Eduardo Enríquez
Nadie puede negar que las demandas sociales en este país son justas. Del sinnúmero de protestas y demandas que hay actualmente en el país —que no son nuevas, sino más bien perennes— de ninguna se puede decir que no tiene razón de ser.
Pero no sólo estoy hablando de las demandas gremiales. O sea, los médicos deberían ganar más y también deberíamos tener más hospitales y mejor equipados. No sólo los maestros deberían ganar más, sino que las escuelas deberían ser más y mejor equipadas.
Incluso, los transportistas, no sólo creo que es justo que la tarifa aumente, sino que deben dar un mejor servicio, con mejores buses y conductores más conscientes.
Lo triste es que esas demandas, justas para la gente, son manipuladas claramente por las cúpulas gremiales y los políticos.
El caso de los transportistas representa la más clara manipulación: por ley, la Alcaldía de Managua —actualmente controlada por el Frente Sandinista— a través del Irtramma (Instituto Regulador del Transporte Municipal) es quien debe decidir lo de la tarifa.
El mismo Irtramma reconoce que la tarifa de bus debería ser al menos de 3.25 córdobas, sin embargo, se niega a autorizar el alza porque, conociendo la beligerancia del gremio, prefiere pasarle la “papa caliente” al Gobierno, enviándolos a pedir subsidio (un subsidio que es carga para todos los nicaragüenses pero que sólo beneficia a Managua).
Pero el Frente también cierra cualquier otra salida porque el otro gremio que controla, los supuestos estudiantes universitarios, está presto a salir a las calles a protestar si el pasaje sube de hecho.
Entonces, esta demanda, que puede ser justa, se vuelve todo un show montado por los sandinistas: una cúpula transportista manipulada por los sandinistas le hace el juego a la alcaldía sandinista trasladando la demanda al Ejecutivo, y los estudiantes sandinistas (su líder será diputado el próximo año) también cierran las puertas a una posible alza, porque amenazan reaccionar con violencia.
Y no es que alguien piense que el subsidio soluciona algo, ni los mismos transportistas lo creen. El subsidio sólo sirve para descarrilar la política económica, único logro que le queda a este Gobierno. O sea, es un arma política.
Así las cosas, el único que puede regresar la estabilidad es quien provocó la inestabilidad: el Frente Sandinista. Ya lo hizo el año pasado, cuando el Secretario Perpetuo, Daniel Ortega, apareció como el gran componedor, resolviendo el problema desde el llamado diálogo nacional.
Para ser justos, Ortega se llevó las palmas gracias una gran dosis de incapacidad y falta de pantalones de los funcionarios de este Gobierno.
Sin embargo, eso no explica que dirigentes como Rafael Quinto no puedan llamar al pan pan y al vino vino y exigir al alcalde Dionisio Marenco que busque una salida a esta situación. La única razón por la que no pueden es por los compromisos políticos con el Frente Sandinista y con Ortega.
Si el alcalde Marenco fuera menos “partisano” como él mismo lo admitió, y más responsable, lo que debería estar diseñando es un plan que transforme el transporte colectivo de la capital.
Porque tal vez no es necesario sacar a los transportistas del juego; lo que sí hay que hacer es controlarlos más, rediseñar las rutas, exigirles planes de modernización que deban cumplir so pena de perder la concesión, etc.
Pero el alcalde es sólo un miembro del partido y su función es servirle a éste, aunque eso signifique mantener de rehén al resto de Nicaragua.
