Luis alemán Saballo yCarlos Martínez Morá[email protected]
Desmovilizados de la Resistencia llevaron el cadáver de Domingo Zeledón Tórrez, hasta la puerta de las oficinas del intendente de la Propiedad, Alfonso Sandino Camacho, en protesta por lo que consideran una negligencia en el actuar del funcionario por no resolver a su favor la legalidad de varias propiedades.
Zeledón Tórrez, de 47 años, fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos el pasado 21 de febrero, luego de estar involucrado en un conflicto por la posesión de la finca San Antonio, ubicada en la comarca de Yula Sacal, municipio de Boaco.
El fallecido había sido desalojado de la finca el pasado 10 de febrero por órdenes de Silvia Elena Chica Larios, Juez de Distrito Civil de Boaco.
Los ex militares responsabilizan a Sandino Camacho, por la muerte de Zeledón Tórrez, porque dicha propiedad había sido recibida por el hoy fallecido el 22 de diciembre del año 2004, de manos del Intendente de la Propiedad, pero la judicial la regresó a su antiguo dueño, Jerónimo González Calero.
Zeledón Tórrez luego del desalojo, había solicitado al intendente de la Propiedad, resolver el conflicto por la posesión de su finca, pero no encontró eco en esa dependencia, explicó Diego Benavides, miembro de la Resistencia Nicaragüense.
Según Benevides, ese conflicto con la finca San Antonio, fue la razón para que mataran a Zeledón Tórrez la mañana del 21 de febrero en la comarca Wiscoyol, acción en la que dos personas más, entre ellas Roberto Rivera, de 48 años, también desmovilizados de la Resistencia, resultaran con heridas de bala.
Para el intendente de la Propiedad, las tierras de las que fue desalojado Zeledón Tórrez, fueron legalmente otorgadas por el Estado y calificó como juicios “amañados”, los procesos judiciales que condujeron al despojo de la finca San Antonio.
“El fallecimiento de Domingo Zeledón pone en primer plano un tema que es necesario abordar con prioridad en el país como es el tema de la propiedad”, dijo Sandino Camacho.
Explicó que las tierras que ocupaba la víctima pertenecen al Estado nicaragüense, pero por razones de formalismo se encuentran todavía a nombre de particulares.
Según Sandino Camacho, esas tierras fueron registradas por la comisión liquidadora de cartera del Banco Central después que sus antiguos dueños la perdieron por acciones de carácter financiero.
