- Inventaron demanda laboral por 30 mil dólares, que terminó en la subasta de una propiedad de 700 mil
- Con ayuda del Poder Judicial hicieron subasta a la que sólo llegó el tesorero del Frente Sandinista
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Los escándalos judiciales en Nicaragua no parecen tener fin. Otro escandaloso proceso judicial con ribetes de corruptela a gran escala, germinó y dio frutos en el despacho de la Juez Local Único de Catarina, Alicia Berroterán Acevedo.
El tema alcanzaría, ahora, al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a su Tesorero, Francisco López Centeno, quien se benefició, en representación del FSLN, con una propiedad valorada en más de 700 mil dólares, a través de un proceso judicial laboral, cuya legalidad está en tela de juicio, y que concluyó con la subasta del bien inmueble en 30 mil dólares a favor de López Centeno, único postor que se presentó a la supuesta subasta convocada por la juez Berroterán, subasta que es cuestionada por la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), que también era parte interesada.
La propiedad está inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad Inter American Chemical, Almacenes Generales de Depósito (Icadesa), que abandonó el país en 1979 a raíz de la revolución sandinista. El Gobierno sandinista, en la década de los ochenta asignó las bodegas a Enabas. Otra parte del inmueble fue ocupado por las estructuras del FSLN.
Allí funcionaba, en 1989, el Zonal 10 del FSLN. Luego de la derrota electoral se instalaron las oficinas del Distrito 6 del Frente. Una parte del inmueble también fue ocupada por ex trabajadores de Enabas.
JUEZ NO ATIENDE A LA PRENSA
LA PRENSA intentó obtener una versión sobre el caso de parte de la juez Berroterán, sin embargo, ésta se negó en dos ocasiones a recibirnos en su despacho.
El lunes alegó que estaba en audiencia, y el martes por la mañana, que estaba elaborando una sentencia. El mismo martes a las dos de la tarde aún no había regresado a su despacho y la secretaria judicial, Josefina Bolaños, dijo que no sabía si ésta regresaría.
Por su parte, el Tesorero del Frente Sandinista dijo que esa propiedad ha estado en posesión del Frente desde los años noventa y que, por tanto, lo que se hizo al comprarla en subasta fue legalizar la propiedad, para tener no sólo la posesión sino también el dominio de la misma.
“En un momento dado, mis abogados del partido me trajeron este periódico en el que se publicó un cartel en el que se estaba sacando a subasta una propiedad que históricamente, por una, dos décadas, ha estado en posesión del Frente. Entonces lo que hicimos fue ir a aplicar. Ya esas interioridades de que si estaba o no otro oferente u otra persona, no las conozco”, expresó López Centeno.
NO DA LA CARA
El primero de agosto del 2005, Martha Lorena Chavarría Rivas, supuesta habitante de Catarina, presentó una demanda laboral en el Juzgado Local Único de Catarina, por más de 500 mil córdobas (unos 30 mil dólares), contra el representante de la empresa Inter American Chemical, Almacenes Generales de Depósito (Icadesa), Uri Kollnesher.
Chavarría, sin embargo, no es habitante de Catarina. En el lugar nadie la conoce, los vecinos dijeron que no hay ninguna Martha Chavarría, y la dirección que proporcionó para ser notificada de las resoluciones judiciales, “del empalme a mano derecha”, da con un barranco viniendo de San Juan de Oriente y con unas casetas que sirven de pulperías en la parada viniendo de Managua a Catarina.
LA PRENSA verificó que Chavarría nació en Matagalpa, y vive en Residencial Linda Vista, del Distrito Dos de la Policía tres cuadras al oeste. Se intentó hablar con ella, el martes, pero en su casa dijeron que andaba en una fiesta. La llamamos al teléfono celular, respondió y luego que le explicamos el caso, ella apagó el teléfono. Ayer lo volvimos a intentar y en su casa dijeron que andaba en Matagalpa, ella no respondió el celular y el buzón de correo estaba lleno.
AFECTAN A ENABAS
La demanda también afectó bienes del Estado de Nicaragua, porque la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (Enabas) es acreedora hipotecaria de Icadesa. La hipoteca a favor de Enabas asciende a 205,635 dólares y recae sobre el bien inmueble que fue subastado por la juez de Catarina y adquirido por el FSLN a través de su tesorero.
