Amparo Aguilera yRicardo [email protected]
Raúl Lacayo, ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) y presidente de la Bolsa de Valores de Nicaragua, propuso a los diputados de la Asamblea Nacional tomar un enfoque “positivo y amplio” a la hora de aprobar el dictamen de la Ley de Costas
“Una Ley de Costas debe ser positiva y más amplia y no sólo enmarcarse bajo el enfoque de las municipalidades, porque la ley es de interés nacional pues afecta a todo el mundo”, puntualizó.
La preocupación de Lacayo surge porque a su juicio el dictamen de Ley de Zonas Costeras está basado en una interpretación “errónea” de la Ley Agraria de 1917. El error radica en considerar que la ley de 1917 considera todas las costas propiedad del Estado.
“Es todo lo contrario. La Ley Agraria habla de los terrenos baldíos que hay en ese momento, y declara que son del Estado en ese momento ¿por qué? Porque no son de nadie”, explicó.
El artículo uno de la Sección Primera de la ley de 1917, en poder de LA PRENSA, determina que “son terrenos baldíos: los de tierra firme e islas, que comprendidos entre los límites de la República, no están destinados al uso público ni pertenecen a particulares, comunidades o corporaciones, mediante título legítimo”.
“Entonces el (actual proyecto de) Ley de Costas la usa erróneamente porque toma la Ley de 1917 como si se interpretara que todas las costas son del Estado, y eso no es cierto”, insistió.
Lacayo dice que el enfoque del dictamen no es correcto “porque debería basarse en la promoción del turismo y la protección de ese rubro. De modo que si aceptamos que nadie disputa el acceso a las playas, entonces tenemos que concentrarnos en cómo preservar ese recurso, cómo ordenarlo, y cómo sacarle lo máximo en términos turísticos, pero esta ley no hace eso. Sólo parece orientada a generarle recursos a las municipalidades”, aclaró.
“ES CONFISCATORIA”
“Ahora, nadie disputa el derecho que tienen las personas a circular libremente por las playas, pero esta ley (anteproyecto) no trata sobre eso, lo que esta Ley hace es tratar de confiscar los terrenos que están a la orillas de las playas y lo hacen en diferentes metrajes, dependiendo si están a orillas de los lagos, ríos, lagunas, o de las costas y se llevan a todas las islas como si fueran propiedad del Estado, entonces es confiscatoria”, expuso.
Lo anterior, de acuerdo a Lacayo, viola la Constitución de la República. “Ya que en uno de sus artículos se prohíbe lo que son las confiscaciones. Es más el Código Civil habla de que las leyes no pueden ser retroactivas. Es decir no le pueden quitar a uno un derecho que ya tiene, más bien las leyes sólo pueden enfocarse en el beneficio de las personas retroactivamente hablando, y no pueden actuar restando derechos”, recordó.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Erving Krüger, dijo que están muy preocupados por la aprobación del anteproyecto de la ley de costas, ya que no es bueno para la inversión turística porque va en contra de la misma.
“Al ir en contra de la inversión va en detrimento de la creación de empleos y nosotros estamos en contra de ese anteproyecto, porque viola el acceso al derecho de la propiedad privada”.
UNA COMISIÓN ESPECIAL
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Comisión Nacional de Ganaderos (Conagan) demandaron a los diputados enviar el dictamen de Ley de Zonas Costeras a una Comisión Especial, que podría estar conformada por la Comisión de Turismo, Comisión de Asuntos Económicos, Comisión Ambiental, y Comisión de Asuntos Municipales, entre otras.
“Proponemos que el anteproyecto de ley se detenga y que se devuelva a una comisión interinstitucional para que elabore un dictamen consensuado que respete los derechos de los privados y este más de acuerdo con las realidades del país”, expuso el empresario Juan Lorenzo Holmann, en representación de Canatur.
