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Uno de los principales requerimientos para el buen funcionamiento de la justicia penal para adolescentes, es la contratación de mayor cantidad de psicólogos y trabajadores sociales.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Armengol Cuadra, aseguró que debido a las limitaciones en el presupuesto deberán seguir solicitando apoyo a organizaciones internacionales.
Aunque destacó que a lo largo de estos años de aplicación de los juzgados de la adolescencia han recibido apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que les ha ayudado con capacitación, proporcionándoles computadoras, siguen necesitando de colaboración.
Unicef les ha prometido seguir colaborando con recursos “para seguir mejorando la justicia penal de adolescentes”, dijo Cuadra, quien también mencionó que la Unión Europea ha prometido apoyarles.
Durante una reunión evaluativa de lo que fue el trabajo realizado en 2005, en los juzgados de adolescentes, Cuadra manifestó que el balance es positivo, pues en 1998 únicamente contaban con dos juzgados para adolescentes, y en 2005 crearon siete juzgados más, para contar con un total de 14.
Cuadra dijo que las pretenciones son construir dos juzgados más, uno en Puerto Cabezas y el otro en Nueva Segovia, pero faltan recursos.
En el caso de los psicólogos recordó que con los análisis psicosociales que realizan, los jueces elaboran sus sentencias o resoluciones.
Destacó que el Código de la Niñez y la Adolescencia señala que “se tiene que hacer un estudio psicosocial para poder dictar una resolución y ¿qué hacen los jueces? pidiendo favores al Ministerio de Salud u otras instituciones como la Policía, si tienen un psicólogo que les haga ese estudio para poder dar una respuesta, cuando la Corte debería tener su psicólogo en el juzgado”, sostuvo Cuadra.
Cuadra señaló que “lógicamente si no hay ese estudio, no se hace la resolución”.
ALTERNATIVA PROPUESTA
Una de las alternativas que propone Cuadra es nombrar psicólogos que sean compartidos por dos departamentos cercanos.
Citó como ejemplo que se podría nombrar un psicólogo para León y Chinandega, y otro para Matagalpa y Jinotega.
“Vamos a pedir ayuda internacional”, insistió Cuadra quien mencionó que al menos requieren 30 nuevos profesionales, diez psicólogos y diez trabajadores sociales, el resto serían funcionarios que laboren en la dirección de ejecución de medidas.
Aseguró que de nombrar este personal requerido, les permitiría alcanzar una capacidad casi del 90 por ciento en ese sector de la justicia.
Ayer los operadores de la justicia penal especializada estuvieron reunidos y durante el encuentro Cuadra expuso, entre otras cosas, el presupuesto asignado para el presente año y les fue presentado el sistema computarizado para esa área, que utilizarán y con el cual pretenden evitar el retardo de justicia en lo que respecta a los jóvenes infractores.
El moderno sistema contiene datos generales de los indiciados y los ofendidos, el control de los delitos cometidos, y el tipo de sanción impuesta, acorde al hecho investigado y comprobado.
Además, registrará el número de causas radicadas, rangos de edades y procedencia de municipios con periodicidad mensual, trimestral y anual.
