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Vicios del sistema de elección de diputados
El 16 de septiembre de 2001 y en el contexto de las elecciones presidenciales ocurridas ese año, LA PRENSA publicó un artículo titulado “Diputados que trae la cascada”, en el que se argumentaba que los candidatos presidenciales en Nicaragua juegan simbólicamente el papel de un tren detrás del cual se alinean como vagones los candidatos a diputados. Los “padres de la Patria”, se decía en aquel artículo, “descansan en espera del ‘voto en cascada’ que llevará a muchos desconocidos a la Asamblea Nacional”.
Se aludía de esa manera al viciado sistema de elección de diputados establecido en el artículo 132 de la Constitución Política de la República, y en los artículos correspondientes al Título X de la Ley Electoral. Cinco años después, el tema sigue teniendo vigencia y actualidad, incluso, más que antes, pues estos años la ciudadanía ha sufrido más atropellos de los partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional —PLC y FSLN—, por medio de sus diputados.
En efecto, el prevaleciente sistema de elección de diputados favorece el caudillismo dictatorial, porque los partidos que participan de la elección presidencial presentan listas cerradas de candidatos a la Asamblea Nacional elaboradas por las cúpulas de los mismos, sobre la base del nivel de servilismo de cada potencial diputado. La inteligencia, la eficiencia, la capacidad intelectual, el conocimiento de las leyes o el nivel de participación o de proyección social de los candidatos no son considerados o se les relega a un segundo plano. La pregunta clave que los caudillos hacen con respecto a las personas que consideran, antes de nombrar a los candidatos a diputados es: ¿se van a someter o no? Así las cosas no sorprenden los adefesios legales, los abusos y las repetidas violaciones a las leyes y reglamentos que los mismos diputados cometen de manera flagrante.
La reciente elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ilustró elocuentemente lo anterior. No sólo se cometieron ilegalidades en el proceso sino que al final, en la elección propiamente dicha, los diputados volvieron a atropellar la ley. En efecto, aunque el Estatuto General de la Asamblea Nacional dice en su artículo 20 que “Los miembros de la Junta Directiva serán electos individualmente y por mayoría absoluta de los Representantes”, todas las bancadas —mayoritarias y chiquitas— decidieron y aceptaron que la elección se hiciera en bloque.
Es cierto que se trataba de un procedimiento y que el resultado final sería el mismo. Pero ese no es el punto. El punto es la falta de cultura jurídica y el irrespeto a los procedimientos establecidos, de parte de estos diputados. Ellos sabían que estaban siendo televisados, pero como muy poco les importa lo que la ciudadanía piense de ellos, ignoraron la ley e hicieron lo que en ese momento fue su antojo. ¿Qué mensaje están comunicando los diputados a las generaciones futuras?
Ya lo hemos dicho y lo reiteramos de nuevo. Para terminar con este abuso de los diputados que para colmo de descaro se hacen llamar “padres de la Patria” hay que cambiar el sistema de su elección. Es imperativo que los legisladores sean personas que hayan hecho méritos para ocupar tan importante cargo. Tienen que ser hombres y mujeres reconocidos públicamente por su trabajo, honradez y servicio.
En el artículo de LA PRENSA arriba mencionado se hace alusión a datos de una encuesta realizada ese mismo año, los cuales demostraron que un 60 por ciento de la población no conocía a los diputados y en el caso particular de una diputada, casi el 85 por ciento desconocía su identidad. Esa situación no ha cambiado. Y es que a los diputados no les interesa ganarse la simpatía del pueblo. No les preocupa hacer méritos. Sólo les importa estar bien con su caudillo y darse la gran vida a expensas del erario. La ciudadanía queda al margen. Los diputados no responden ante ella.
Lo único que podría ayudar a resolver este grave problema —que además de político es también moral—, sería la elección de una parte de los diputados por medio del voto directo y uninominal, y elegir a la otra parte en listas de los partidos. De esa manera se podría combinar la ventaja que tiene la elección uninominal, con el principio de la representación proporcional que protege los derechos de las minorías y garantiza la escogencia de sus representantes.
