- Instituciones del Estado han hecho esfuerzos por mejorar los sistemas de control y brindar una mayor seguridad en los Registros públicos. En ese esfuerzo se han logrado muchos avances, pero también se han encontrado tropiezos, como por ejemplo la Ley de Modernización de los Registros Públicos que actualmente se encuentra estancada en la Asamblea Nacional y que sin ella no se podrán legalizar todas las actuaciones dirigidas a avanzar en el tema de la propiedad
Carlos Martínez Morá[email protected]
En Nicaragua han ocurrido casos desagradables en el que algunas personas, con propiedades inscritas a su nombre, llegan al Registro Público y se encuentran con el inconveniente de que su finca o casa, ya no les pertenece porque fue transferida a otra persona, a través de procedimientos irregulares.
También se han observado casos de desaparición de folios en los libros del Registro de la Propiedad, falta de controles en cobros de servicios prestados, alteraciones en los asientos de inscripción, entre otras anomalías con graves consecuencias, pues ponen en evidencia las debilidades de los sistemas del Registro Público.
A estos problemas se le unen también otros elementos negativos como por ejemplo el que algunas gestiones tarden en concretarse hasta dos años, debido a la lentitud del sistema.
Este tiempo varía de un departamento a otro, según el universo de propiedades registradas y los volúmenes de transacciones.
En los registros de Managua los trámites como mínimo duran cuatro meses y es un logro obtener la inscripción en ese tiempo récord. En Masaya se realizan como mínimo en tres meses; en Ocotal se lleva un poco más de un mes; y en Chontales los trámites se realizan en quince días. El plazo de una inscripción depende de que los documentos que presente el ciudadano estén conforme a la ley, para que no sean objeto de retención.
El volumen de transacciones que se presentan al Registro, depende del número de empleados dispuestos para la gestión del trámite y de la propia gestión del cliente. Si éste no gestiona, la inscripción no camina.
Éstos y otros problemas han motivado a las autoridades a pensar en un régimen de registro mucho más ágil. Que brinde mayor seguridad y garantías no sólo en la valiosa información que se guarda en los libros, sino también en las distintas operaciones que se producen en el tráfico jurídico de propiedades.
MODERNIZACIÓN
Dentro de esa perspectiva se realizó en 1996, un primer intento por modernizar el Registro Público, archivando en microfilme toda la base de información sobre la tenencia de la propiedad. Se filmaron alrededor de cinco mil quinientos libros de Derechos Reales en todo el país.
“O sea que si alguien decía que ya no existía su propiedad porque arrancaron el folio del libro de registros, acudía al microfilme, y ahí podía encontrar los datos que necesitaba”, señaló Miriam Jarquín, coordinadora del Programa de Modernización del Registro Público adscrito a la Corte Suprema de Justicia.
Pero el uso de ese recurso no proporcionó muchos avances en el proceso de modernización, puesto que esa técnica no suministraba las condiciones que el dinamismo del registro exigía. Con la técnica del microfilme no era posible fotografiar cada uno de los movimiento que se producían en el intercambio jurídico de las propiedades.
Ante esa dificultad se decidió usar la digitalización que es considerada hasta este momento como el medio más adecuado para concretar el proyecto de modernización de los registros.
Jarquín expresó que para la ejecución de ese programa, se creó una oficina móvil que recorrió el país, procesando toda la información de las propiedades, bajo estrictas medidas de seguridad.
A la par de ese ejercicio, en el caso específico del departamento de Chinandega, también se procedió a la realización de un barrido catastral en el marco del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad, que consiste en que cuadrillas de trabajo van midiendo parcela por parcela de cada comarca y municipio, hasta completar el cien por ciento de la información cartográfica. En ese mapa catastral queda registrada cada parcela dentro de una base de datos con referencia satelital a cargo del Ineter.
En ese trabajo también se hace una caracterización sobre la situación de la persona que está en posesión de la propiedad. Si es el propietario o si es alguien que está ocupando la propiedad. Esa información se somete a un proceso de análisis jurídico para determinar la situación de cada caso sobre la tenencia de la propiedad.
“Se analiza por ejemplo, la situación de la gente que no tiene título de propiedad porque el bien fue heredado de sus abuelos y todavía no han desmembrado el terreno, entre otras informaciones”, indicó Max Stadthagen, secretario ejecutivo del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad.
