René M. Escoto
El excelente articulo de Marcos Mayorga en LA PRENSA del viernes 27 de enero, sobre el ordenamiento del tránsito podría servir para cuantificar los costos sociales agregados a partir de la cuantificación de los costos de cada una de las categorías de los problemas de tránsito que él identificó, sobre todo en Managua; costos que resultan de la ineptitud, desidia e irresponsabilidad de la Policía de Tránsito (PT) y otros actores públicos.
La lógica de la PT consiste en generar “astutamente” pocos ingresos en las áreas grises que pueden generar carros nuevos, en vez del ahorro de millones en gastos médicos y (desafortunadamente ) gastos fúnebres, por reparación de vehículos, incrementos de primas de seguros, consumo innecesario de gasolina en atolladeros ocasionados por taxistas y buseros egoístas que se paran justo donde no hay que hacerlo, por litigios legales, tiempo malgastado, etc.; y claro está, dado el incalculable valor de la vida humana, su pérdida es un “costo social” adicional que se puede “ahorrar” previniendo accidentes fatales.
Las autoridades relevantes serían verdadera y productivamente astutas si realizaran un estudio serio y sistemático de todos estos costos económicos para demostrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la rentabilidad de la inversión en la regulación del tráfico a fin de incrementar sus presupuestos. ¿Qué valor tendría el PIB si descontáramos esos gastos de la “demanda agregada”?
Los ahorros agregados resultantes de una buena gestión que valora la vida y el tiempo, podrían ser utilizados por los ciudadanos para ser más competitivos a las puertas del DR-Cafta. No hay duda que los conductores somos personalmente responsables de nuestros actos, pero mayor responsabilidad tienen las autoridades a quienes los ciudadanos les hemos confiado la tarea de regular el tránsito y de pensar en el bien común. Ya no hay excusas posibles o creíbles.
Los líderes de las instituciones públicas a cargo del tema ya cargan sobre sus conciencias muchas irresponsabilidades. Sólo queda preguntarse, ¿qué podemos hacer juntos los ciudadanos para exigir acción? Recordemos que la muerte trágica en un accidente de tránsito es democrática: no discrimina entre ricos y pobres, empresarios, profesionales, técnicos, trabajadores y desempleados, entre rojos, negros, verdes o anaranjados, hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos; nacionales, turistas o cooperantes. Si no se ve reflejado en ninguna de estas categorías ni lo dude que la suya también tiene que ser incluida.
