Agenda en blanco

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Agenda en blanco

América Latina descansa sobre una inédita solidez macroeconómica, perosin el replanteo de una nueva etapa de reformas que aceleren el crecimiento

Gustavo Stok
Buenos Aires, Argentina

De pronto, la cotización de los bonos de la deuda externa brasileña comenzó una carrera inesperada hacia las alturas. Un par de horas antes del cierre de los mercados, el 21 de noviembre pasado, el Global 2040, el título más operado entre los emergentes, abandonó su comportamiento estable para iniciar una veloz escalada que concluyó con un precio récord de US$122.9. La mano invisible que empujó el rally alcista fue la de David Beers, director ejecutivo del área de análisis soberano de la calificadora Standard & Poor’s. “Brasil nunca estuvo tan cerca de alcanzar el investment grade (o grado de inversión)”, dijo en un evento organizado por la Cámara de Comercio Americana en São Paulo.

Beers justificó su confianza no sólo en los sólidos datos de la macroeconomía brasileña. Para él, esta vez la política no volverá a meter la cola. Con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuatro años más en el Palacio de Planalto o con el triunfo del opositor José Serra en las elecciones de octubre próximo, continuará invariable el actual rumbo económico que tiene como coordenadas maestras baja inflación y fuertes superávit fiscal y comercial.

En el espejo de Brasil puede reconocerse buena parte de América Latina. En los próximos 11 meses, además de Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, México, Nicaragua, Ecuador y Venezuela elegirán Presidente. Gane quien gane, en la mayoría de los países los vientos de continuidad soplan más fuerte que los de cambio.

Con las excepciones de Venezuela y la siempre impredecible Bolivia, la confluencia hacia posiciones moderadas, tanto desde las fuerzas de izquierda como de derecha, abre las puertas a una etapa inédita en América Latina: la de alternancias con hilos de continuidad en las políticas de fondo, tal como sucede en las democracias avanzadas.

Es una buena noticia. El consenso en ciertos principios macroeconómicos es útil para aportar mayor grado de previsibilidad y gobernabilidad, dos bienes históricamente escasos en la región. El problema es que la región está confundiendo ese punto de partida con la línea de llegada. “Pasamos de discutir todo a no discutir nada”, dice Sebastián Briozzo, analista de riesgo soberano de S&P, en Nueva York. “Hay países, como Bolivia, que ya no tienen más tiempo para esperar mejoras en sus índices sociales: hay que agilizar el debate y encontrar las formas para crecer más rápidamente”.

APURAR LA MARCHA

La necesidad de apurar la marcha está basada en datos concretos. Si sigue ayudando el escenario internacional de bajas tasas de interés y altos precios para los commodities que exporta la región, los analistas coinciden en que América Latina crecerá en torno al cuatro por ciento el año próximo. Ese salto, menor al registrado en 2004 y 2005, implicará un aumento del ingreso per cápita de cerca del dos por ciento. Es un crecimiento insuficiente para reducir la pobreza que afecta a 213 millones de latinoamericanos —el 40.6 por ciento de la población, según datos de Cepal—. Aun con el fuerte rebote desde el fondo del pozo de las economías argentina, venezolana y uruguaya y los sólidos desempeños del resto de la región, en los últimos dos años los altísimos niveles de desigualdad se consolidaron y el número de pobres se ha reducido muy lentamente: de hecho, registraron una caída de sólo el 6 por ciento sobre el total de 2003.

NUEVA AGENDA

El panorama es claro. “La mera continuidad de las políticas monetarias y fiscales es insuficiente para América Latina”, dice José María Barrionuevo, director de Estrategias para Mercados Internacionales de Barclays Capital, en Nueva York.

“Si los países de la región logran mantener la inflación baja, será cada vez más evidente la necesidad de emprender nuevas reformas”. Ahora bien, ¿hacia dónde debería apuntar la nueva agenda latinoamericana? Los economistas reunidos en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, España, en octubre pasado, empezaron a sacarle punta a ese debate. Con el chileno Sebastián Edwards, de la Universidad de California, y el venezolano Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard, entre sus integrantes, el grupo lanzó un menú de reformas destinado a acelerar el crecimiento económico.