El trabajo catastral permite a la gente con pleno derecho de la tierra, poder hacer uso de ella tanto para alquilarla, subdividirla entre los miembros de la familia o utilizarla para conseguir algún financiamiento. Y por otro lado permite también a quienes quieran entrar al mercado de la tierra, poderlo hacer sin ningún riesgo.
IMPEDIMENTOS Y BENEFICIOS
Pero a pesar de los logros obtenidos, la información que se obtuvo en el proyecto de digitalización no puede ser colocada al servicio de la ciudadanía debido a que el proyecto de ley que le proporcionará la base legal, todavía no ha sido aprobado en la Asamblea Nacional. Esta iniciativa conocida como Ley General de los Registros Públicos se presentó ante el Legislativo en el año 2001 y fue dictaminada en noviembre del 2003. En julio del 2005 fue aprobada en lo general.
Con la aprobación de esta ley, el Registro Público cambiaría el sistema manual del lápiz por el teclado y los libros por la pantalla, a su vez reduciría drásticamente el tiempo de los trámites.
Esta ley establece el valor legal a los procesos electrónicos, en especial la inscripción registral con mecanismos automatizados.
También permitirá la integración o vinculación de los datos legales del Registro con los datos gráficos del Catastro.
Con el sistema que se utilizará una vez que se apruebe la ley, las fases de los procesos que se realizan en un día se reducen a treinta minutos, indicó Max Stadthagen.
Agregó que con ese proyecto, la persona podrá tener acceso a la información digitalizada sin ningún problema. Habrá una ventanilla única de recepción con la información del Catastro y el Registro, entre otros beneficios que no pueden ser brindados por la falta de la ley.
POCO INTERÉS
El esfuerzo que se realiza por la modernización del Registro Público es un tema que al parecer pasa inadvertido entre los diputados de la Asamblea Nacional.
El diputado Jaime Morales Carazo consideró que el proyecto es muy importante para el desarrollo del país, pero que entre sus colegas no ha observado interés por aprobarlo.
“Esta ley representa la columna donde descansarán los derechos de los ciudadanos sobre la propiedad”, indicó.
Desde su punto de vista se le debe dar prioridad, pues sin una ley adecuada en el tema de la propiedad no puede haber confianza en el intercambio de bienes y en el resguardo de los derechos jurídicos sobre esos bienes.
SEGURIDAD EN EL SISTEMA
Según Max Stadthagen, el sistema digital tendrá una serie de herramientas de seguridad para evitar acciones fraudulentas. Además, brindará la posibilidad de controlar la gestión de los operadores del sistema.
“Es decir, todo va a ser verificable en cuanto a quién hizo determinada operación, la hora en que se realizó, la computadora que se usó para esa gestión, entre otros datos importantes”, garantizó.
De tal manera la digitalización reduce altamente la vulnerabilidad que presentan los registros y el sistema catastral.
Señaló que para conformar la base de datos en el proceso de modernización se tuvieron que digitalizar el cien por ciento de los libros registrales del país que suman 9,200 volúmenes.
APORTE ECONÓMICO DEL REGISTRO PÚBLICO
Se calcula que anualmente el Registro Público produce unos sesenta millones de córdobas en aranceles.
Ese dinero sale del pago por inscripción de propiedades, solicitud de libertad de gravamen, y por otros servicios que ofrecen a la población.
Es decir, que cada servicio del Registro de la Propiedad tiene un valor.
Los servicios que prestan los registros son: certificación e inscripción. Y dependiendo del acto, también varía el arancel.
Todo ese dinero va a la cuenta del Tesoro. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo reasigna posteriormente a la Corte Suprema de Justicia, pero dentro del presupuesto anual.
Se considera que esos sesenta millones de córdobas se le debería entregar al Registro Público, fuera del paquete presupuestario para que sea usado en la adquisición de libros, pago de personal, compra de papelería, seguridad, entre otras necesidades, que no se resuelven en su totalidad con el dinero asignado por la Corte.
PRINCIPAL FUNCIÓN
El Registro Público es una institución adscrita a la Corte Suprema de Justicia y su principal misión es brindar seguridad y certeza a la ciudadanía en las operaciones que se realizan en el tráfico jurídico de los bienes inmuebles y mercantiles. El Registro Público lo integran el Registro Público de la Propiedad e Inmueble, el Registro de Hipotecas y el Registro de las Personas. Esta institución tiene una legislación que data de hace un siglo.
