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Con los magistrados de los Tribunales de Apelaciones del país, el Poder Judicial empezó ayer sus discusiones para elaborar un proyecto de código de ética que regule la actuación de sus miembros.
La iniciativa comienza en momentos en que nuevamente el presidente Enrique Bolaños, critica algunas resoluciones del Poder Judicial.
La magistrada Ligia Molina manifestó que con el código se tiende a refrescar un poco la conciencia de cada uno de los funcionarios, los valores éticos que deben de primar en la conducta del funcionario”.
Aclaró que esto no quiere decir que se van a erradicar de la noche a la mañana, pero esa es la finalidad y reconoció que la percepción que se tiene del sistema judicial en el país “es un tanto negativa”, pero a su criterio, no es sólo en el Poder Judicial, sino de todo el Estado en general.
CRITICA A MEDIOS
Molina estima que en esto incide en que la sociedad y los medios tienden a condenar antes de que salga la sentencia. “Cuando cada quien se ubique en el papel que le corresponde jugar, entonces todo va a marchar como máquina bien aceitadita”, afirmó.
El presidente del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción Sur, Norman Miranda Castillo, manifestó que el código de ética “será un acicate importantísimo para reforzar la institucionalidad del Poder Judicial”.
Destacó que en este caso el código de ética no debe crearse como una ley como sucede en países como Venezuela. A su criterio debe servir como “un catálogo de principios que hay que asumir para ser consecuente y aquilatar el Poder Judicial como debe ser”.
Miranda reconoció que algunas críticas han surgido con asidero, “otras quizás con sentimientos demasiado irascibles”.
Pero considera que el código va a permitir que adopten un compromiso ético moral para proscribir las irregularidades que se puedan dar.
El presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción occidental, Octavio Martínez, consideró que urge elaborar un código de ética porque no se puede negar de cierta percepción negativa por parte de la sociedad nicaragüense “en la que van moros y cristianos”.
“Es preciso contar con algunas normas que orienten, que guíen el comportamiento humano, particular, específico y especializado de los funcionarios judiciales”, dijo Martínez.
REGULARÁN CONDUCTA
La magistrada Ligia Molina manifestó que un 90 por ciento de los casos resueltos por ese poder del Estado pasan inadvertidos. Los casos que sobresalen a su criterio es donde hay personalidades prominentes, que existe algún interés porque se le condene, pero quien juzga e impone la sentencia es el Poder Judicial, “ al que nosotros vamos a regularle su conducta para que se apegue a la Constitución, a la ley y a las normas éticas”.
