- Fiscal Armando Juárez dice que no acusará mientras la Corte no revoque sentencia que liberó US$609 mil
- Magistrado Francisco Rosales llama negligente a la Fiscalía, por no acusar; sentencia no existe
Carlos Martínez Morán y Mirna Velásquez [email protected]
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es quien impide al Ministerio Público presentar cargos en contra los implicados en el caso de los “narcodólares”.
Así lo confirmó el fiscal especial Armando Juárez, designado para la investigación del caso, quien dijo que todavía no puede acusar porque —entre otras causas— la Corte no les ha enviado la certificación de la investigación que realizó sobre la sustracción de los 609 mil dólares.
La Corte tampoco ha remitido a la Fiscalía los expedientes sobre la actuación de los tribunales de Apelaciones de Masaya y de Managua en relación al mismo caso, indicó el fiscal.
Juárez dijo que hoy solicitará a la CSJ, certificación de las actuaciones de la comisión especial de ese Poder del Estado que investigó a jueces y abogados implicados en la sustracción del dinero, pues es una de las piezas claves al momento de sostener cargos en los tribunales.
Otro elemento que impide la presentación de la acusación, es que aún no ha sido revocado el proyecto de sentencia que dictó la Sala Constitucional de la Corte, y que permitió la salida del dinero y la excarcelación de la procesada Leyla Bucardo.
Según Juárez, esa sentencia es perjudicial para el Ministerio Público, debido a que sigue dándole un carácter legal a todas las actuaciones que se produjeron en la salida de los 609 mil dólares.
Consideró que este elemento podría ser usado por los acusados para restarle validez a las investigaciones que el Ministerio Público ha realizado.
“Vos me sostenés un cargo y yo tengo esa sentencia. Entonces, de entrada le pediría al juez que rechace esa acusación en mi contra por ser improcedente, debido a que existe una sentencia”, explicó Juárez.
Bucardo y su novio Luis Ángel González Largo (condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero), fueron detenidos por la Policía Nacional en abril de 2004, cargando 609 mil dólares que supuestamente utilizarían para comprar armas que serían vendidas en Colombia.
“Y aunque podás alegar como Ministerio que se trata de un hecho delictivo, la contraparte va a pedir que lo demuestre… ¿Y cómo se podría demostrar algo, si todo lo actuado sobre ese caso está legitimado por esa sentencia?”, cuestionó Juárez.
MAGISTRADO REFUTA
El presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, Francisco Rosales, refutó al fiscal Juárez y argumentó que desde el instante mismo en que los magistrados que conforman esa Sala dijeron que no existe tal sentencia, en ese momento la Fiscalía y la Policía Nacional debieron haber actuado y proceder a la captura de Leyla Bucardo, quien consiguió su libertad con el falso documento.
“Si el fiscal (Juárez) está ratificando que (Javier Antonio) López Poveda no ha firmado ningún recurso y sabe que no hay recurso, ¿por qué el fiscal no acusa?; sencillamente la Policía, la Fiscalía y el Tribunal de Apelaciones en su negligencia absoluta se han quedado ahí”, sostuvo Rosales vía telefónica.
López Poveda declaró desde el inicio de las investigaciones que su cédula de identidad fue utilizada para tramitar la salida de los 609 mil dólares, y dado que nunca ha presentado ningún tipo de recurso en ese sentido, todos los escritos que se introdujeron en su nombre, son falsos.
“Desde el instante mismo en que la Sala Constitucional dice que no hay sentencia y que hay un procedimiento anómalo para la obtención precisamente de esa libertad, quedan en plena libertad la Fiscalía, el Tribunal de Apelaciones y la Policía, para meterlos presos (a los implicados) (…) No se han pronunciado sobre el caso a sabiendas de que no había una resolución”, dijo el magistrado
NO HAY SENTENCIA
Rosales insistió en que no existe tal sentencia, porque está plenamente demostrado que el procedimiento de formación del documento en cuestión fue anómalo y recordó que presentó dos proyectos de resolución para ponerle fin al tema de la falsa sentencia, pero los magistrados liberales no han querido firmar.
“Los liberales, para poder obtener beneficio para (Arnoldo) Alemán y bajarle los 20 años con el cuento de que no hay lavado (de dinero) se han negado a firmar mis dos proyectos de sentencia”, apuntó Rosales.
Para el fiscal es importante que se defina la situación, porque mientras la Corte no revoque esa sentencia, la institución no presentará cargos contra ninguno de los involucrados en el caso.
“Sería como botar todo el trabajo, el esfuerzo realizado durante muchas horas”, expresó.
Reiteró que el Ministerio Público ha logrado avanzar en las investigaciones, pero rehusó revelar más detalles, por razones de estrategia.
Tampoco quiso proporcionar la identidad de las personas que serían acusadas en los tribunales de justicia.
MÁS ENTREVISTAS
El fiscal Juárez dijo que en el transcurso de esta semana volverán a la Corte Suprema para entrevistar nuevamente a los magistrados de la Sala Constitucional que firmaron el proyecto de sentencia. Ellos son los magistrados Rogers Camilo Argüello, Rafael Solís, Dámisis Sirias, Francisco Rosales y Guillermo Selva.
Las entrevistas serán por separado, porque, según Juárez, le permitirá visualizar y separar a través de sus declaraciones, los argumentos que corresponden a la parte jurídica y aquellos que son simulados.
Juárez consideró importante determinar la participación del presidente de la Corte, Manuel Martínez Sevilla, quien firmó el cheque para la sustracción de los 609 mil dólares.
REVOCARÁN AMPARO
La Sala Constitucional revocará hoy el recurso de amparo que el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) admitió la semana pasada a favor de cuatro jueces sancionados y suspendidos en sus funciones por su participación en la trama de los “narcodólares”, dijo ayer el magistrado Francisco Rosales.
Magistrados sandinistas de la Sala Civil Dos de Apelaciones accedieron a tramitar el recurso de amparo y ordenaron la suspensión de los efectos que produce una resolución de la Corte en la que los sancionan con la suspensión de sus cargos por su participación en el caso.
“Vamos a revocar la suspensión del acto, vamos a ver si sale también la sentencia. Yo estoy citando para ambas cosas, vamos a ver si sale. Si no sale mañana, tiene que salir el miércoles, pero esto se resuelve en esta semana”, declaró Rosales.
DEFIENDE AMPARO
Gerardo Rodríguez, uno de los magistrados que recientemente firmó el amparo a favor de los jueces que participaron en la salida de los “narcodólares”, dijo que éstos tienen el derecho constitucional a recurrir de amparo, aunque hayan sido sancionados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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