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Poniendo tierra sobre la suciedad gatuna
Siempre se ha dicho que a los jueces no hay necesidad de juzgarlos, porque ellos se juzgan a sí mismos con sus resoluciones y sentencias. Y que, conociendo la forma en que actúa la administración de justicia se puede conocer exactamente cuál es el nivel moral de los jueces y magistrados.
Esas verdades permanentes se pueden comprobar —una vez más— en Nicaragua, con la “solución” que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le están dando al escándalo de los 609 mil dólares que fueron decomisados a supuestos delincuentes y después retirados en forma irregular de una cuenta bancaria de dicha Corte, en base a un “proyecto” de sentencia y mediante un cheque firmado por el mismo presidente del supremo tribunal.
En realidad, al “investigarse” a sí misma, dictar sanciones menores o aparentes a implicados de baja categoría y no tocar para nada a los de alto rango, lo que está haciendo la Corte es, como se dice en el lenguaje popular, echar tierra sobre la suciedad del gato, en vez de limpiarla.
Pero este es un escándalo gravísimo, no tanto por la cantidad de dinero sustraído sino porque está involucrada directamente la Corte Suprema de Justicia que es —o debería ser— el sancta santorum de la República. Y además, porque alrededor de este escándalo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional ha denunciado públicamente que el dinero sustraído fue a parar a la caja del FSLN para el financiamiento de su campaña electoral. En cualquier otra parte del mundo esto merecería una investigación independiente, verdadera y exhaustiva. Y por lo menos obligaría a la destitución o renuncia a sus cargos de los altos funcionarios públicos involucrados en el escándalo. Pero aquí, donde el relativismo ético en la función estatal se ha llevado al extremo, lo que se hace es echar tierra sobre el excremento de los gatos y lo más probable es que este asunto quede archivado como un capítulo más de la interminable y vergonzosa historia de la impunidad en el ejercicio del poder.
La justicia, según la definición más común —aceptada y respetada en todo el mundo a lo largo de los siglos—, es el ideal supremo del género humano que se manifiesta en una voluntad firme y permanente de reconocer a cada quien lo que le corresponde, de garantizar el respeto al derecho ajeno, de proteger los bienes públicos y de los particulares, de prevenir el delito y castigar a los delincuentes. La justicia es la suprema virtud, dijo Cicerón, y así se le considera en todas partes del mundo, menos en Nicaragua.
Tienen razón quienes aseguran que ni siquiera en las peores etapas de las dictaduras somocista y sandinista, la administración de justicia estuvo en una situación tan deplorable como está ahora. ¿Cómo es posible que a simples robagallinas se les castigue con todo el peso de la ley mientras los peces gordos de la corrupción, protegidos por la inmunidad y la independencia de los poderes estatales hagan lo que quieran y se burlen de la sociedad impunemente?
Los verdaderos responsables de este escándalo judicial deberían ser castigados con todo el peso de la ley. Pero estamos claros de que mientras permanezcan en el poder las mismas autoridades judiciales y legislativas de ahora —es decir, mientras siga vivo el pacto libero-sandinista de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega y sus efectos legales y políticos no sean revertidos—, es prácticamente imposible sacar a la justicia del lodazal putrefacto a donde lo han arrojado los caudillos y sus camarillas políticas. Por eso la pregunta más importante no es la de que si es posible o no resolver el problema de la justicia ahora, sino la de que si será posible resolverlo en el futuro próximo, después de las elecciones generales del próximo año.
Al respecto en ocasiones anteriores hemos expresado nuestra opinión, de que los líderes políticos que se han pronunciado contra el pacto libero-sandinista y que aspiran a gobernar el país a partir del 10 de enero de 2007 deberían comprometerse ante la nación a unir sus fuerzas parlamentarias para abolir el pacto y revocar todas sus perversas consecuencias jurídicas y políticas. Es decir, que deben comprometerse no sólo para impedir que la reforma constitucional pactista entre en vigencia, sino para aprobar una nueva Constitución Política de la República y barrer de los poderes estatales a todos los funcionarios corruptos que fueron impuestos por los pactistas.
