Peña en la mira de Fiscalía

Carlos Mario Peña, ex Juez Suplente del Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua, es la persona que habría promovido la trama para la sustracción ilegal de los 609 mil dólares, mediante recursos de exhibición personal. Este es el hallazgo más reciente que hizo el Ministerio Público en su investigación sobre el escándalo que ha sacudido al Poder Judicial.

El fiscal a cargo de las investigaciones, Armando Juárez, informó ayer de las sospechas sobre la autoría intelectual de Peña, suspendido de sus funciones como juez y como defensor público.

Juárez inició esta semana un ciclo de entrevistas a varias personas implicadas de alguna manera en el caso conocido como “los narcodólares”.

Los 609 mil dólares robados en agosto pasado se encontraban en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y habían sido incautados en abril del 2004 a los procesados Luis Ángel González Largo, también identificado como Jorge Eliécer González Hernández y su novia, Leyla Bucardo, ambos procesados y condenados a prisión por lavado de dinero.

El ciclo de re-entrevistas a los implicados en la trama jurídica, incluyó a José Antonio López Poveda, de quien utilizaron su identidad para tramitar la libertad de los reos y la salida del dinero, mediante la introducción de un recurso de exhibición personal en la Corte.

“Se ha logrado determinar que fue el señor Carlos Mario Peña quien hizo la solicitud al recurrente (Javier Antonio López Poveda)”, explicó el fiscal al referirse al recurso de exhibición personal a favor de Bucardo.

Juárez detalló que en los últimos días la investigación se ha centrado en determinar la identidad de la persona que habría promovido el recurso de exhibición personal que dio lugar a la sentencia dictada en la Sala Constitucional de la CSJ y que permitió la excarcelación de Leyla Bucardo y la salida del dinero.

López Poveda fue entrevistado la mañana de ayer en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional y también se espera que hoy mismo, Peña comparezca a la nueva citatoria hecha por el Ministerio Público.

PEÑA DICE NO SABER NADA

Carlos Mario Peña dijo, vía telefónica, que no tuvo participación en el caso y “no sé nada y ya está, y punto”.

Afirmó que están fraguando algo en su contra y buscará a López Poveda para que le explique la situación.

“Si hubiera sido cierto no tengo porqué negarlo, porque como abogado puedo ser contratado para hacer cualquier tipo de recursos (…), no es ningún delito”, apuntó.

Peña señaló que “sólo de nombre” conoce a López Poveda, sin embargo LA PRENSA conoció que existe un vínculo matrimonial entre López y la señora Karla Cruz Salgado, quien es pariente de la esposa de Carlos Mario Peña.

Al inicio de las investigaciones periodísticas, López Poveda aseguró a LA PRENSA que el 9 de agosto del 2005 autorizó a un familiar a usar su número de cédula y nombre para introducir un recurso de exhibición personal en el Tribunal de Apelaciones de Masaya. Sin embargo ayer, al ser entrevistado por segunda vez, señaló que realizó esa gestión a solicitud del ex juez Peña.

Después de este acto, el nombre de Poveda siguió siendo usado en varios trámites en la CSJ pero se detectó la falsedad de los documentos, porque en cuatro de ellos se usaron firmas distintas.

Según el fiscal Juárez, la revelación es una pieza muy importante en las pesquisas, porque ya se ha logrado determinar al autor intelectual de la trama.

Peña también fue captado por las cámaras del circuito cerrado del banco donde fue retirado el dinero, acompañado de su hijo Carlos Roberto y el juez Julio Morales y Sergio Ramón Meléndez Aguilar.

El ex juez afirmó que aún no ha sido citado, pero en el caso de que lo necesiten, acudirá por segunda vez al llamado.

“Que me manden a llamar, no me voy a dejar llevar por ningún chisme de lo que diga la Fiscalía”, expresó.

USARÁN FUERZA

Meléndez Aguilar ha sido citado en varias ocasiones para ser entrevistado pero no ha comparecido y se espera que hoy se presente a declarar para que explique su participación en el caso, usando dos poderes falsos que supuestamente le habrían otorgado los reos.

