- Acusa a líderes por un conflicto de propiedad en Bonanza
José Garth MedinaCORRESPONSAL/TRIÁNGULO [email protected]
Varios líderes de la comunidad de Besubio, en el municipio de Bonanza, enfrentan una acusación por el supuesto delito de injurias y calumnias que promueve el Juez Penal de Juicio de Siuna, Victorino Estrada Flores, con quien mantienen un conflicto por una propiedad.
Ambas partes aseguran ser dueños legítimos de una propiedad de 177 manzanas en esa comunidad, asentada sobre el cerro del mismo nombre, ubicado a 15 kilómetros al noroeste de Bonanza.
Estrada Flores dijo a LA PRENSA que decidió demandar a los líderes comunitarios por que supuestamente ofendieron a su familia en diferentes gestiones que realizaron los acusados ante autoridades judiciales, al afirmar que usurparon la propiedad en la comunidad del Besubio.
“Nuestra familia ha trabajado de sol a sol para comprar la propiedad en Besubio, somos una familia honesta y honrada por lo que vamos a utilizar las vías correspondientes para demostrar que la propiedad la adquirimos legalmente”, dijo el judicial.
LOS ACUSADOS
Los acusados son Absalón Toledo Mendoza, presidente de la Cooperativa de Mineros Artesanales de Bonanza (Minarbon); Fulgencio Rocha Rodríguez, líder católico y directivo de la comunidad; y Juan Ramón Duarte Castro, facilitador rural de justicia y directivo comunal; quienes en un primer momento fueron apresados por órdenes del juez local de Siuna, luego de que no se presentaran a declarar cuando fueron citados.
Estrada ha presentado como principales testigos de la parte acusadora a miembros del Poder Judicial del Triángulo Minero: la juez único local de Rosita, Ana Cecilia Oviedo; la juez suplente de Bonanza, Jessica Chow Ramírez; la juez de Distrito Civil de Siuna, Jacqueline Toruño; y la secretaria del Juzgado de Distrito Penal, Anabel Medina Jarquín, entre otros.
La acusación está radicada en el Juzgado Local de Siuna, presidido por el juez Mario Mendoza Lanzas, quien admitió la acusación pese a la oposición de la defensa de los líderes comunitarios, quien expuso la falta de competencia territorial para conocer la causa, ya que sus defendidos son originarios de Bonanza y fue en ese municipio donde presuntamente se cometió el delito.
Este juez fijó para el 5 de enero el juicio oral y público y suspendió en sus funciones al facilitador de justicia, Duarte Castro, mientras dure el proceso en su contra.
«QUIEREN CALLARNOS»
“El sistema está viciado, tenemos a todo el Poder Judicial de Las Minas cerrando filas en contra de la comunidad, quieren callar a los líderes comunitarios que han reclamado su derecho en diferentes instancias buscando solución al conflicto de propiedad que tienen con el Juez del Distrito de Siuna”, dijo el abogado defensor de la comunidad de Besubio, Juan Ramón Flores.
“No es posible que valiéndose del cargo de juez de juicio del Distrito Penal se atropellen los derechos de los líderes comunales”, indicó Flores, quien aseguró que apelarán la decisión del juez local de Siuna y pedirán que la misma sea trasladada al Tribunal de Apelaciones del Atlántico Norte en Puerto Cabezas.
Los güiriseros aducen ser dueños del cerro Besubio, amparados en documentos extendidos por las autoridades del Gobierno Municipal, el INRA y miembros del Consejo Regional, así como documentos que otorgó la empresa minera Hemconic en 1997.
En tanto, el juez Estrada alega sus derechos amparado en una cesión de derechos reales otorgada por su hermano Antonio Estrada Flores (q.e.p.d.), por un monto de 80 mil córdobas. Éste último le compró a Kelito MacDavis Emiliano 177 manzanas por la suma de 50 mil córdobas.
TEMEN FRICCIONES CON LA OEA
Una fuente que prefirió el anonimato aseguró a LA PRENSA que un magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) solicitó al juez local de Siuna, Mario Mendoza Lanzas, liberar a los líderes comunitarios y que se abstenga de conocer la causa promovida por el juez Victorino Estrada.
La razón es porque entre los acusados se encuentra un facilitador rural de justicia, lo que podría generar fricciones entre el Poder Judicial y la Organización de Estados Americanos, que financió el proyecto de los facilitadores rurales de justicia.
Juan Ramón Duarte Castro, el facilitador de justicia en cuestión, dijo a la PRENSA que fue demandado porque planteó el problema de propiedad de su comunidad en una reunión que se realizó en Rosita, ante la judicial Ana Cecilia Oviedo, y esto ha sido considerado como un delito por Estrada.
En Bonanza, los güiriseros, el párroco de la Iglesia Católica, Fernando Zamora, y el Comité de Desarrollo Municipal reaccionaron molestos por la acción que tomó Estrada Flores y anunciaron que apoyarán a la comunidad hasta que se logre una solución al conflicto.
