nebulosa, comparecen ante la justicia en un “megajuicio” nunca antes celebrado contra el entorno de ETA.
Pero el momento álgido de esa estrategia se produjo en junio de 2002, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Partidos que abría el camino a la ilegalización de todo partido que no condene la violencia de ETA, y en marzo de 2003, cuando el Tribunal Supremo declaró ilegal a Batasuna por pertenecer al entramado de ETA.
El gobierno de Aznar logró después que la Unión Europea (UE) y el Departamento de Estado norteamericano incluyeran a Batasuna en la lista de grupos “terroristas”.
El golpe fue duro para Batasuna que en las elecciones regionales vascas de mayo de 2001 obtenía el 10.12% de los sufragios y siete escaños en el Parlamento regional con sede en Vitoria, además de controlar 62 alcaldías y contar con 890 ediles.
Proscripta de cualquier actividad política y privada de financiación, Batasuna no pudo participar en las elecciones regionales de mayo de 2005 en las que el Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado, en el poder regional desde 1980) y otras formaciones aliadas, lograron la mayoría relativa en la Cámara.
ETA y sus atentados se convirtieron en el obstáculo mayor para la sobrevivencia de Batasuna, que pasa por su participación en las municipales de 2007.
El cese el fuego anunciado el miércoles llega a tiempo para Batasuna, que en noviembre de 2004 lanzó una propuesta para solucionar mediante el diálogo político “el conflicto vasco”, anuncio que recibió el aval de ETA. Sin embargo, en las últimas semanas, el cerco judicial se cerró un poco más en torno a Batasuna y ETA.
El 20 de febrero pasado, el Tribunal Supremo endureció su jurisprudencia en materia de reducción de penas para impedir que decenas de etarras encarcelados puedan salir en libertad al cumplir sus 30 años de prisión efectiva.
El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que debería desempeñar un papel de primera línea en todo el proceso de paz, es blanco, desde enero, de una serie de acciones judiciales por su presunta pertenencia a ETA, en calidad de “dirigente”, por la cual podría volver a la cárcel.
En Francia, el presidente Jacques Chirac dijo que todo era “una gran esperanza” para España.
