Silvio Méndez-Navarrete
El análisis político nicaragüense se vuelve complejo cuando abordamos el debate de la escogencia de sus líderes futuros. Si después de haber revisado el inventario disponible se perciben deficiencias en el sistema de actores y deformaciones en sus patrones de comportamiento, se podrá evaluar la calidad de la sociedad política desde una perspectiva que declina buscar la causa de crisis en la democracia y focalizar inquietud analítica en contenido y términos del ejercicio de la actividad política. La crisis no es de la democracia sino la política en la democracia. La solución está en mejorar su calidad política, más que en ingeniería institucional, dotándole de más ética y capacidad al accionar político.
Equiparando como sinónimos baja calidad a falta de capacidad, denunciamos que la actividad política no agota todo el potencial que le ofrece la sociedad democrática nicaragüense; por ejemplo: ¿Qué capacidad instalada de cambio puede tener un sistema democrático que no cuenta con liderazgos en el gobierno o partidos políticos comprometidos con la realización de las transformaciones necesarias? ¿Qué capacidad de gobierno tiene una democracia si los actores estratégicos no cuentan con visión clara hacia donde debe avanzar el proceso histórico? ¿Qué capacidad de decisión posee un sistema político donde la decisión de los actores es errática? ¿Qué duración tendrán en tiempo, políticas públicas que no están fundadas en acuerdos que se le deben subordinar las pretensiones singulares de cada actor? ¿Qué clase de continuidad institucional se garantiza si las pretensiones de un actor exige no atender la demanda de los otros?, ¿Qué tipo de contenido institucional tendrá la convivencia si la afirmación de identidad de un actor demanda negación de los otros? Y, ¿qué capacidad de construir poder político existe en una sociedad en que la confrontación anula o debilita la capacidad de decisión que tiene el gobierno? La respuesta traslada la atención del análisis al activismo político y demuestran que el estudio de la democracia para ser conducente debe trascender lo formal y ha de hacer que la discusión aterrice en el campo de la política.
Democracia es descalificada por varias razones, algunas de ellas vinculadas a la insatisfacción social originada en bajo rendimiento del sistema económico nacional, la incapacidad demostrada por las instituciones judiciales y políticas de proveer justicia y seguridad ciudadana como bien colectivo accesible y garantizada para todos, así como desavenencias derivadas de la lucha por el poder y conflictos sociales no resueltos. En la presente coyuntura, la vida y la libertad de la población está amenazada, amedrentada y arrebatada por grupos criminales que actúan al margen de la ley, sin inhibiciones y sin temor, por no percibir la posibilidad de ser aprehendidos y castigados con penas más severas.
La libertad es la madre del orden social y la seguridad, condición previa sin la cual queda desprotegida jurídicamente la comunidad. Ambos términos, libertad y seguridad, se implican mutuamente. El político debe garantizar la vigencia de estos bienes jurídicos en el Estado de Derecho, significando que libertad no se ejerce en un ambiente inseguro y que la seguridad no puede ser impuesta aboliendo el derecho a la libertad.
Estos pensamientos infieren la necesidad impostergable e insustituible que los sistemas democráticos tengan élites pluralistas, sin arrogancia, comprometidos y subordinados a mandatos de la democracia. Por ello, es tarea pendiente de la teoría política, elaborar fórmulas que combinen los principios de la mayoría con sistemas meritocráticos que facilite la consolidación de liderazgos fundados en el mérito y en el apoyo popular.
Hay que advertir las implicancias nefastas que comprenden contar con élites de gobierno sin ética actuando en un ambiente de cultura política desprovista de sensibilidad. En esta situación, la debilidad de la élite se refuerza con la deficiencia social, haciendo que la vida política sea cada vez más amoral e incluso inmoral.
Se deben elevar los estándares de elección con destrezas morales, psicológicas e intelectuales para encarar la misión de gobernar. Virtudes como entereza, paciencia, persistencia, seriedad y compromiso, resolución, moderación y prudencia son necesarias ante dificultades y oportunidades. Para desarrollar estas cualidades hay que bosquejar nuevas formas de selección y alentar las exigencias de niveles éticos más elevados. Debe convertirse en una doctrina fundamental del Estado Democrático de Derecho la idea de que los políticos electos y los funcionarios de alto rango tienen que ser superiores en virtudes y moralidad, una clase gobernante capaz de desarrollar una lógica común que le permita en función de gobierno, actuar colectivamente y pensar en términos éticos históricos.
El autor es ingeniero, candidato PhD Ciencias Políticas.