Entre otras propuestas, incluye acciones para mejorar la calidad institucional democrática; la necesidad de realizar fuertes inversiones en educación y salud para ampliar la igualdad de oportunidades y reducir la brecha social; mayor integración regional, especialmente en proyectos de infraestructura y comunicaciones; promoción de exportaciones innovadoras que repercutan sobre el conjunto del aparato productivo; más infraestructura mediante nuevos mecanismos que involucren a los sectores público y privado y promuevan un papel más activo de los organismos multilaterales; impulso a políticas contracíclicas; flexibilidad cambiaria y desdolarización financiera.

La agenda de Salamanca da un paso más hacia la redefinición del papel del Estado. Lejos de su omnipresencia de los 70 y 80 y su casi ausencia de los 90, ese nuevo rol está vinculado a, por ejemplo, el fortalecimiento de medidas antimonopolio y procompetencia; simplificación burocrática y tributaria; elaboración de estrategias eficientes y de largo plazo en educación y salud; diseño de políticas ambientales y de sustentabilidad; mecanismos para consolidar el ahorro interno, y facilitar el comercio y funcionamiento de las empresas.

Son aportes al debate. El problema es que, con las economías latinoamericanas empujadas por el viento de cola global y sin crisis a la vista, los principales líderes políticos no ven la necesidad de abordar esas asignaturas y replantear una nueva agenda de desarrollo. Ni siquiera en Chile, donde el consenso sobre las políticas macroeconómicas ya cumplió varios años y es dable esperar un nuevo envión al proceso de reformas, hay una discusión profunda sobre cómo se sostendrá el crecimiento promedio del PIB del seis por ciento, el piso desde el que se elaboraron los programas presentados por la oficialista Michelle Bachelet y los opositores Sebastián Piñera y Joaquín Lavín.

En todo caso, los déficit chilenos son menores frente a los desafíos que tiene por delante un país como México. Si bien la apertura económica y solidez financiera alcanzadas en los últimos años se mantendrán independientemente de quien resulte electo, un poder político dividido en tercios y un Congreso atomizado amenazan con postergar sine die reformas clave.

Para peor, la prohibición de la reelección de diputados y senadores, que impide contar con un Congreso más profesional, además del costo que supone el aprendizaje de 500 diputados y 128 senadores cada seis años, suma otro freno a los cambios. Esa falta de gobernabilidad legislativa, sumada a la inhabilidad política del presidente Vicente Fox para anudar acuerdos, abortó el proceso de reformas en México durante los últimos cinco años.

¿Cambiará ese panorama tras las elecciones del próximo dos de julio? Si el dinosaurio se mantiene vivo y triunfa Roberto Madrazo, representante de la vieja guardia del PRI, los cambios probablemente seguirán demorados.

“Madrazo (en el gobierno) estará permanentemente traicionado por el gen autoritario”, dice Agustín Llamas Mendoza, director de entorno político y social de la escuela de negocios Ipade, en Ciudad de México. “Habría un restablecimiento del tráfico de influencias y se deseducaría a los empresarios en la cultura del riesgo (y la prescindencia de los negocios con el Estado)”.

En cambio, una nueva derrota del PRI podría terminar con la división del otrora partido hegemónico de México y patear el equilibrio político de los últimos años. Tanto Felipe Calderón, el candidato del oficialista PAN, como Andrés Manuel López Obrador, del centroizquierdista PRD, podrían recibir a la legión de dirigentes priistas deseosos de refugiarse al calor del poder. Ese escenario podría acelerar el proceso de reformas si Calderón demuestra más cintura política que Fox y —menos probablemente— si López Obrador cambia su discurso populista una vez en el poder.

