Gobierno atiende hoy a ex Contras

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  • Entre ellos, el líder de un grupo de la ex Resistencia que se encadenó frente al edificio de Hacienda

Anne Pérez [email protected]

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Gobierno atiende hoy a ex Contras



Entre ellos, el líder de un grupo de la ex Resistencia que se encadenó frente al edificio de Hacienda

Anne Pérez Rivera
[email protected]




Luego de que su líder, Martín Omar Chavala Acevedo, permaneciera encadenado a uno de los portones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Intendencia de la Propiedad accedió a negociar hoy con un grupo de la ex Resistencia nicaragüense, que reclama la legalización de unas 35 mil manzanas de tierra.

Desde el lunes pasado, Chavala Acevedo, se encadenó en representación de unos 800 campesinos, miembros de la ex Resistencia, que desde 1990 esperan por la legalización de terrenos que ya están habitando.

La reunión iniciará desde las 8:00 de la mañana, y se realizará hoy en las instalaciones de la Intendencia de la Propiedad.

Los representantes de los demandantes explicaron que las propiedades reclamadas son las mismas que fueron entregadas por el Gobierno de Violeta Barrios, con los acuerdos de desmovilización en la década de los noventa.

Bayardo Izabá, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que estarán presentes en la reunión, para garantizar que las negociaciones sean justas.

Las propiedades en conflicto se encuentran ubicadas en El Timal, Nueva Guinea, Río San Juan, San Ramón, El Ayote, León y Matagalpa.

MANTIENE AMENAZA

Chavala Acevedo explicó que de no llegar a ningún acuerdo con las autoridades, él se pegará fuego, tal como amenazó a inicios de semana.

Además, aseguró sentirse discriminado, al igual que el resto de los demandantes, porque desde que iniciaron la demanda de legalización, ninguna de las autoridades gubernamentales ha asumido los acuerdos de la legalización.

“Se comprometen, pero nunca cumplen”, dijo el líder de los demandantes.

Desde el 2003, unos 150 miembros de la ex Resistencia y sus familias han sido desalojados de diferentes regiones del país, por órdenes judiciales, ante las denuncias de personas que reclaman como propias las tierras que ellos invadieron.

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