- Magistrados sandinistas forzados a sancionar a funcionarios menores implicados en robo de US$609 mil
- Diputado liberal Wilfredo Navarro recibe una llamada amenazante: “Wilfredito, Wilfredito, esas tapas (boca) te van a matar”
Mirna Velásquez Sevilla, [email protected]
Después de un fin de semana de acusaciones que relacionan al narcotráfico con la campaña electoral del Frente Sandinista, los magistrados de ese partido en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se vieron obligados a ceder ante las presiones liberales para dictar una sentencia que impone sanciones a jueces y abogados implicados en la sustracción de 609 mil dólares en agosto pasado.
Sin embargo, el magistrado sandinista Rogers Camilo Argüello, el funcionario de más alto rango involucrado en la trama, no será sancionado por sus colegas.
El dinero supuestamente procedía de actividades ligadas al lavado de dinero y estaba resguardado en una cuenta de la CSJ, mientras se instruía el proceso contra el reo Luis Ángel González Largo, también identificado como Jorge Eliécer González.
La salida del dinero se originó con la tramitación de un recurso de exhibición personal a favor de González Largo.
El viernes, el primer vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista y primer vicepresidente del parlamento, Wilfredo Navarro, acusó al FSLN, de usar su “enorme influencia” en el Poder Judicial, para obtener fondos para su campaña electoral, liberando a narcotraficantes.
Ayer, siete de los ocho magistrados sandinistas en la Corte dijeron estar dispuestos a que hoy mismo sea emitida la sentencia contra los funcionarios judiciales y abogados involucrados en el escándalo que ha sacudido a la justicia nicaragüense.
La magistrada Alba Luz Ramos, una de los cuatro miembros de la comisión investigadora del caso, aseguró que están dispuestos a aceptar la propuesta liberal, de aplicar tres sanciones al mismo tiempo a los implicados. Estas sanciones serán en sus condiciones de jueces, abogados y notarios públicos, respectivamente.
Ésta es la propuesta que originalmente hicieron los magistrados de tendencia liberal y que fue objetada por los sandinistas que abogaban por “suavizar” los castigos.
“Nosotros estamos dispuestos a que ese informe salga, no importa cómo, pero que salga (…). Nosotros vamos a firmar ese informe”, agregó Ramos al referirse a la sentencia del caso.
LOS IMPLICADOS
Fuentes judiciales dijeron a LA PRENSA que la sanción más dura es contra el juez Julio Morales, quien será suspendido de su cargo e inhabilitado en el ejercicio de su carrera por cinco años. Morales fue quien giró la orden de salida del dinero que estaba en la cuenta de la CSJ.
Entre los otros implicados en el escándalo de los narcodólares que se espera sean sancionados hoy, se encuentran el Juez Local Penal de Masaya, Benjamín Arriaza; la juez Penal de Audiencia de Tipitapa, Julissa Bonilla; el juez ejecutor Moisés Rodríguez, y el abogado Israel Zelaya, quien representaba a Leyla Bucardo, novia de González Largo, acusado por lavado de dinero.
Arriaza fue quien inventó que González Largo y Bucardo fueron detenidos en San Marcos, Carazo, y no en Managua como sostenía la Policía, desarrollando así la trama que permitiría sacar el dinero. Bonilla es señalada de haber falsificado cuatro poderes para sacar los 609 mil dólares; Rodríguez tramitó un recurso de exhibición personal a favor de González Largo y dictó una sentencia en la que concluía que la detención de los reos fue ilegal. Por su parte, Zelaya se encargó de tramitar las diligencias de la trama.
Carlos Mario Peña, quien aparece en un vídeo del Banco de la Producción (Banpro) retirando el dinero junto a otras personas, ya fue destituido de su cargo como defensor público, razón por la cual se presume que no será incluido en la sentencia.
Asimismo, se espera haya sanciones para los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de Masaya (integrada por tres), entre ellos Antonio Alemán, hermano del ex presidente Arnoldo Alemán, dado que fue en esa judicatura donde se inició la trama mediante la introducción de un recurso de amparo a favor de González Largo y Bucardo, que concluyó en el Tribunal de Apelaciones de Managua.
La fuente especificó que a la notario Astrid Bracamonte, otra de las implicadas, se le castigará con un año de suspensión de su carrera, por haber librado la certificación de una sentencia aún en proceso.
El magistrado Marvin Aguilar, uno de los miembros de la comisión investigadora de la CSJ, ha sostenido la tesis de no castigar a los jueces suplentes en esta calidad, puesto que su participación en el caso fue como jueces ejecutores al ser nombrados para tramitar el recurso de exhibición personal a favor de González Largo.
El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, negó que estén dándole largas al caso y afirmó que ayer fue consensuado el proyecto de resolución entre liberales y sandinistas.
AMENAZAN A NAVARRO
El primer vicepresidente del parlamento y también primer vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, denunció este lunes que ha recibido amenazas de muerte anónimas después que acusara al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de utilizar el control que tiene sobre el sistema judicial para obtener dinero del narcotráfico para financiar la campaña electoral.
“Wilfredito, Wilfredito, esas tapas (boca) son las que te van a matar”, le habría advertido la voz de un hombre al otro lado del teléfono, en horas de la mañana de ayer, según el propio legislador.
Navarro dijo que la llamada la recibió en el teléfono convencional que tiene en su casa de habitación.
Descartó denunciar la amenaza y pedir protección policial. “Si me pasa algo, serán los sandinistas los responsables”, dijo.
Navarro dijo que el PLC, en su reunión de ayer, decidió ir a fondo en la investigación sobre la pérdida de los narcodólares. El PLC, agregó Navarro, también acordó impulsar en el diálogo nacional una reforma a la Ley de Carrera Judicial.
FISCAL DEFIENDE AL FSLN
El fiscal especial Armando Juárez expresó ayer que los 609 mil dólares sustraídos al Poder Judicial no se encuentran en manos del Frente Sandinista, como aseguró el diputado liberal Wilfredo Navarro, quien declaró públicamente que ese partido obtiene dinero del narcotráfico, para financiar su campaña electoral.
«Yo dirijo la investigación y los resultados que se han encontrado hasta este momento no tienen ninguna relación con las declaraciones del diputado Navarro», afirmó Juárez.
«Con toda responsabilidad puedo asegurar que el destino del dinero no ha sido ningún partido político. Yo no puedo dar una opinión política sino técnica sobre el destino del dinero», sostuvo. Interpretó que las declaraciones se producen en un contexto político.
(Con la colaboración de Luis Felipe Palacios y María J. Uriarte).