De acuerdo con informaciones recabadas por LA PRENSA, Kollenesher reside en Nueva York, Estados Unidos, y el apoderado general de administración de Icadesa en Nicaragua es Rosendo Díaz Bendaña. Este último calificó la demanda como “un invento para robarse la propiedad”.
“Esta empresa se fue de Nicaragua desde 1979, cuando manu militari los sandinistas tomaron posesión de la propiedad y se la adjudicaron verbalmente a Enabas. Si fue una empresa la que contrató a esa mujer, cómo la iban a contratar verbalmente, cómo no le iban a pagar con cheques, todo es un invento para robarse esa propiedad y no cabe la menor duda que está el FSLN detrás de esa jugada”, agregó Díaz Bendaña.
Indicó que, además, después de subastar la propiedad, la juez de Catarina de forma ilegal ordenó al Registrador de Managua, borrar todos los antecedentes registrales de la propiedad e inscribirla a favor del nuevo adquiriente.
“En este caso no hay nada que ocultar, es probable que existan algunos problemas de procedimiento, pero aquí de lo que estamos hablando es de una propiedad que ha estado en manos del Frente. Si alguien está en desacuerdo hay que seguir los procedimientos de nulidad y demás efectos”, dijo por su parte el Tesorero del FSLN.
Según la demanda presentada por Chavarría, desde el 2 de enero de 1995 fue contratada verbalmente en su casa de habitación en Catarina por Uri Kollnesher para el manejo y cuido de una propiedad.
Supuestamente, sus labores consistían en cuidar y administrar la propiedad ubicada en las cercanías de la colonia Miguel Gutiérrez, y que su salario sería de mil dólares mensuales, los cuales supuestamente se le pagaron hasta en enero del 2004.
La demandante dice en su escrito que se le deben salarios desde la fecha antes mencionada hasta el primero de agosto de 2005, por lo que reclama más de 500 mil córdobas, en una cantidad equivalente a 30,233 dólares.
La ley laboral o Código del Trabajo de Nicaragua establece en su artículo 277 que es juez competente para el conocimiento de las acciones jurídicas derivadas del contrato o relación de trabajo, el del lugar de la celebración del contrato o el de la ejecución del trabajo, a elección del demandante.
NO LLEGÓ PERO “GANÓ”
Veinticuatro horas después de presentada la demanda, la juez la admitió, mandó a citar, mediante un edicto a los miembros de la junta directiva de Icadesa, por desconocer la dirección del demandado.
Los demandados no se presentaron a contestar la demanda por no haber sido notificados. La demandante pidió entonces el embargo de los bienes de éstos y luego que se sacaran a subasta.
La juez nombró como guardador ad litem al abogado Alberto de Jesús Useda Cortez, para que representara a la sociedad demandada en el trámite conciliatorio, pero como la demandante no se presentó al mencionado trámite, el guardador se allanó a la demanda, dijo estar de acuerdo con todas las peticiones de la demandante, y pidió a la juez que pagara a Chavarría sus prestaciones laborales.
“No se les halló y me nombraron guardador. La demandante no se presentó al trámite conciliatorio y no hubo más que hacer. Creo que todo está hecho a Derecho, no veo el problema”, expresó Useda cuando fue consultado sobre el tema.
FALSA SUBASTA
Finalmente, el 24 de septiembre del 2005, la juez Berroterán por medio de un cartel publicado en el periódico Hoy, señala como fecha para ejecutar la subasta el 30 de septiembre de 2005 a las once de la mañana.
Ese día, la abogada María Cristina Quintanilla, apoderada general judicial de Enabas, se presentó al Juzgado Local Único de Catarina y según ella no se efectuó ninguna subasta, porque ella estuvo en el lugar desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 12 del mediodía, y la misma juez le dijo que la subasta se había suspendido.
“Le digo que yo estuve en ese despacho judicial y ese día no se efectuó ninguna subasta. Cuando yo pregunté por la subasta, ella (la juez) me dijo que había sido suspendida, sin decirme el porqué de la suspensión”, expresó Quintanilla.
TRAMA
“Si fue una empresa la que contrató a esa mujer (la demandante) cómo la iban a contratar verbalmente, cómo no le iban a pagar con cheques, todo es un invento para robarse esa propiedad y no cabe la menor duda que está el FSLN detrás de esa jugada”, dijo Rosendo Díaz Bendaña, representante legal de Icadesa.
