Juan José Rodríguez.

BCN contrató a militar en juicio contra jubilados

Jorge Loáisiga [email protected] El Banco Central de Nicaragua (BCN) contrató como abogado, a un teniente coronel del Ejército de Nicaragua (EN), para “asesorar” en el caso contra los jubilados del BCN que reclaman sus pensiones a esa institución bancaria, según documentos a los que LA PRENSA tuvo acceso. El oficial activo del Ejército, contratado por […]

Jorge Loáisiga [email protected]

El Banco Central de Nicaragua (BCN) contrató como abogado, a un teniente coronel del Ejército de Nicaragua (EN), para “asesorar” en el caso contra los jubilados del BCN que reclaman sus pensiones a esa institución bancaria, según documentos a los que LA PRENSA tuvo acceso.

El oficial activo del Ejército, contratado por la institución bancaria, es el enlace de la institución castrense con la Asamblea Nacional, teniente coronel Mauricio Leonel Riguero Cortez.

La Ley de Probidad prohíbe que un funcionario del Estado trabaje y devengue salarios de dos instituciones estatales.

“Yo tengo doce años de ser abogado. La ley no me limita en el ejercicio de mi carrera profesional”, dijo Riguero.

“No soy empleado directo del banco, soy un profesional que coordina un equipo de abogados, porque tengo mi bufete Riguero y Asociados, y puedo asesorar sin ningún problema”, agregó el militar.

“Fui buscado para defender el fondo de pensiones del banco, y no hay violaciones a la ley ni hay tráfico de influencias en este caso”, añadió Riguero.

ASUNTO DE “ESTRATEGIA”

El gerente de Asesoría Jurídica del BCN, Juan José Rodríguez Gurdián, admitió a LA PRENSA que contrataron al militar en calidad de abogado, para ver el caso de los jubilados y otros dos juicios que están radicados en los juzgados.

“No lo contratamos como militar, sino como abogado. En asuntos de abogados no hay tantos, entre ellos estaba el doctor (Pablo) Beteta, pero no lo contratamos”, dijo Rodríguez, quien no supo decir si Riguero llega o no a los juzgados a litigar, y admitió que el militar no está representado en el juicio contra los ancianos.

“Él ve la estrategia”, argumentó el gerente de Asesoría Jurídica del BCN.

El contrato fue firmado el 25 de abril de 2005, entre Riguero y el entonces gerente general del BCN, Mario José Flores Loáisiga y se pactó un precio de 244,971.88 córdobas, “monto de acuerdo a la Ley de Aranceles Judiciales y que incluye todos los impuestos de ley, ya sean estos fiscales, municipales o de cualquier otra índole”, dice el contrato.

Riguero, según los términos de referencia del contrato, debía laborar temporalmente como abogado del banco para asesoramiento general y continuo sobre tres casos específicos que fueron interpuestos en contra el banco.

Esos casos judiciales correspondían a una demanda interpuesta por Juan Carlos Gutiérrez, quien demandó al banco por un monto de 2,771,832.50 córdobas; un caso relacionado a la demanda interpuesta por 12 jubilados que reclaman 1,678,664.97 córdobas en concepto de indemnización, y el caso de José Márquez Zeas, quien demandó al BCN por 1,375,248 córdobas.

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