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Mucho ojo con las elecciones
Algunos comentaristas políticos consideran que en vez de prestar tanta atención a los vergonzosos pleitos de los diputados en la Asamblea Nacional, se debería enfocar en los problemas que son más o verdaderamente importantes para el país.
Se menciona, por ejemplo, que hay peligro de un gran fraude electoral —“legal” o descarado— en los comicios de noviembre próximo, que no sólo impediría resolver la crisis institucional del país a través del medio democrático por excelencia que es la elección popular, sino que más bien la agravaría y podría acarrear peores consecuencias para la nación .
En realidad, cabe aclarar que la crisis que hay actualmente en la Asamblea Nacional, no es del sistema democrático de representación ni del Poder Legislativo propiamente dicho. Se trata de una crisis del pactismo libero sandinista, que le ha causado y sigue causando grandes daños a la democracia y a la nación en términos generales, desde que en el año 2000 los caudillos y las cúpulas del FSLN y el PLC se pusieron de acuerdo para repartirse el Estado como si este fuera un botín de salteadores.
Pero las crisis no se resuelven solas, hay que resolverlas y para eso en este caso hay que erradicar los hechos institucionales producidos por el pacto libero-sandinista, que obstaculizan el crecimiento económico y el desarrollo social del país, e impiden que la democracia funcione apropiadamente, como lo necesita y merece la sociedad nicaragüense.
Ciertamente, para resolver la crisis política e institucional causada por el pacto hay que barrer todas sus consecuencias legales e institucionales. Y para esto no sólo es necesario elegir en noviembre próximo a un nuevo Presidente de la República que sea genuinamente democrático e independiente de los caudillos, y por lo tanto que no salga de los dos partidos pactistas, sino que también hay que escoger una nueva mayoría parlamentaria que no sea dominada por el PLC y el FSLN.
Por supuesto que esto es mucho más difícil lograrlo que decirlo. Sobre todo porque las próximas elecciones serán organizadas y escrutadas por un Consejo Supremo Electoral (CSE) que es más una dependencia del FSLN y el PLC —peor aún, de los caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán— que una institución del Estado en el correcto sentido de la palabra. Y esto es así, porque en el ámbito del Poder Electoral el pacto libero-sandinista no se limitó a repartir entre los dos partidos pactistas el presupuesto, los cargos, los empleos y los beneficios materiales de administrar el CSE, sino que apuntó a buscar la prolongación —de una u otra manera— de la dictadura bicéfala más allá de las elecciones del 2006.
En la teoría del pacto, la distribución entre el FSLN y el PLC de los cargos y las influencias dentro del CSE era para crear allí un eje de poder que le permitiera a ambas fuerzas políticas vigilarse y controlarse recíprocamente; y para que tomaran decisiones “equitativas”, de interés común bipartidista, cuando así lo decidieran las cúpulas y los caudillos de ambos partidos. De manera que si ahora se manifiestan dentro del CSE fuertes contradicciones entre el PLC y el FSLN, es porque como sucede casi siempre con este tipo de acuerdos y esta clase de pactistas, el más vivo o más fuerte inevitablemente toma ventajas sobre el otro al momento de repartirse el fruto del botín y/o al administrar después las consecuencias posteriores de las acciones que pactaron.
Sin embargo, ambos grupos pactistas pueden ponerse de acuerdo a la hora de que lo consideren necesario para proteger sus intereses particulares, a fin de realizar un fraude que burle la voluntad popular e impida que una fuerza política emergente y alternativa —ya sea la de Eduardo Montealegre o la de Herty Lewites— se alce con la victoria en los comicios del próximo mes de noviembre. Por ejemplo, ¿quién pondría en duda que los pactistas del PLC harían fácilmente un arreglo fraudulento con el FSLN para arrebatarle el triunfo a Montealegre o Lewites, y darle a Daniel Ortega la Presidencia de la República, a cambio de la promesa —otra vez— de dejar en libertad a Arnoldo Alemán?
Algo como eso sólo se podría impedir mediante la enérgica movilización popular y una eficaz observación electoral extranjera, con el respaldo decidido de la comunidad democrática internacional que desde ya debería advertirle a los pactistas que no se reconocerá a un gobierno que surja de una elecciones excluyentes y fraudulentas.
