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El sainete de los delitos electorales
Es imposible no vincular la sentencia que el juez David Rojas dictó el recién pasado miércoles 7 de diciembre, de sobreseimiento definitivo a todos los altos funcionarios del gobierno del presidente Enrique Bolaños, que eran procesados por supuestos delitos electorales.
A algunos de esos funcionarios gubernamentales la Asamblea Nacional ya los había despojado de su inmunidad procesal, precisamente por solicitud del mencionado juez David Rojas. Sin embargo, el procedimiento judicial —y el parlamentario, para quitar la inmunidad a los demás acusados por delitos electorales— se paralizó cuando Daniel Ortega se entendió con el presidente Enrique Bolaños, en octubre de este año. Y por eso no causó ninguna sorpresa la noticia del sobreseimiento a los altos funcionarios bolañistas.
En realidad, esta sentencia judicial es una consecuencia retardada del acuerdo Bolaños-Ortega de octubre pasado, cuyo objetivo principal fue la aprobación de la Ley Marco para postergar la entrada en vigencia de las reformas constitucionales pactistas que habían sido dictadas en enero de este año, y que ahora entrarán en vigor hasta después de que tomen posesión las nuevas autoridades supremas de la República electas en noviembre del 2006. Salvo que dichas reformas sean revocadas, lo que seguramente ocurriría si Eduardo Montealegre o Herty Lewites ganaran las elecciones presidenciales y legislativas del 2006, que sería lo más probable si los caudillos no los inhiben y los dejan participar en los comicios.
Es obvio que este caso de los supuestos delitos electorales no es propiamente un proceso judicial. Se trata de un juicio político, pero no por la naturaleza de los delitos electorales que supuestamente se investigan sino porque fue instigado por el FSLN y el PLC, o más bien dicho por sus caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, para perjudicar al gobierno del presidente Bolaños al que en un determinado momento quisieron destituir, y lo hubieran conseguido de no haber sido por la enérgica reacción de la comunidad democrática internacional en defensa de la frágil democracia nicaragüense.
Pero tampoco ha sido una sorpresa que el juez David Rojas, al mismo tiempo que absolvió a los altos funcionarios del gobierno del presidente Bolaños, decidiera mantener procesados en la misma causa a varios dirigentes del PLC, algunos de los cuales ocupan altos cargos estatales y están protegidos por el privilegio de la inmunidad procesal.
Sin duda que la decisión de mantener a esos dirigentes liberales bajo proceso por los supuestos delitos electorales, es con el fin de presionar al PLC y tratar de obligarlo a aceptar la reelección del diputado sandinista René Núñez en la presidencia de la Asamblea Nacional, para que de esa manera el FSLN pueda seguir conduciendo la agenda legislativa de la nación, o influyendo sobre ella de manera determinante.
De modo que en este sainete de politización de la justicia y judicialización de la política nicaragüense, como lo caracterizó certeramente el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el diplomático y político chileno José Miguel Inzulsa, todo está claro menos si se cometieron en realidad los delitos electorales por los que un fiscal arnoldista acusó a los funcionarios del gobierno Bolaños, en el año 2002, y si hubo tales delitos, quiénes fueron los que en verdad los cometieron.
Tampoco será posible aprovechar positivamente este caso, en el sentido de que sirva al fortalecimiento de los mecanismos para la prevención del financiamiento ilícito de los partido políticos y/o candidatos, y para que no se usen las campañas electorales como medio de lavar dinero turbio, ya sea proveniente de los fondos petroleros y revolucionarios de algún país extranjero cercano o lejano, o de cualquier actividad del crimen organizado.
En todo caso, por lo menos hay que reconocer lo positivo del acuerdo Bolaños-Ortega, que ha sido la recuperación de la tranquilidad política que goza el país actualmente, y la posibilidad de que el país no se salga de los programas de los organismos financieros internacionales, ni pierda los fondos externos que son indispensables para impulsar el desarrollo económico y los esfuerzos en pos de la reducción de la pobreza.
