La devolución a Byron Jerez, por orden de una juez de Managua, de todos los bienes que le habían sido incautados también por orden judicial después que fue sentenciado por fraude, malversación de caudales públicos y asociación para delinquir en perjuicio del Estado —sentencia que posteriormente anularon otros jueces—, es el penúltimo paso en el proceso de reversión total de la lucha contra la corrupción. Y decimos penúltimo paso, porque el último sería la exoneración de la condena y de todos los cargos que pesan sobre el ex presidente liberal Arnoldo Alemán, decisión que depende de jueces y magistrados sandinistas, o sea de Daniel Ortega Saavedra.
En realidad, la lucha contra la corrupción que el presidente Enrique Bolaños emprendió poco tiempo después de asumir el cargo presidencial en 2002, se ha venido debilitando poco a poco debido a las decisiones de una administración de justicia que es controlada por los partidos PLC y FSLN, como resultado del pacto que hicieron Arnoldo Alemán y Daniel Ortega precisamente para proteger el sistema de corrupción institucionalizado en casi todos los poderes del Estado.
Al respecto, en ocasiones anteriores hemos señalado que de acuerdo con la experiencia recogida por los organismos internacionales que trabajan en la promoción de la transparencia en el ejercicio de los poderes públicos, la lucha contra la corrupción sólo puede ser exitosa cuando hay una administración de justicia honesta, independiente, profesional y resuelta a castigar a los corruptos. Lo cual no es el caso de Nicaragua, donde la lucha contra la corrupción enfrenta grandes obstáculos particularmente en el ámbito de la justicia, por lo que aquí —al menos aparentemente— están triunfando los corruptos.
En realidad, la lucha contra la corrupción que emprendió el presidente Enrique Bolaños y que motivó el entusiasmo de gran parte de la sociedad nicaragüense —así como el respaldo de la comunidad democrática internacional—, gracias a la cual hasta se pudo destituir a Arnoldo Alemán de la presidencia de la Asamblea Nacional y hacer que lo llevaran a la cárcel, se estrelló contra una administración de justicia partidista y corrupta. O sea que no fue en balde que el mismo Arnoldo Alemán se adelantó a buscar un pacto con Daniel Ortega, para subordinar la administración de justicia a sus intereses personales y a los de sus partidos PLC y el FSLN, y por lo consiguiente para proteger la corrupción institucionalizada.
Por eso no fue casual que la noticia acerca de la orden que dictó una juez para que le sean devueltos a Byron Jerez todos los bienes que le fueron incautados cuando lo encontraron culpable de malversación de fondos públicos y otros delitos contra el Estado, se conoció al mismo tiempo que el Ministro de Defensa señalaba que, en el caso del tráfico de drogas , “los mejores agentes de los narcotraficantes que operan en Nicaragua se encuentran en el Poder Judicial”.
Lo dicho por el Ministro de Defensa fue una reacción oficial al más reciente informe de las autoridades de Estados Unidos sobre el tráfico de drogas por Nicaragua, en el que se pone de manifiesto que todos los esfuerzos que realizan las autoridades policiales y militares nicaragüenses para combatir el delito de narcotráfico resultan infructuosos por culpa de la mala actuación de “un sistema judicial, ineficiente, corrupto y politizado”.
Al respecto cabe recordar que en su informe del año pasado (2005) sobre la corrupción gubernamental en el mundo, el cual comentamos en esta misma columna editorial, el organismo no gubernamental Transparencia Internacional señaló que en algunos países la corrupción es muy difícil de erradicar, debido a la escasa credibilidad en las instituciones del Estado y en sus representantes, y por la falta de apego de los funcionarios públicos de todos los niveles a las normas de transparencia y ética gubernamental.
En realidad, no se puede esperar que la corrupción sea combatida por los mismos funcionarios corruptos, cualesquiera que sean. Lo cierto es que mientras los ciudadanos no se sacudan de encima a los políticos y funcionarios corruptos —en primer lugar a los judiciales—, mediante acciones cívicas pero drásticas , la sociedad estará manos arriba ante la corrupción.
