Jorge F. López Reyes
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Un caso judicial insólito, sin antecedentes
Jorge F. López Reyes
En mi opinión, la elección del máximo representante de un organismo regional de prestigio como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) debió haber sido cuidadosamente estudiada por quienes tuvieron la delicada tarea de escoger a su Presidente Ejecutivo, nombramiento que recayó en el ciudadano nicaragüense, doctor Harry Brautigam, no sólo en atención a sus capacidades profesionales, que sin duda las tiene, sino también por su honestidad a toda prueba y su conocimiento y dominio de la ética gerencial de un organismo financiero regional como el BCIE.
La persona destinada a ocupar tal cargo debe tener pleno conocimiento que al asumir esa alta investidura tiene que comportarse como un funcionario sin doblez, a quien está completamente vedado utilizar la influencia que le confiere el cargo para ejercer sus derechos privados y personales en una contienda legal de carácter civil, y al mismo tiempo aparecer en los medios de comunicación anunciando proyectos de desarrollo regional; conducta reprochable y condenable en cualquier funcionario porque constituye la utilización de la influencia que le confiere el cargo en combinación con intereses puramente personales, o en términos legales, una mezcla o conflicto de intereses.
Por los medios de comunicación y en los corrillos judiciales he tenido conocimiento que se ventila un juicio entre el doctor Brautigam, en su carácter personal, no como presidente del BCIE, y el Banco de Crédito Centroamericano, Sociedad Anónima (Bancentro). Sin embargo, al margen de la ley, el señor Brautigam ha invadido terrenos que legalmente pertenecen a Bancentro, institución que además es cliente del BCIE, con el cual ha mantenido una relación financiera de mutuo respeto, en beneficio del desarrollo de Nicaragua. Por todo esto, resulta insólito que el señor Brautigam, haciendo uso de dos sombreros diferentes, aparezca por un lado en la revista local Confidencial dando a conocer proyectos de desarrollo con muchas perspectivas; pero por otro lado aparezca en otros medios de comunicación en un litigio de orden privado, en el que ejerce la influencia que le confiere su cargo de Presidente Ejecutivo del máximo organismo financiero de la Integración Centroamericana.
En la actualidad nuestro país necesita con urgencia nuevas inversiones para el desarrollo económico y la generación de empleo, así como para atender las graves carencias en materia de educación, salud y vivienda; y por otro lado existe la necesidad de consolidar un verdadero Estado de Derecho que permita la gobernabilidad real y efectiva que nos otorgue credibilidad ante la comunidad centroamericana e internacional. En esta tarea el BCIE, en la persona de su Presidente Ejecutivo, tiene una alta cuota de responsabilidad, y si esos son sus menesteres inmediatos como máximo representante del BCIE, los intereses personales del doctor Brautigam deben quedar a un lado, hasta el cese de sus funciones, o hasta el retorno a su vida de ciudadano común, para ejercitar los derechos que tenga o crea tener.
El hecho de que el Presidente Ejecutivo de una institución regional como el BCIE se vea involucrado en un problema de propiedad en Nicaragua, por demás con un cliente de la institución que preside, es algo fuera de lo común, y como tal debe ser tratado por el doctor Brautigam como un asunto extraordinario. Lo contrario podría poner en riesgo la credibilidad del BCIE y de la propia Nicaragua ante la comunidad internacional, y envía señales peligrosas al mundo bursátil y financiero de la región, que a la postre podrían repercutir de forma negativa en los sectores de más bajos ingresos de la población nicaragüense que se encuentra en niveles de pobreza crítica, y colocar en entredicho al propio gobierno del presidente Enrique Bolaños.
Para finalizar, debo señalar que la credibilidad de un Estado de Derecho es como el corazón del ser humano, ambos pueden tener carencias pero tanto el uno como el otro, muertos o inexistentes, no le sirven a nadie; en consecuencia, debemos proteger el Estado de Derecho con instituciones fuertes y funcionarios éticos y responsables.
El autor es abogado.
