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¿Campaña sucia o narcopolítica?
La semana pasada, el diputado liberal Wilfredo Navarro hizo la grave denuncia pública de que los 609 mil supuestos narcodólares que ciertas personas retiraron ilícitamente de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia, mediante maniobras turbias de algunos jueces y magistrados, “fueron a engrosar los fondos y la caja del FSLN para la campaña electoral”. Navarro, quien es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y también primer vicepresidente del PLC y uno de sus precandidatos a la Presidencia de la República, acusó al FSLN de “usar su enorme influencia en el Poder Judicial para obtener fondos para su campaña electoral liberando a narcotraficantes”. Y agregó el mencionado legislador liberal que “a través de estos juicios a los narcotraficantes” los sandinistas tienen “una de sus fuentes de financiamiento, donde por dinero los dejan en libertad, y ese dinero sirve para las campañas electorales”.
El diputado Wilfredo Navarro debe saber muy bien lo que dice, ya que desde el año 2000 hasta ahora ha estado asociado políticamente con Daniel Ortega y la cúpula sandinista, por medio del pacto que hicieron el PLC y el FSLN para repartirse los poderes y recursos estatales. Precisamente en la administración de justicia la repartición de magistraturas y judicaturas fue estrictamente al cincuenta por ciento, al grado que la Corte Suprema de Justicia fue dividida orgánicamente en bancadas partidistas para tener un mejor mecanismo de seguimiento del pacto y poder vigilarse mutuamente.
Ahora, ante la grave denuncia del diputado Navarro contra sus colegas del FSLN cabe preguntarse si es por simple despecho, debido a algún incumplimiento del sandinismo; o si es parte de una campaña sucia como lo dio a entender el presidente del Consejo Supremo Electoral, quien llamó a los líderes de los partidos a respetar las reglas de la ética electoral; o si es que Nicaragua ya cayó definitivamente en las redes de la narcopolítica.
Según los especialistas, la narcopolítica es una situación en la que los asuntos públicos se manejan —de manera directa o indirecta— de conformidad con los intereses del narcotráfico y demás actividades criminales vinculadas a este. Se trata, dice el investigador mexicano Jorge Chabat, experto en problemas de narcotráfico y seguridad, de una alianza non sancta entre narcocriminales y políticos, “un entendimiento que tiene como base la corrupción pero que va más allá de eso”. Y que como regla general se manifiesta en que el narcotráfico y/o el narcolavado financian las campañas electorales de los partidos, y enriquecen personalmente a los políticos, a cambio de medidas de protección legal, institucional o simplemente de hecho.
Este entendimiento, dice el mencionado Chabat, se realiza en forma opuesta al juego de póker, en el que se paga por ver, pues en la relación del narcotráfico y narcolavado con la política por lo que se paga es “por no ver. O sea que los narcodelincuentes pagan para no ser detenidos; si los detienen pagan para no ser condenados; y si los condenan pagan para ser liberados, ya sea mediante revisiones de juicios y de penas, por fallos favorables en instancias de apelación, por indultos y, en última instancia, por la fuga de la prisión.
Al respecto cabe recordar que la Policía se ha quejado muchas veces de que más tarda esa institución en capturar a los criminales, con todos los riesgos que eso implica, que los jueces en ponerlos en libertad y devolverles las gruesas sumas de dinero que habitualmente se les decomisa.
Por otro lado, según el organismo cívico especializado en la supervisión electoral, Ética y Transparencia, el 80 por ciento de los dólares que entran al país para el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos, no está sujeto al control del Estado, ni de nadie. De manera que la denuncia del diputado Wilfredo Navarro tiene que ser investigada por las autoridades correspondientes. Además, Navarro debe mostrar las pruebas de sus graves acusaciones contra la cúpula del FSLN y explicar por qué, si la sustracción de los 609 mil dólares fue un operativo sandinista, como él acusa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia —quien es de filiación liberal y fue puesto en ese cargo por el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega—, firmó el cheque de los 609 mil dólares retirados irregularmente de la cuenta bancaria de la Corte.
