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Salario mínimo, reajustes y justicia social
Según estudios del Banco Mundial, para los pobres el ingreso monetario no es tan importante como el acceso a la comida, vivienda y salud. Sin embargo, a menos que el valor de compra de la moneda se mantenga estable o crezca —lo cual es poco probable en la economía de Nicaragua— la congelación del salario mínimo legal y de los salarios en general es algo que no puede beneficiar a los trabajadores.
El salario mínimo refleja, valga la redundancia, el nivel mínimo de subsistencia para un trabajador promedio. En Nicaragua es de 1,240 córdobas, es decir, aproximadamente un 44 por ciento del valor de la canasta básica cuyo monto para diciembre del 2005 —según fuentes oficiales— se estimaba en 2,794.83 córdobas equivalentes a 163.14 dólares. Con la devaluación de la moneda y el aumento del precio de los productos y de los servicios (luz, agua, teléfono) después de un período de varios meses, el salario pierde un porcentaje de su valor adquisitivo. Es por eso que la legislación correspondiente manda que el salario mínimo sea reajustado al menos cada seis meses. El arto. 5 de la Ley del Salario Mínimo dice que “los salarios mínimos que se fijen modificarán automáticamente todo salario inferior elevándolo al mínimo establecido”. No es que la mayoría de los trabajadores en Nicaragua gane 1,240 córdobas mensuales, pero el promedio global de ingresos no anda muy lejos de ese monto. Según datos no oficiales es de aproximadamente 2,000 córdobas mensuales, es decir, todavía inferior en casi 800 córdobas al precio de la canasta básica.
Estamos claros de que la cuantía del salario mínimo y del salario promedio, no pueden depender de la voluntad de los gobernantes, legisladores y sindicalistas. Dependen de la productividad del trabajo. Además, cuando los salarios se mueven hacia arriba no sólo se incrementa el costo empresarial debido a los mayores aportes patronales, sino que también hay que agregar sumas adicionales a la masa de dinero circulante. De manera que los aumentos de salarios deben acompañar el crecimiento de la productividad, pues de otro modo no sólo se afectaría la estabilidad de las empresas sino que habría un desborde en el costo de vida y se perjudicaría más a los asalariados, en vez de beneficiarlos.
Ahora bien, si es cierto que el país está produciendo más riqueza es justo que haya una mejor redistribución de la misma. Si los trabajadores no ven traducido el discurso de progreso macroeconómico en un mejoramiento de su nivel de vida, es lógico que protesten. Sobre todo, en vista de que (1) hay otros sectores que se recetan aumentos salariales antojadizos y, (2) la relación entre el salario de un funcionario gubernamental y sus subordinados de menor rango es abismal.
Por ejemplo, la relación entre los sueldos de los ministros y otros altos funcionarios gubernamentales de Nicaragua y los de los empleados de menor salario, es como de 75 a 1. En otras palabras, en Nicaragua hay unos pocos que ganan demasiado y muchos que ganan muy poco.
Es justo, pues, que se revise el salario mínimo con base en el crecimiento de la economía y que se reduzcan los megasalarios de políticos y funcionarios, para que lo excesivo que éstos ganan sirva para mejorar el ingreso de los trabajadores. Además, es posible hacer reajustes dentro del presupuesto ya aprobado para asignar más recursos a los sectores que merecen un mejor trato salarial, sin necesidad de distorsionar la política macroeconómica ni de violentar los acuerdos con los organismos financieros internacionales.
No hay que esperar hasta que los trabajadores protesten por medio de conflictos abiertos (huelgas, paros, plantones) o encubiertos (ineficiencia, ausentismo, improductividad). Después de todo, el incremento de los salarios bajos puede ayudar al aumento de la productividad al redundar en una mejor nutrición de los trabajadores, mayor desempeño de sus funciones y aumento de su autoestima.
Una de las principales funciones del Estado es velar por la justicia y la equidad. De acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, el salario justo sirve como “verificación clave” de todo sistema socioeconómico o de su correcto funcionamiento. O sea que se puede saber qué tan justo es un Gobierno según el trato salarial que da los trabajadores.
