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La crisis del Consejo Supremo Electoral
El proceso de preparación de las elecciones regionales de la Costa Atlántica, que deben celebrarse el domingo 5 de marzo próximo, está siendo perturbado por el mismo Consejo Supremo Electoral (CSE) que —paradójicamente— es el responsable de organizarlo correctamente y garantizar su normal celebración. Y la causa de que el CSE no cumpla su responsabilidad, es que lo han convertido en escenario de las pugnas de poder entre las cúpulas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Debido a esas pugnas partidistas —que existen inevitablemente a pesar del pacto libero-sandinista, porque siempre uno de los pactistas trata de sacar el máximo provecho, a expensas del otro— el CSE ni siquiera ha podido sesionar en las últimas semanas, pues los magistrados que pertenecen al PLC no asisten a las reuniones y se niegan a formar el quórum establecido por la ley. Tan grave se ha hecho esta situación, que ya vino al país una misión de la OEA para observar in situ el problema; y el organismo cívico independiente Ética y Transparencia advirtió públicamente que el atrincheramiento de los magistrados del CSE en sus posiciones partidistas podría propiciar el fracaso de las elecciones regionales.
“El problema principal es el de la legalidad del asunto, porque la medida de presión, que es no conformar quórum (para las reuniones del CSE), tiene una sostenibilidad hasta cierto punto, hasta antes de que descalabre literalmente el proceso electoral”, aseguró Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, tal como lo informó LA PRENSA en su edición de ayer, miércoles 1 de febrero.
Según las denuncias del PLC, la mayoría del Consejo Supremo Electoral (CSE) que forman los tres miembros sandinistas más el magistrado presidente de dicho Poder del Estado, está preparando un fraude para los próximos comicios del Atlántico, con el fin de darle el triunfo al FSLN. El supuesto fraude sandinista se ejecutaría, según el PLC, por medio de la aplicación de la táctica del “ratón loco”, que consiste en obligar a muchos electores a andar de un lado para otro en búsqueda de la Junta Receptora de Votos en la que les corresponde votar, para cansarlos y hacer que desistan de la intención de ejercer su derecho al voto. Además, el supuesto fraude implicaría negarle el derecho a votar a muchos otros ciudadanos cuyos nombres no aparezcan en las listas electorales de las juntas receptoras de votos de sus lugares de residencia, pero que de acuerdo con la ley pueden votar siempre y cuando se identifiquen de manera verificable.
En realidad, el artículo 41 de la Ley Electoral dice al respecto, de manera textual, que: “Solamente podrán votar en una Junta Receptora de Votos los registrados en los respectivos padrones electorales definitivos a que se refiere el artículo anterior, con las excepciones establecidas en la presente ley. Si un ciudadano hábil para votar no apareciere en el Padrón Electoral de la Junta Receptora de Votos del lugar de su residencia habitual pero posee su cédula de identidad, libreta cívica o documento supletorio legalmente expedido que pruebe que reside en la circunscripción territorial de la respectiva Junta Receptora de Votos, el Presidente de ésta autorizará el ejercicio del sufragio y hará constar este hecho en el Acta respectiva”.
El artículo 116 dice prácticamente lo mismo, de manera que no hay dónde ni cómo perderse. Si el CSE no aplica esa disposición de la Ley Electoral, él mismo viciaría de nulidad los comicios regionales. Además, si es cierto lo que alega el FSLN, de que en realidad lo que quiere el PLC es sabotear las elecciones regionales del 5 de marzo porque sabe que será derrotado, entonces no hay ninguna razón para que el CSE se niegue a aplicar el artículo de la Ley Electoral que evitaría el famoso “ratón loco”.
Por otro lado, es evidente que el PLC quiere que el CSE anule la legalización de la alianza política de Eduardo Montealegre y/o que lo inhiba cuando llegue el momento de calificar las candidaturas presidenciales. Y es muy posible que haya algo más de fondo, todavía, en esta crisis del CSE. Por ejemplo, no será que el PLC está pidiendo la liberación de Arnoldo Alemán —por medio de amnistía o resolución judicial— a cambio de desmontar el dispositivo de crisis en el CSE? Entre los pactistas esto y mucho más se puede y debe esperar.