SED DE REELECCIONES

En todo caso, México no tiene mucho tiempo para esperar. Sin reformas clave como la energética e impositiva, el país terminará por consolidar un crecimiento mediocre. Según la OCDE, el PIB mexicano crecerá 3.9 por ciento en 2006 y 3.5 por ciento en 2007. Ante ese panorama, quien pretende tomar el toro por las astas es Carlos Slim. El magnate convocó en septiembre pasado al llamado “Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, la Inversión y el Empleo”, mejor conocido como Pacto de Chapultepec, al que adhirieron desde los principales candidatos presidenciales hasta los más importantes empresarios del país.

Más allá de la pomposidad de su título, el documento es hoy una suma de obvios objetivos a alcanzar, aunque quizás pueda transformarse en cierto una vez en la mano de quien empujará cambios.

Por ejemplo, la insistencia de Slim para que la petrolera estatal Pemex sea respetada como una empresa con autonomía de gestión es un dato que no pasa inadvertido para los candidatos a suceder a Fox. Aunque, claro, llevar esas palabras a los hechos implicará —otra vez— abordar los cambios pendientes. Para liberar la carga de Pemex, que aporta a los ingresos generales del país el equivalente al 8.5 por ciento del PIB, México deberá encarar una profunda reforma impositiva que la lleve a incrementar sustancialmente su tasa de ingresos fiscales del 18.5 por ciento del PIB en 2004, según la OCDE, una de las más bajas del mundo.

EL PRESIDENCIALISMO

Lejos de las incertidumbres de México, en Venezuela nada augura sorpresas. Con una Constitución redactada a su imagen, el precio del crudo financiando su populismo y una oposición inepta para ofrecer una alternativa, Hugo Chávez seguirá sucediéndose a sí mismo. Aunque lejos de las tendencias autoritarias del líder bolivariano, quien anunció que pretende atornillarse al poder por tres décadas más, el tradicional culto al presidencialismo en América Latina sigue demostrando que está lejos de emprender la retirada.

De hecho, dos terceras partes de los países de la región —este año se sumaron a esa lista Colombia y Costa Rica— permiten que un Presidente vuelva a ocupar el cargo de inmediato o después de un período de gobierno. Para los analistas, además de incrementar los riesgos de liderazgos personalistas y hegemónicos en sistemas muy presidencialistas, la sed reeleccionista distrae a los gobiernos de los que debieran ser sus objetivos centrales.

“Mientras (el presidente de Colombia) Álvaro Uribe se ocupaba de sacar adelante la ley de reelección, quedaron pospuestas algunas reformas estructurales clave, como la de pensiones y tributaria”, dice Rafael González, analista de la calificadora BankWatch Ratings, en Bogotá. “Esperemos que ahora los cambios necesarios tomen impulso nuevamente, pero soy pesimista: los temas de la agenda electoral son de corto plazo e insuficientes para intentar revertir la pobreza y el desempleo”.

El problema es que si los avances macroeconómicos se agotan en sí mismos, las dramáticas condiciones sociales de la región se perpetuarán y se repetirán crisis institucionales como las sufridas por Bolivia y Ecuador en los últimos años. Ellas darán aire a la aparición de candidatos antisistema, como Ollanta Humala, un ex teniente coronel peruano que crece en las encuestas merced a su llegada a los sectores empobrecidos con un discurso ultranacionalista de tintes fascistas.

El ejemplo de Perú es claro. Con un crecimiento estimado del PIB del seis por ciento para este año, alza del 10 por ciento de la inversión privada en el primer semestre de 2005 y una calificación de deuda próxima a igualar los niveles de Chile y México, el país luce brillantes cifras macroeconómicas. Pero el cuadro social apenas varió, pues la pobreza cayó del 54.3 por ciento en 2001 a 51.6 por ciento en 2004. “Está claro que llegó la hora de las reformas micro”, dice Elmer Cuba, economista principal de la consultora Macroconsult, en Lima. “El problema para los políticos es que ya no podrán mostrar goles de media cancha, como reducir la inflación, por ejemplo, del 1,000 por ciento al 10 por ciento: ahora la cuestión pasa por mejorar el logro escolar o la nutrición infantil, temas que nunca son portadas de los diarios”.