El fiscal advirtió que de no presentarse a la cita, podría ser usada la fuerza pública para obligarlo a comparecer. Meléndez ha sido buscado en varias direcciones, infructuosamente.

FISCALÍA SE OPONE A APELACIONES

El fiscal Juárez dijo que se sienten afectados por la resolución de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, en la cual admiten un recurso de amparo en contra de una sentencia de la CSJ y a favor de los jueces que fueron suspendidos en sus cargos por su participación en el caso.

“Nosotros nos sentimos afectados por esa resolución, porque el hecho de que admitan el recurso es una situación muy importante puesto que es la Sala Constitucional de la CSJ la que deberá resolver esto”, señaló Juárez.

Adelantó que hoy mismo introducirán un escrito ante esa judicatura, tratando de salvar esa situación, para frenar cualquier situación que pueda surgir para favorecer a los implicados.

CAOS EN LA CORTE

Los cuatro jueces suplentes de Managua que fueron sancionados con la destitución de sus cargos por su participación en la operación fraudulenta que permitió el “robo” de 609 mil dólares, apelaron la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que son destituidos de sus cargos y con esto, los magistrados se encuentran frente a un nuevo escenario que les obliga a “tocar” doblemente el caso.

Moisés Rodríguez Zelaya, suspendido de su cargo de Juez Suplente Cuarto Local Penal de Managua, informó que antes de que los funcionarios judiciales salieran de vacaciones en la semana previa a la Navidad, apelaron de la sentencia de la Corte, alegando que fueron violados sus derechos constitucionales, procesales y los establecidos en la misma Ley de Carrera judicial, al ser destituidos de sus cargos como jueces e inhabilitados en sus funciones de abogados y notarios.

La situación en la Corte se volverá más compleja, porque el Tribunal de Apelaciones de Managua recientemente admitió un recurso de amparo contra la decisión de la CSJ a favor de los jueces sancionados y el caso deberá pasar al conocimiento de la Sala Constitucional del Supremo Tribunal.

Antes de la Navidad, magistrados sandinistas de la Sala Civil Dos de Apelaciones admitieron el recurso de amparo y mandaron a suspender la decisión de la misma Corte, escenario que jurídicamente es ilógico, puesto que un tribunal inferior no puede pasar por encima del máximo tribunal, de acuerdo con algunos juristas consultados.

El procurador Alberto Novoa expresó que la Sala Civil Dos “desbarató” lo que su superior, en este caso, la Corte Plena, había ordenado al suspender a los jueces que participaron en la trama.

“Esto (el amparo) se enmarca dentro de toda una serie de situaciones poco transparentes en las cuales se han tratado de encubrir unos a otros la desaparición de los 609 mil dólares”, dijo Novoa.

Según el destituido juez Rodríguez Zelaya, la admisión del amparo no sólo le restituyó sus funciones como abogado y notario sino también puede seguir ejerciendo su función como juez.

Uno de los juristas consultados explicó que la decisión de Apelaciones es una trampa para suspender el acto administrativo o la destitución de los judiciales, lo que va a crear un caos dentro de la Corte debido a que, en estricto sentido jurídico, los catorce magistrados firmantes de la resolución que impone las sanciones están siendo desautorizados por un tribunal inferior.

Otras fuentes ligadas al caso, aseguran que la Corte deberá ser integrada con los conjueces, porque todos los magistrados han emitido opiniones en el caso y esto les impide resolver estos dos nuevos recursos, sin embargo no existe un procedimiento para que los conjueces sean llamados para resolver ningún caso ni existen antecedentes para que puedan ser integrados a la Corte.

SENTENCIA “VIVITA”

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia continúa sin anular la sentencia que permitió la salida de los 609 mil dólares y la excarcelación de Leyla Bucardo, novia de Luis Ángel González Largo, quien es acusado por el delito de lavado de dinero.