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La Policía Nacional está imposibilitada de actuar de oficio para evitar que quede sin responsabilidad algún funcionario judicial que pudiera estar implicado en la sustracción de los 609 mil dólares incautados a Luis Ángel González Largo, preso por el delito de lavado de dinero.
El ministro de Gobernación, Julio Vega, recordó que en este caso la Policía Nacional lo que hace es auxiliar a la Fiscalía para recabar las pruebas. Pero quien tiene que hacer la valoración final es la Fiscalía.
“No le corresponde a la Policía hacer una valoración de los casos, únicamente aportar las pruebas que en este caso solicita la Fiscalía”, dijo Vega.
El viernes, la secretaria ejecutiva del Ministerio Público, Delia Mercedes Rosales Sandoval, restó autoridad a las declaraciones del fiscal Armando Juárez, quien el miércoles absolvió de toda responsabilidad al magistrado Rogers Camilo Argüello y resto de miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) involucrados en la sentencia que permitió la fuga de los dólares. Las declaraciones de Juárez fueron vertidas después de una entrevista con los funcionarios judiciales.
Rosales afirmó que las declaraciones de Juárez fueron apreciaciones a título personal. Juárez es el funcionario delegado por el Ministerio Público para investigar las irregularidades que se cometieron en la sustracción de los dólares de una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia.
Consultado el titular de Gobernación sobre estas diferencias internas en la Fiscalía, respondió que en muchas ocasiones han advertido que “hay muchas instituciones que están siendo aquí víctimas de los intereses políticos partidarios, y de esa manera, desde luego, no estamos dando ninguna seguridad a la ciudadanía”.
“A las instituciones que me refiero son todas aquellas que en algún momento dejan de atender los intereses nacionales por atender los intereses partidarios y todos estamos en algún momento expuestos a eso, y sí tenemos que ser cuidadosos por la defensa de la honra de los ciudadanos también que demandan más justicia”, fue la respuesta de Vega al referirse al caso.
El ministro de Gobernación manifestó que las fuerzas públicas deben respetar el debido proceso, lo que implica que será la Fiscalía la que determinará cuál es la situación en que se encuentra ese magistrado y determinar ante el Juez, cuáles son los hallazgos encontrados, dependiendo de las investigaciones.
