Emilio Porta [email protected]
Algunos dirigentes sindicales han anunciado que se opondrán a la aceleración de la implementación de la autonomía escolar, pues consideran que con ello se acabará con la gratuidad de la educación pública de Nicaragua.
Al respecto, es importante aclarar que la Ley de Participación Educativa en su Artículo 16 expresamente prohíbe cobros de cualquier índole en los centros educativos y que el MECD desde hace varios años ha realizado campañas de comunicación y auditorías en las escuelas, con el fin de evitar que ningún estudiante pueda ser excluido de un centro estatal por razones económicas. Si bien es cierto, en algunos centros escolares se han detectado anomalías, hay que reconocer que el espíritu de esta política no es la privatización de la educación pública, sino el mejoramiento de la calidad educativa y el involucramiento de los padres de familia en el quehacer de las escuelas. Varias investigaciones han demostrado que estos objetivos se están alcanzando.
A finales del 2004, junto con Gustavo Arcia y José Ramón Laguna, realizamos la cuarta investigación de una serie de estudios que tenían por objetivo evaluar el impacto que ha tenido el proceso de autonomía escolar en términos de: participación de la comunidad, aspectos pedagógicos, administrativos y rendimiento académico de los estudiantes. Consistente con los resultados que se han venido observando desde 1993, encontramos que: en las escuelas de participación educativa se ha logrado una efectiva participación de los padres de familia en la gestión escolar y que en ellas se realizan regularmente procesos de rendición de cuentas, que fomentan la transparencia y el empoderamiento de los padres de familia. De la misma forma, se destaca el hecho que en los centros públicos que se encuentran en el régimen de participación educativa se observan menores tasas de deserción y repitencia escolar que en los centros centralizados. En lo que respecta al rendimiento académico, el estudio demuestra que para el caso de la asignatura de Español se evidencia una relación lineal positiva entre el rendimiento de los estudiantes y el tiempo que tiene el centro escolar de haberse incorporado al régimen de participación educativa.
Estos alentadores resultados son apreciados por la comunidad educativa que ha participado en el proceso. La mayoría de los padres de familia consultados en el estudio manifestaron que la autonomía sí estaba cumpliendo con sus expectativas y más del 70 por ciento de los miembros de los consejos escolares dijeron apoyar la implementación de esta política.
Es lamentable observar que en el 2005 el proceso de incorporación de escuelas al régimen de participación educativa se vio estancado y que algunos dirigentes sindicales se oponen a la reactivación del mismo. Mientras en el 2004 se incorporaron más de 1,000 escuelas al régimen de participación educativa, en el año recién pasado prácticamente no se registraron incorporaciones. Esta situación, además de perjudicar la eficiencia y calidad del sistema educativo, podría poner en riesgo el desembolso de recursos provenientes de la cooperación internacional. El MECD en su Plan Común de Trabajo y en convenios de colaboración que el Gobierno suscribió con la Unión Europea y el Banco Mundial (PAPSE y PRSC respectivamente) se había comprometido a dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Participación Educativa y a concluir en el 2006 con la incorporación de todas las escuelas públicas al régimen de participación educativa.
Espero que en el 2006 el MECD retome con beligerancia el proceso de incorporación de escuelas al régimen de participación educativa y que no utilice como excusa los chantajes de aquéllos que atentan contra el buen desarrollo del sistema educativo para postergar el derecho que la ley le otorga a los padres de familia y a los estudiantes de participar en la gestión de sus escuelas.
El autor es Master en Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.
