Guillermo E. Miranda
En Nicaragua hemos sido azotados por muchas catástrofes. Ahora la peor de ellas nos está invadiendo lenta pero inexorablemente y, al igual que las otras, ésta tendrá responsable con nombre y apellido.
Quién no recuerda el terremoto del setenta y dos, responsable de más de diez mil muertes y la destrucción de la capital, el huracán Mitch con su secuela de muerte en El Casita, las diferentes inundaciones que han destruido viviendas y cosechas, al huracán Beta, del que todavía nuestros hermanos de la Costa no acaban de reponerse.
Pero los 609 mil dólares desaparecidos en la Corte Suprema de Justicia son una campanada de alerta, la cual nos demuestra que los tentáculos del narcotráfico ya tocaron a las puertas de nuestra máxima casa de justicia y pueden convertirse en los responsables de la próxima catástrofe nacional. Recordemos que detrás del narcotráfico están los narcodólares. Ese espejismo de obtener dinero fácil es como un cáncer que está avanzando en nuestra sociedad.
El narcotráfico significa destrucción de nuestra juventud, degradación de nuestros valores sociales, enfermedades y corrupción del Estado. Es por ello que el grito de la ciudadanía exigiendo justicia se está convirtiendo en repudio contra los responsables de la administración de justicia, al ver cómo inconcebiblemente tratan de ocultar lo inocultable; convirtiéndose de esta manera en cómplices y encubridores de la corrupción.
No estoy de acuerdo es en que porque los magistrados pertenecen a los dos partidos del pacto (FSLN-PLC) se convierta este triste episodio de la Corte Suprema de Justicia en algo político. Soy de los que creen que no todos los sandinistas son corruptos, al igual que he podido comprobar que no todos los liberales constitucionalistas son honestos. Pero en esta ocasión, los responsables de que el narcotráfico se enquiste en nuestra sociedad serán los dieciséis magistrados responsables de la administración de justicia en Nicaragua.
Algunos serán señalados de responsables por acción y otros por omisión. Pero los nicaragüenses podremos señalar en el futuro a quienes teniendo el poder y los elementos necesarios de coacción para detener el flagelo del narcotráfico prefirieron callar o aceptar ese dinero maldito, que podría convertirnos en una segunda Colombia o en un segundo México. Esto por mencionar dos países únicamente.
Quiero recordarles a los dieciséis magistrados que una vez que el narcotráfico se apodera de un país, los narcos no se detienen ante nada y lo mismo asesinan policías como a jueces honestos que castiguen sus fechorías. Y si no los tienen a su alcance, secuestran y matan a sus familiares. Todo con el único propósito de evadir la justicia. Y no olvidemos que detrás vienen las narcobombas que son puestas en parques, teatros, salas de cine, en fin en cualquier lugar público.
Todas esas acciones tienen el mensaje de atemorizar a la sociedad sometiéndola mediante el terror. Creo que la Fiscalía en esta ocasión está bien representada, pero todo hace indicar que el caso por su relevancia y por la inmunidad de los posibles responsables, pronto llegará a tocar las puertas de la Asamblea Nacional, si ésta se negara a desaforar a los magistrados por cualquier pretexto. Entonces sí podremos decir que también el pacto FSLN-PLC se ha vuelto parte del círculo de hierro que hoy por hoy pretende proteger al narcotráfico.
Mientras tanto, mis respetos para ese periodismo honesto y comprometido únicamente con la verdad y la justicia.
En cuanto a los dieciséis hasta ahora excelentísimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, únicamente puedo decirles que la comunidad internacional y la nación entera los observa. No sólo son los seiscientos nueve mil dólares, son todo lo que ellos significan para el futuro de nuestra sociedad. Ellos tienen la palabra.
El autor es miembro de la Alianza Liberal Nicaragüense
