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Los subsidios a los transportistas
El transporte colectivo urbano de Managua está paralizado —otra vez— desde ayer, debido a que los transportistas quieren por ese medio obligar al Gobierno a que este año les dé un subsidio mensual de 20 millones de córdobas.
Los transportistas dicen que necesitan el subsidio gubernamental —que ya se les ha concedido durante los últimos años— para poder compensar el aumento en los costos de operación de las unidades de transporte, por el incremento en los precios de los combustibles. Y también aseguran los transportistas que el subsidio es indispensable para no tener que aumentar las tarifas a los usuarios, y sobre todo para no seguir operando con pérdidas.
Nadie ignora que, en efecto, los precios del combustible han subido desmesuradamente en los últimos años, por el aumento igualmente desmedido en el precio del petróleo. Es cierto también que la tarifa del transporte colectivo urbano, que oficialmente es de 2.50 córdobas —equivalentes a unos 19 centavos de dólar— resulta relativamente baja en relación con el precio de los combustibles. Como también es verdad que subir las tarifas perjudicaría a los usuarios.
Lo que no parece ser cierto es que los transportistas estén operando con pérdidas. Por el contrario, la impresión que dan es que el transporte colectivo urbano sigue siendo un buen negocio. En realidad, si los transportistas estuvieran operando con pérdidas hace tiempo que hubieran quebrado. Además, ¿cómo es posible que estén perdiendo si tienen fondos propios para subsidiar ellos mismos el transporte con 60 millones de córdobas anuales, como dijo en LA PRENSA el líder de los transportistas, Rafael Quinto, que lo hicieron el año pasado?
Por otro lado, el principio y sentido de los subsidios estatales es facilitar el acceso de la gente a bienes y servicios que son indispensables pero su producción u operación tiene un alto costo. En los países donde el transporte público recibe subsidios, estos son en realidad subvenciones a los usuarios que se canalizan por medio de las empresas operadoras del transporte, pues de lo contrario irremediablemente las tarifas serían más altas. Pero, además, los subsidios sólo se otorgan como resultado de análisis serios y confiables de la estructura de costos y sometiendo a un estricto control los recursos asignados.
Pero aquí los subsidios no son para que los usuarios obtengan un servicio de primera necesidad cuyo costo de operación es muy alto; tampoco hay un análisis serio de la estructura de costos y mucho menos un control sobre el uso de los fondos asignados, que quedan como un beneficio neto adicional para los transportistas.
En estas condiciones, el subsidio gubernamental tiene un sentido distorsionado y perverso, es una subvención a los transportistas para que aumenten o mantengan sus altos niveles de ganancias; y para que presten servicio gratuito a sus líderes partidistas durante las campañas electorales o en cualquier otra circunstancia, como por ejemplo las celebraciones del 19 de julio.
El resultado nefasto de todo esto es que el transporte colectivo urbano sigue siendo pésimo, tanto por la falta de mantenimiento y el equipamiento obsoleto como por la insuficiencia de personal capacitado, el que carece inclusive de una mínima educación en sus relaciones con los usuarios, quienes siguen pagando las consecuencias de este sistema perverso de transporte mientras los contribuyentes continúan financiando a los transportistas por medio de los subsidios estatales o la creación de impuestos especiales, como pide el alcalde de Managua.
El calvario de los usuarios y de la población en general por los paros del transporte y sus daños colaterales , se prolonga ya por más de quince años. Ya es tiempo de que el Gobierno enfrente este problema con firmeza y aplique las soluciones indispensables, aunque sean drásticas. Por ejemplo: ¿por qué no desregular el transporte colectivo urbano o de una sola vez nacionalizarlo? ¿O por qué no establecer el sistema de transporte diferenciado? ¿Y por qué no se ajusta la tarifa si se comprueba que es preciso hacerlo frente a una devaluación que se transmite a los costos de operación?
Por definición y principios el Gobierno de la República tiene la obligación de resolver los problemas sociales de la gente, o por lo menos debe darle respuestas satisfactorias. Y ya es tiempo de que lo haga en el caso del problema del transporte, ante el cual la Alcaldía sandinista de Managua ha demostrado una total incapacidad.
