Douglas Carcache
La declaración de México, Centroamérica, República Dominicana y Colombia, también firmada por el Canciller de Costa Rica el 9 de enero del 2006, pone al Gobierno de este país en una contradicción porque por un lado exige a Estados Unidos que no trate “como delincuentes” a los inmigrantes y, por otro, desarrolla una política dura contra los inmigrantes nicaragüenses que han entrado a territorio costarricense.
Costa Rica tiene dos roles en el ámbito de la migración, porque es un país receptor de mano de obra extranjera y también un emisor de migrantes, ya que miles de costarricenses se han ido a Estados Unidos, parte de ellos indocumentados, en busca de opciones laborales.
A finales del año 2005 las autoridades de Costa Rica aprobaron una nueva ley de migración que, a criterio de especialistas, criminaliza a la población inmigrante, la mayoría de origen nicaragüense, a la que impide su integración a la sociedad costarricense.
Una de las críticas que le han hecho a la nueva ley migratoria tica es que extendió la zona de rechazo en un área de 50 kilómetros, a partir de la frontera, lo que afectará a los migrantes nicaragüenses que llegan por temporadas a recoger las cosechas agrícolas.
“En esa franja la población migrante indocumentada o en condición irregular, que sea detenida por las autoridades migratorias, no será deportada sino rechazada, lo que les impedirá reclamar derechos laborales, como el pago del trabajo realizado”, ha explicado el investigador de la Universidad de Costa Rica, Alberto Cortés Ramos.
Por otro lado, la ley costarricense establece procesos de detención sin plazos definidos para inmigrantes indocumentados, lo que “podría llevar al encarcelamiento por un largo período de tiempo a personas que no han cometido delito alguno, más que buscar trabajo en otras tierras”, advierte Ramos.
Sin embargo, el Gobierno costarricense suscribió en México el documento en que pide a la administración de George W. Bush que proteja de forma plena los derechos humanos de los inmigrantes, que observe las leyes laborales que les aplican y, algo “indispensable”, que considere darles estatus legal a los indocumentados.
Costa Rica ocupa el puesto número 10 entre las naciones con más indocumentados “no mexicanos” capturados en las fronteras de Estados Unidos, según reveló el diario La Nación en octubre del 2005, citando el informe “Seguridad fronteriza: detenciones de extranjeros no mexicanos”, del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense.
Entre enero y principios de julio del 2005, Estados Unidos atrapó a 700 ticos que cruzaron ilegalmente la frontera de ese país. La migración de costarricenses ha ido en ascenso, según ese dato, porque en el año 2004 atraparon a 450 y en el 2003 a 382. Con relación al 2002, cuando detuvieron a 233, los casos de ticos crecieron el 200 por ciento.
Los cónsules costarricenses en Estados Unidos, consultados por La Nación, estimaron que en el país del norte viven por lo menos 200 mil ticos, la mayoría indocumentados.
La población nica en Costa Rica ha sido estimada entre 400 y 500 mil personas, la mitad tal vez indocumentada, pero con iguales derechos humanos que los ticos en Estados Unidos. ¿Dará el ejemplo el Gobierno costarricense, respetándoselos?
