Carlos Martínez Morá[email protected]
El Ministerio Público interpondrá un recurso de casación en contra de la resolución que dictó el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), la cual exime del delito de lavado de capital a Luis Ángel González Largo, Leyla Bucardo Chávez y resto de personas, a quienes en abril del 2004, la Policía Nacional les ocupó 609 mil dólares dentro de una llanta de repuesto durante un operativo policial en Managua.
El fiscal Armando Juárez, manifestó que la institución está en desacuerdo con la resolución porque se debió mantener la sentencia del Juzgado Sexto Penal de Juicio de Managua, que se dictó hace más de un año y que sentenció a Luis Ángel González Largo a 10 años de prisión.
Expresó que la institución cuestionará con recursos legales la validez de esa decisión para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revoque esa sentencia.
EFECTOS ADVERSOS
El fiscal Armando Juárez también señaló que la sentencia del Tribunal de Apelaciones ha tenido efectos adversos que de alguna manera ha perjudicado el trabajo investigativo del Ministerio Público en el caso de los 609 mil dólares, los cuales, por procedimientos judiciales habían sido depositados en una cuenta de la CSJ, pero meses después el dinero fue sustraído de dicha cuenta a través de un procedimiento inusual que involucró a magistrados, jueces y a abogados.
El fiscal Armando Juárez, aseguró que entre sus efectos, el fallo del TAM ha dispersado las investigaciones del Ministerio Público sobre la sustracción de los 609 mil dólares, y además abrió un nuevo escenario en las pesquisas, pues anteriormente la investigación partía del supuesto hecho delictivo de lavado de dinero, pero ahora que la sentencia anuló a los procesados ese delito, sitúa a la Fiscalía en una posición diferente.
FALLO CAMBIÓ TODO
También señaló que el fallo fragmentó muchas de las conductas de las personas investigadas, que antes de la resolución, eran analizadas dentro del contexto de asociación, pero en el nuevo escenario han quedado únicamente en hechos aislados de falsedad, cometidos por los funcionarios que falsearon los documentos que después de un proceso facilitaron la salida de los 609 mil dólares y la excarcelación de Leyla Bucardo.
