CORRESPONSAL/ COSTA RICA
SAN JOSÉ. — Las primeras familias nicaragüenses que habitaban el sector este del asentamiento conocido como La Managüita, en esta capital, fueron desalojadas ayer por la Policía y la Municipalidad de San José.
Desde las ocho y media de la mañana, dos palas mecánicas, tres volquetes y una tropa especial de la Fuerza Pública, llegaron a ese sector del asentamiento donde había unos 40 ranchos y obligaron a sus moradores a abandonarlos, porque son propiedad de la comuna, pero no se presentaron brotes de violencia.
Cuando el asesor municipal Rafael Arias comunicó sobre el desalojo, las pocas familias que quedaban procedieron a desarmar los ranchos y ubicar sus pertenencias en casas de familiares o vecinos, amparados en encontrar una casa de alquiler con la ayuda de 180 mil colones (unos 330 dólares) que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) le dio a familias ticas o a hogares nicaragüenses con vínculos con costarricenses.
Mientras esto ocurría, la Policía acordonó el perímetro del lugar, generando tensión entre los pobladores, así como la angustia vivida por la nicaragüense Emma Cerda, quien con lágrimas en su cara observaba cómo se desvanecía el sacrificio de varios años.
“Son unos ingratos, deberían frenar el desalojo por los niños, que son niños costarricenses nacidos aquí y están yendo a la escuela. No ven que no tenemos lugar dónde ir a vivir”, dijo Cerda, originaria de León, mientras observaba cómo sus vecinos desmantelaban su rancho.
De los 40 ranchos que había en ese sector, casi la mayoría habían sido desarmados por sus dueños desde el lunes 27, cuando las autoridades empezaron a notificar el desalojo ordenado por la Sala Cuarta Constitucional, ya que el terreno donde se ubica este asentamiento pertenece a la Municipalidad de San José, donde construirán obras comunales.
El asesor municipal Rafael Arias indicó que con lo ocurrido ayer, inicia el proceso de desalojo sobre 450 ranchos que se ubican en La Managüita, habitados en su mayoría por nicaragüenses.
“Se espera que las familias vayan saliendo poco a poco y en un período aproximado de dos semanas ya todos se hayan ido voluntariamente”, dijo Arias.
La presidenta de la Asociación Nueva Esperanza, Dinorah Hernández, pidió apoyo para las familias costarricenses y nicaragüenses desalojadas. “Necesitamos ayuda del Gobierno de Costa Rica y el de Nicaragua también debe cumplir con su responsabilidad”, dijo Hernández entre lágrimas.
Entre las desalojadas estaba María Montenegro, originaria de León, quien ayer no tenía donde vivir junto a una de sus hijas que tiene discapacidades físicas y esperaba recibir el bono económico que el IMAS le daba a algunas familias. “Es triste lo que estamos viviendo. Si alguien nos pudiera ayudar”, lamentó.
El cónsul general de Nicaragua, Armando Arana, indicó al mediodía que el desalojo se realizaba sin violencia, pero aseguró que la sede diplomática estará pendiente para que se les respeten los derechos humanos a los nicaragüenses.
Indicó, además, que entre los desalojados hay seis familias que quieren regresar a Nicaragua, por lo que se comprometió a facilitar el traslado hacia sus lugares, sobre todo con el menaje de casa y el transporte.
Arana dijo que era legalmente imposible frenar el desalojo, ordenado desde 2003, pero postergado, aunque aclaró que un día antes hizo lo posible para evitarlo.
“Somos respetuosos del Estado costarricense y lo que podemos hacer en este caso es facilitar el traslado de las familias que deseen retornar a Nicaragua”, explicó.
Arana fue blanco de las críticas de Rocío Artavia, quien trabaja con diversas organizaciones no gubernamentales de Costa Rica, quien dijo que el Gobierno de Nicaragua mediante su representación diplomática debería ser más agresivo al momento de ayudar a los nicaragüenses.
