Douglas Carcache
El temor que ha invadido a más de tres mil nicaragüenses en Estados Unidos ante la posibilidad de que las autoridades de esa nación les cancele el Estatus Temporal Protegido (TPS) es justificado porque el Congreso está reformando la legislación migratoria y no sería raro que cortara esa excepción.
En Miami, por ejemplo, decenas de inmigrantes nicas han visitado en los últimos días las oficinas de American Fraternity para preguntar qué pasaría con ellos si el gobierno estadounidense se niega a renovar el TPS a mediados de este año.
Sin embargo, un periodista comentó en Miami que los nicaragüenses estaban haciendo mucha bulla con lo del TPS si apenas 3,500 inmigrantes originarios de Nicaragua serían afectados en caso de que les quitaran esa protección.
La directora ejecutiva de American Fraternity, la nicaragüense Nora Sándigo, dice que las personas que pasan por su oficina o llaman por teléfono están muy preocupadas porque si pierden su estatus legal temporal también perderían el empleo y sus familiares en Nicaragua dejarían de recibir las ayudas económicas.
Lo mismo le ocurriría a hondureños y salvadoreños que han sido amparados por el TPS, los primeros tras el desastre que dejó el huracán Mitch en 1988 y, los otros, después del terremoto que golpeó a El Salvador a principios del 2001.
Aunque con relación a hondureños y salvadoreños se habla de al menos 200 mil afectados, eso no significa que a los nicas les ha de preocupar menos el probable fin del TPS. El efecto sería igual para cada inmigrante, sean 100 ó 1,000 y habría más afectados en sus países de origen si contamos a las familias que en Nicaragua, Honduras y El Salvador suplen sus necesidades con el dinero que les llega de Estados Unidos.
Las empresas estadounidenses también perderían si estos inmigrantes quedan indocumentados porque se les iría personal ya entrenado en labores que han desempeñado por años; y si trataran de mantenerlos en los puestos sin permiso, los empresarios correrían el riesgo de ser multados, advirtieron los directivos de American Fraternity.
Entre la comunidad hispana de la Florida, las amenazas para el TPS han tenido tanta trascendencia que los congresistas por ese Estado, Lincoln Díaz Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz Balart enviaron una carta al presidente George W. Bush, apelando a su “sentido de humanidad y solidaridad” para que extienda la renovación del TPS, porque “hay miles de inmigrantes trabajando aquí en Estados Unidos ayudando a sus familiares y a su país con las remesas y es necesario que tengan permiso de trabajo”, según explicaron.
Si esos 3,500 nicaragüenses quedaran sin empleo en Estados Unidos, creo que al menos 14 mil personas podrían sufrir las consecuencias en Nicaragua, si calculáramos que cada uno de los migrantes da de comer con sus remesas a cuatro parientes.
En términos monetarios podría significar para Nicaragua la pérdida de 3.5 millones de dólares anuales porque, según especialistas en remesas, los nicas en Estados Unidos mandan a su país un promedio de 1,000 dólares anuales cada uno. Los afectados en Nicaragua serían unas 3,500 familias, el equivalente a un poblado pequeño como Nagarote, donde en el área urbana hay 2,900 viviendas.
