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Policía sin orden de devolver papeles a Agave Azul
Elízabeth Romero
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La Policía Nacional negó que haya recibido alguna orden judicial para entregar los documentos y expedientes contables que sus especialistas retiraron de las instalaciones de la empresa Agave Azul, durante los allanamientos realizados a inicios de diciembre, como se rumoró ayer.
La divulgadora de la Policía Nacional, capitán Geraldine González afirmó que la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) “sigue trabajando normal en el caso”, pero a la fecha no tienen información amplia sobre las pesquisas realizadas.
Se conoció que la semana pasada funcionarios de esa empresa se presentaron a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), para solicitar ante las autoridades policiales la devolución de los expedientes, lo cual les fue negado.
La denominada Comisión de Promotores Independientes de esa empresa dio a conocer que los funcionarios de Agave Azul les informaron que la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, les notificó que les fue aceptado el recurso de amparo introducido la semana pasada, pero esto no pudo ser confirmado.
Tras ser notificada la empresa por la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones la empresa recomendó a los promotores cambiar de inmediato las claves de acceso a las cuentas del sistema por Internet, así como las de las tarjetas de débito, según informó la comisión de promotores, que además señaló que esperan ser notificados a más tardar hoy sobre la decisión de esa sala en relación a otros cuatro recursos de amparo introducidos por igual número de promotores.
El 1 de diciembre la Superintendencia de Bancos de Nicaragua ordenó a esa sociedad descontinuar de manera inmediata sus operaciones de captación de fondos, recursos, depósitos e inversiones del público y realizar intermediación financiera en nuestro país.
Posteriormente las Direcciones de Investigaciones Económicas y la Antidrogas de la Policía Nacional, la Fiscalía, la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Migración y Extranjería, ocuparon y registraron las instalaciones de esa empresa bajo sospechas de operaciones de lavado de dinero.
