El miércoles de esta semana, en Ginebra, Suiza, los representantes de 170 gobiernos de todo el mundo aprobaron la creación del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en sustitución de la vieja Comisión que existió desde 1946. En contra de la creación del Consejo votaron 4 países (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau) y tres se abstuvieron (Bielorrusia, Irán y Venezuela). Suponemos que Nicaragua estuvo entre los que votaron por la creación del Consejo, pero esto no lo pudimos confirmar en Cancillería.
A pesar de que la representación de Estados Unidos votó en contra de la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por considerar que no hay suficiente garantía de que este nuevo organismo actuará efectivamente en la defensa de los derechos humanos, muchos representantes de gobiernos democráticos que participaron en la votación del miércoles pasado en Ginebra, aseguraron que no fue un simple cambio de nombre de la vieja Comisión, lo que hubo, sino que se trata de una verdadera transformación del organismo de las Naciones Unidas que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas universales de protección a los derechos humanos.
En realidad, la desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU no tenía ya ninguna credibilidad, puesto que a ella pertenecían y podían presidirla los representantes de gobiernos totalitarios que son contumaces violadores de los derechos humanos de sus pueblos, como China comunista, Corea del Norte, Cuba, Irán, Sudán, Arabia Saudita, Zimbabwe y otros de la misma calaña. Por eso la Comisión muchas veces se mostraba indiferente ante las denuncias de violaciones a los derechos, la dignidad y la libertad de las personas, cometidas por los gobiernos antes mencionados y los de otros estados miembros de la ONU, particularmente los de naturaleza ideológica izquierdista. De manera que se hacía imperiosamente necesario crear un nuevo organismo que vele más efectivamente por la defensa de los derechos humanos, y que tenga agallas para condenar las violaciones independientemente de cual sea la orientación política e ideológica de los gobiernos que las cometan.
Ciertamente, nada justifica ni debe justificar la violación de los derechos humanos y ningún gobierno debe tener patente de corso para atropellarlos. Por ejemplo, es correcto y necesario que se denuncien y condenen las violaciones a los derechos humanos que cometen autoridades de Estados Unidos en el curso de la compleja lucha contra el terrorismo internacional, específicamente en el caso de los miembros y simpatizantes de Al Qaeda que están presos en Guantánamo. Pero también se deben condenar los atropellos a los derechos humanos que comete de manera sistemática e impune la tiranía comunista de Cuba, que mantiene actualmente en la cárcel y los somete a toda clase de vejámenes, a unos 300 presos políticos y de conciencia, entre ellos más de 20 periodistas —como Guillermo Fariñas y Oscar Espinoza, para citar únicamente un par de nombres—, algunos condenados hasta a 28 años de prisión por el “delito” de haber informado, pensado y opinado de manera independiente de los criterios oficiales del Estado y el Partido Comunista de Cuba.
De manera que es deseable que el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU se diferencie realmente de la vieja y desacreditada Comisión que acaba de ser eliminada. Y además de que esto es importante para todos los pueblos del mundo, en el caso particular de Nicaragua podría llegar a tener una singular significación por la amenaza de que se vuelva a instaurar en el poder un gobierno autoritario e irrespetuoso de los derechos humanos.
En realidad, aunque no es fatalmente inevitable que se imponga otra vez el régimen sandinista que se distinguió durante los años ochenta como un violador compulsivo de los derechos humanos de la mayor parte de los nicaragüenses, esa ominosa posibilidad existe por culpa de las facilidades que Arnoldo Alemán le dio a Daniel Ortega para que pueda subir a la presidencia de la República con sólo el 35 por ciento de los votos. Y si esa desgracia nacional llegara a ocurrir, sin duda que gobiernos democráticos amigos del pueblo de Nicaragua tendrían que acudir ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para procurar su protección y defensa.
