Carlos Martínez Morá[email protected]
El Juez Cuarto Civil de Distrito, Néstor Castillo Vanegas, desestimó una solicitud de arresto que interpuso la representación legal del ex banquero Álvaro José Robelo González en contra de Víctor Manuel Urcuyo Vidaurre, Superintendente de Bancos (SIB).
Según el juez Castillo Vanegas, la solicitud fue denegada por considerar que no era necesario realizar ese acto, ya que el caso, por el cual se solicitó su apremio corporal, se trata de un juicio civil, relacionado con la quiebra del Banco Europeo de Centroamérica, (BECA).
Álvaro José Robelo González está reclamando al Estado de Nicaragua casi 66 millones de dólares por daños y perjuicios ocasionados con la declaratoria de quiebra e intervención de esta institución financiera, realizada el 13 de julio de 1996, por la Superintendencia de Bancos.
Esa decisión fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia debido a que no se cumplieron con los parámetros legales y se ordenó restablecer las condiciones en que se encontraba el BECA cuando quebró.
Según el juez Castillo Vanegas, los representantes de Robelo González aseguran que por esa acción el BECA ha perdido 65.8 millones de dólares, desde julio de 1996 por lucro cesante.
Sin embargo, el judicial señaló que en el mandamiento no se establece con exactitud la cantidad o el perjuicio económico causado por la intervención de la SIB en el BECA.
“Eso tendríamos que verlo o verificarlo para saber a cuánto ascendía el monto que el banco tenía en ese momento. Cuántas eran las cuentas que tenía a su favor, cuánto en reservas, cuánto dinero había en caja. Todo eso lo tendríamos que ver para calcular el monto que la Superintendencia de Bancos le regresaría al BECA a través de las instituciones del Estado”, dijo el juez.
Para dilucidar esa situación el judicial orientó a la SIB poner toda la documentación que tenía el BECA al momento de la quiebra.