TRANSPARENCIA Y CRECIMIENTO

Con más o menos luces apuntándole, lo cierto es que urgen las reformas que agilicen el crecimiento. Brasil es el caso más evidente. La política de austeridad del gobierno de Lula redundó en buenos fundamentos: alto superávit fiscal primario, baja inflación, caída de los niveles de deuda externa, sólido crecimiento de las reservas internacionales y un impresionante incremento de las exportaciones, que este año alcanzarán US$117,000 millones, un 21 por ciento más que en 2004.

Ese crecimiento de las ventas externas fue la herramienta principal para reducir la tasa de desempleo del 13.06 por ciento en abril de 2004 al 9.6 por ciento en septiembre pasado. «Sería primordial evitar que el real sufra nuevas revalorizaciones y hasta incluso parece válido promover alguna desvalorización para que podamos viabilizar el crecimiento de las actividades económicas en un ritmo más acelerado», dice el economista Alberto Furuguem, ex director del Banco Central de Brasil.

Loable, pero ese escenario de buenos fundamentos no alcanza a traducirse en un vigoroso crecimiento. De hecho, tras la caída del 1.2 por ciento del PIB en el tercer trimestre, el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea), un órgano del gobierno, redujo su estimación del crecimiento para este año al modesto 2.6 por ciento. ¿Qué está fallando? La falta de reformas, otra vez. Sin meter mano en, por ejemplo, una urgente simplificación tributaria y la eliminación de los déficits previsionales de los sectores público y privado, Brasil no podrá reducir su pesada carga tributaria (equivalente a 37 por ciento del PIB) ni disminuir los intereses que, con una tasa estimada en 18 por ciento anual para fines de 2005, continúan siendo los más altos del mundo en términos reales.

Queda claro que descansar en los consensos macroeconómicos no alcanza. Y tampoco será suficiente avanzar en reformas económicas sin cambios que otorguen más independencia y eficiencia a las instituciones. De lo contrario, Brasil, como otros países de la región, seguirá topándose con periódicos escándalos institucionales. “La corrupción ha ganado lugar en la agenda latinoamericana, sobre todo en épocas preelectorales, pero muchos gobiernos todavía no han entendido que también es uno de los mayores obstáculos al desarrollo económico”, dice Silke Pfeiffer, directora regional de Transparencia Internacional, en Berlín.

En el último estudio de esta ONG que mide la percepción de la corrupción, América Latina obtuvo un pobre 3.5 sobre una puntuación ideal de 10. Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Guatemala son los países con los peores índices. El problema es grave, y para Pfeiffer podría tornarse peor si, como quedó expresado en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, toma cuerpo la tendencia desafortunada a hacer competir las agendas prodesarrollo económico con las de más transparencia y lucha contra la corrupción. “Hay que complementar ambas agendas”, dice Pfeiffer.

En ese menú no debe faltar una dosis de innovación para encontrar nuevas áreas de mercado y llegar a ellos con valor agregado y precios competitivos. “Hay varios desarrollos recientes de exportaciones no tradicionales que están siendo exitosos”, dice Briozzo, de S&P. “El crecimiento de las exportaciones de flores de la región andina o de la industria del software en Brasil, Argentina y Uruguay son buenos ejemplos del rumbo a seguir”. Ellos aún son casos aislados, pero si el debate acerca de cómo alcanzar un crecimiento más acelerado gana espacio en la región, será más fácil descubrir otros nichos y sectores a los que apuntar. El tiempo escasea y la nueva agenda regional aún está en blanco. 2006 sería un buen año para empezar a completar sus páginas.

Con la colaboración de Diego Fonseca en ciudad de México, y Klaus Kléber en São Paulo.

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