Defraudadores impunes

Tribunal de Apelaciones confirma sentencia a favor de mexicanos que metieron US$300,000 ilegalmente PGR analiza qué hacer y Aduanas debe devolver el dinero de dudosa procedencia Elízabeth Romero yMirna Velásquez [email protected] Roman, Times, serif»> Defraudadores impunes Tribunal de Apelaciones confirma sentencia a favor de mexicanos que metieron US$300,000 ilegalmente PGR analiza qué hacer y Aduanas […]

  • Tribunal de Apelaciones confirma sentencia a favor de mexicanos que metieron US$300,000 ilegalmente
  • PGR analiza qué hacer y Aduanas debe devolver el dinero de dudosa procedencia

Elízabeth Romero yMirna Velásquez [email protected]

Roman, Times, serif»>
Defraudadores impunes



Tribunal de Apelaciones confirma sentencia a favor de mexicanos que metieron US$300,000 ilegalmente

PGR analiza qué hacer y Aduanas debe devolver el dinero de dudosa procedencia

Elízabeth Romero y
Mirna Velásquez Sevilla
[email protected]




La asesoría legal de la Dirección de Asuntos Aduaneros reaccionó ayer ante la decisión del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) que dejó imposibilitada a esa institución de impedir que sean devueltos casi 300 mil dólares ocupados a dos ciudadanos mexicanos por violentar las leyes aduaneras.

Aunque ayer la defensa de los mexicanos Luis David Zamora Ramírez y Rigomilda Valencia Barragán gestionó ante la Dirección de Servicios Aduaneros con un mandato de la Juez Sexto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Miriam del Socorro Guzmán González, la devolución del dinero, las autoridades de Aduanas no lo han entregado, a la espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) les oriente si aún les queda un recurso legal.

Pero el procurador auxiliar Hernaldo Chamorro Díaz —designado para el caso— informó que los pasos a seguir por parte de la Procuraduría están siendo analizados y reconoció que legalmente están de manos atadas para evitar la devolución del dinero.

El 11 de enero pasado, la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones, favoreció a los ciudadanos mexicanos, confirmando una sentencia de la juez Miriam Guzmán, dictada el 3 de noviembre a favor de los procesados, luego que un jurado de conciencia los declaró no culpables del delito de contrabando aduanero.

Antes de que el jurado emitiera su veredicto, la juez desechó las pruebas documentales ofrecidas por la Fiscalía. Asimismo, no admitió una acusación promovida por la PGR por falsificación de billetes y falsedad, pese a las fuertes presunciones de que los acusados también habrían incurrido en estos últimos ilícitos.

El asesor legal de Aduanas, Francisco Mendoza, lamentó que en los juzgados se haya obviado las pruebas presentadas en contra de ambos mexicanos y que Apelaciones haya confirmado la sentencia de Guzmán.

LA SENTENCIA

“Se confirma la sentencia apelada precedente emitida por la Juez Sexto de Distrito Penal de Juicio de Managua, en todas y cada una de sus partes”, dice en parte la sentencia firmada por los magistrados Pedro Bayardo Briceño Cruz y Orlando Lúquez, con el disentimiento de la magistrada Martha Quezada Saldaña.

Quezada argumentó en la sentencia que el escrito de intercambio de información y pruebas fue presentado en tiempo por la Fiscalía y fue ofrecido como prueba como lo manda el Código Procesal Penal (CPP).

“Considero que existió una interpretación errónea de la norma procesal, de parte de la juez (Guzmán) al rechazar la prueba, lo que es pertinente, útil y legal y la que no pudo ser analizada por el tribunal de jurado y siendo que esta situación es de las nulidades absolutas de conformidad con el artículo 165 inciso uno del CPP (…) se declara nulo el proceso y se debe enviar al juez subrogante para que inicie de nuevo el juicio oral y público”, expresa Quezada.

El procurador Chamorro, por su parte, recordó que la juez descartó las evidencias más importantes aportadas en el juicio contra los procesados, las cuales eran decisivas tanto para la PGR como para la Fiscalía, como la declaración de Aduanas en la que se comprueba que los acusados no declararon el dinero y lo llevaban oculto.

En su apelación ante ese tribunal, el fiscal auxiliar Javier Antonio Morazán Chavarría destacó que en el intercambio de información y pruebas, la juez les rechazó el documento de declaración de Aduanas que el pasado 12 de julio del 2005 realizó uno de los procesados, Luis David Zamora Ramírez, al ingresar al país por el Aeropuerto Internacional Managua.

A raíz de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, la juez Guzmán ordenó girar oficio al director general de Servicios Aduaneros, Rudy Gutiérrez, y al gerente del Banco de la Producción de Nicaragua, Luis Rivas Anduray “la devolución del dinero incautado precautoriamente” a Ramírez y a Valencia, que en su totalidad suman 299 mil 450 dólares, depositados en una cuenta de Aduanas el 14 de julio.

“Nosotros no apelamos el veredicto, porque los veredictos son inapelables, lo que apelamos fue la devolución del dinero”, indicó el asesor legal de Aduanas.

El procurador Chamorro declaró que lastimosamente la ley no les permite hacer uso de otro recurso legal para que el caso pueda ser analizado en el tribunal superior (Corte Suprema) mediante un recurso de casación, porque la resolución de Apelaciones es la confirmación de una sentencia dictada en el Juzgado Sexto Penal de Juicio y que está basada en el veredicto de no culpabilidad de un jurado de conciencia que se vio obligado a hacerlo debido a que las principales evidencias fueron anuladas por la juez Miriam Guzmán.

Sergio Morales, abogado defensor de Luis David Zamora Ramírez, uno de los procesados, dijo que él, personalmente, no ha realizado ninguna diligencia para la devolución del dinero, porque no ha sido contratado para recuperarlo.

Insistió en que Aduanas estaría incurriendo en el delito de desacato a la autoridad al no devolver el dinero y calificó de “ilegal” y “violatorio” que Aduanas quiera disponer del dinero.

LA PRENSA intentó localizar, sin éxito, al abogado de Rigomilda, Roberto Cruz, quien está haciendo los trámites.

JUEZ “REFORMA” LEY

Las autoridades de Aduanas están pendientes de otra apelación sobre la decisión de un judicial de Rivas que alteró lo establecido en la ley aduanera, al ordenar la entrega de un porcentaje al Poder Judicial en el caso de una incautación de un millón 200 mil dólares a dos guatemaltecos.

Puede interesarte

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí